Por Diego Lynch

Nicaragua continua siendo el país más seguro de Centroamérica, pero la violencia y la inseguridad en sus calles, especialmente en la capital Managua, ha venido aumentando en los últimos años. Este incremento delictivo, abonado a la incapacidad policial y al benevolente Código de la Niñez y la Adolescencia, ha permitido que los jóvenes y los menores de edad cometan graves delitos que en la mayoría de los casos quedan impunes o reciben penas muy leves.

Aumenta la inseguridad

A diario se pueden apreciar en los medios de comunicación noticias sobre la inseguridad en las calles. Hay expresiones por parte de la ciudadanía, que afirman sentirse inseguros. En otros casos la población ha optado por hacer justicia por su propia cuenta, matando o linchando a los jóvenes delincuentes.

El caso más reciente y que ha impactado fuertemente a la población, especialmente a la comunidad universitaria, fue el homicidio del joven Evans Omar Ponce, de 21 años, estudiante del último año de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), quien murió a manos de 6 adolescentes, cuatro de ellos menores de edad, quienes intentaron robarle un teléfono celular. Al oponerse al asalto, estos procedieron a herirlo de muerte con un arma blanca. No contentos con lo cometido, le propinaron una fuerte golpiza a patadas cuando este se encontraba moribundo en la calle, en las inmediaciones de la rotonda de Metrocentro, un lugar céntrico y concurrido.

Casos como este se viven a diario en los barrios populares. Últimamente, en los alrededores de las universidades los estudiantes se han visto asechados por jóvenes delincuentes, lo que ha conllevado a la comunidad estudiantil y a los grupos de la sociedad civil a iniciar una protesta continua en las calles de Managua, exigiendo justicia por Evans Omar Ponce, y reclamando una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, solicitando que se juzgue a los menores como adultos cuando cometan este tipo de delitos.

Universitarios exigen Justicia

Tras la muerte de este joven, la comunidad universitaria inició de manera espontánea una campaña de protestas exigiendo justicia y cárcel para los menores de edad, posteriormente se sumó la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios (UNEN), quienes habían desaparecido de la palestra pública. No obstante, viendo que las movilizaciones se producían por fuera de su conducción, aprovechado el dolor de una familia y de la comunidad universitaria, se colocó al frente de las reivindicaciones exigiendo mano dura contra los jóvenes delincuentes.

Si bien es cierto la lucha de los estudiantes es justa, es inconcebible que la dirigencia de UNEN de manera oportunista quiera sacar provecho político de la tragedia de esta familia, quienes exigen justicia por el brutal homicidio de Evans Ponce.

Código de la Niñez y Adolescencia en debate

Tras las constantes marchas, vigilias, plantones y protestas llevadas a cabo por los compañeros y familiares de Ponce, se ha iniciado un debate público en relación a una posible reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, que impongan penas privativas de libertad como si el delito hubiese sido cometido por un adulto. La población exige mano dura tanto con los menores como contra cualquier delincuente. De igual forma, exigen que estos jóvenes delincuentes cumplan las penas en celdas de cárceles comunes y no en centros especializados para menores.

Estas exigencias han creado distintos puntos de vista no solo en la población, sino también en los especialistas y juristas en derecho, así como entre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los Diputados en la Asamblea Nacional (AN). La mayoría se inclina a la idea que es necesario poner mano dura y condenarlos como a cualquier “delincuente”. Sin embargo, hay quienes opinan que el incrementar las penas y poner mano dura, causaría un aumento delictivo en el país, ya que hay muchos países que al incrementar las condenas, conllevan a las personas a no solo cometer un delito como robo o violación, sino que a sabiendas de las penas que conlleva ese delito, prefieren dar muerte a sus víctimas para evitar ser identificados o culpados más adelante.

 

Se requiere una política social para los jóvenes marginados

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), se solidariza con el dolor de la familia de Evans Ponce y se une a las constantes protestas exigiendo justicia. De igual forma, exigimos al gobierno, a implementar los programas sociales necesarios para evitar que los jóvenes marginados se transformen en delincuentes. Lejos de endurecer las penas y llenar las cárceles de jóvenes, quienes se vuelven más violentos, el gobierno debe crear instituciones y programas sociales que rescatar a la juventud que no tiene oportunidades de salir adelante.

El problema es social, es una consecuencia de la descomposición social creada por la crisis del sistema capitalista. Se debe rescatar a la juventud y reintegrarla a la sociedad como personas productivas, no hay que aislarlos, el gobierno debe rescatarlos del mundo de la violencia.