Por Aquiles Izaguirre.

Fue a finales de la administración del presidente Enrique Bolaños que se dejó al descubierto la mala administración y la corrupción que imperaba en el sistema energético nacional. En aquella época en la que imperaba el libre mercado, la situación nacional tomo tono de barbarie, no es difícil recordar que los apagones llegaron a ser de 8 horas diarias y el sistema casi colapsa. La “solución” llegó con el gobierno del presidente Ortega, quien aprovechando las relaciones diplomáticas con Venezuela compró plantas generadoras eléctricas venezolanas.

Desde entonces los incrementos en el precio de la energía eléctrica es la receta semestral para el pueblo Nicaragüense, no hay año en que INE no autorice a Gas Natural incrementos a las facturas, la diferencia es que en esta ocasión se anuncia que no será el consumidor el que pague el incremento en la factura.

Un poco de historia

Desde hace mucho tiempo el pueblo de Nicaragua ve como los precios de las facturas eléctricas se incrementan de manera estrepitosa, pero hay que recordar que desde la administración del ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y Arnoldo Alemán el Estado apostó por la venta de las empresas energéticas, de hecho se desmanteló la empresa nacional de energía eléctrica y el sistema nacional pasó a ser un sistema mixto, con la mayoría de inversión privada y alguna que otra empresa estatal.

En el sistema energético nicaragüense participa el capital privado y el Estado. El sistema está dividido en Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización. Solo la empresa de transmisión está en manos del Estado, la generación en su mayoría es de capital privado con pocas empresas estatales. La comercialización es privada con una pequeña participación estatal.

Los apagones y las plantas Hugo Chávez.

Al finalizar la administración de don Enrique Bolaños e inicios del gobierno del presidente Ortega el país llegó al borde del colapso energético, apagones de 8 horas diarias era lo que sufría el pueblo nicaragüense. Esto ocurría porque los gobiernos liberales no lograron prever que el crecimiento económico también incrementaba la demandad energética. Asimismo, desde la administración de Arnoldo Alemán se había decidido “genialmente” que se debía apostar por la generación energética atreves de combustibles. Hasta la fecha, el 80% de la generación energética se hace por medio de combustibles.

La solución que dio el gobierno de Daniel Ortega, aprovechando las facilidades de financiamiento que daba Venezuela, fue comprar las plantas generadoras Hugo Chávez, incrementando la dependencia de los combustibles para la generación de energía. En aquel momento las plantas Hugo Chávez se vieron con alegría porque significaban el final de los apagones, pero el precio que está pagando el pueblo nicaragüense es alto.

Preparando el terreno.

El 2007 se marcaría un conflicto con Unión Fenosa, este panorama fue aprovechado por la burguesía sandinista para expandir sus negocios e iniciar la expansión en el terreno energético.

En Junio de ese mismo año la burguesía sandinista estaba preparando el camino para la inversión en el sector energético, por esos días el congreso de la república aprobaría con carácter de urgencia, una ley que facultaba a Unión Fenosa a generar energía, con fuentes no renovables, de hasta un 20 por ciento de la demanda local. La jugada no terminaba ahí, el 29 de junio de ese mismo año la procuraduría general de la república revisaría las concesiones otorgadas durante los gobiernos anteriores a las generadoras de energía. El panorama se esclarecería al pasar el tiempo, y la burguesía sandinista se consolidará y comenzara sus inversiones en el campo de generación de energía con la ayuda Venezolana y las famosas plantas Hugo Chávez.

El gran negocio de la energía.

Desde que las empresas Hugo Chávez fueron traídas para solucionar los apagones, el panorama quedó claro, las empresas funcionarían como empresas privadas vinculadas a los negocios del Estado, el gobierno decidió que las ganancias que fueran generadas por los convenios con Venezuela servirían para “subsidiar a la población pobre”.

El interés por defender estos negocios llegó a tanto que a finales a inicios del 2008 el gobierno sandinista aprobó la Ley especial para la distribución y el uso responsable del servicio público básico de energía.

Esta ley sería la herramienta jurídica que utilizaría el gobierno para garantizar el paga efectivo de sus inversiones en el sector energético: “Este proyecto de ley contempla penas de cárcel y multas a los consumidores de 800 kilovatios/hora al mes que roben energía, además de sanciones administrativas para los que sustraigan energía y sean consumidores de 500 kilovatios/hora al mes.” (ESCA No 73)

Los incrementos en la tarifa

Como mencionamos, los incrementos en las facturas energéticas no son novedades, casi todos los años de la administración de Daniel Ortega el INE aprobó incrementos en la tarifa energética, en algunas ocasiones fueron más un incremento en el año. Recordemos que para Noviembre del 2007 el gobierno sandinista presionaba a la trasnacional Unión Fenosa para que la trasnacional le diera participación en la Distribución de la energía, pero aun estando en “disputa” el gobierno de Ortega anunció un aumento en los precios de la energía, el incremento sería así: “durante los próximos tres meses (2.5% Nov; 2.5 Dic. y 3% Ene); el sandinismo aunque mantiene el discurso populista contra la transnacional le permite seguir esquilmando al pueblo trabajador”. (ESCA 70)

Como ha sido normal desde los inicios de este gobierno, este mes INE anunció un incremento del 41.8 por ciento en la tarifa de la energía eléctrica. Esta decisión es muy criticada, ya que la resolución del INE no es justificada y es muy criticada, el Economista Adolfo Acevedo asegura: “ya que aun tomando en cuenta que aumentó en un 29% el búnker tipo C o fuel oil (…) Si sube el precio de los hidrocarburos sube la energía, pero el aumento no es del 29%, porque existen fuentes alternativas de energía como la hidroeléctrica y la eólica, que cubren el 34% de la generación de energía en Nicaragua” (El Nuevo Diario 23/06/2011)

Pero el gobierno, a través del INE, ha anunciado en un comunicado de Prensa que: “debido a la voluntad y decisión gubernamental de no incrementar el precio de la electricidad y proteger así a las familias, pulperías, pequeña empresa, el bombeo de agua potable y a la producción en general” (…) “El gobierno obtuvo de los fondos Alba un financiamiento hasta por 107 millones de dólares para cubrir estos altos precios” (Informe Pastran 23/06/2011)

¿Quién pagará el subsidio?

A pesar de que el gobierno ha anunciado a todos aires que el incremento en la tarifa energética no será pagado por el pueblo, la verdad es muy contraria, en un anuncio pagado por el gobierno se anuncia: “el financiamiento obtenido por el gobierno es sin plazo y a cero interés”, no existe plazo cuando el gobierno deberá pagar los 107 millones de dólares a los fondos del ALBA “Este financiamiento será pagado en el futuro siempre y cuando los consumidores se beneficien de menores precios de la energía al comenzar a generar electricidad las nuevas plantas con fuentes renovables geotérmicas, eólicas e hidráulicas que están en proceso de construcción” (Ídem) Como vemos los fondos siempre serán pagados por el pueblo, solo que no será a través de la facturación directa.

Los verdaderos intereses.

El panorama en que nos encontramos no es alentador, ya que INE anuncia que el próximo año el “subsidio” se terminará y el incremento será del 24% en las tarifas energéticas, es decir el subsidio solo se ha anunciado en los meses previos a las elecciones presidenciales.

Pero ¿Por qué el INE es tan pasivo y sigue beneficiando a las empresas privadas?, la respuesta es que el gobierno está interesado en que el sector de su burguesía siga desarrollándose con sus negocios, así podemos ver las nota de Prensa enviada a los medios de comunicación por el Ministerio de Energía y Minas, en las que se declaran las coincidencias del gobierno y la empresa distribuidora, antes Unión Fenosa, hoy Gas Natural: “que se deben dar las condiciones mínimas, a fin de que las Distribuidoras (Disnorte-Dissur) que funcionan como recaudadoras de los montos de energía servida a la población, mantengan su estabilidad financiera” (El Nuevo Diario 23/11/2011) Como vemos la estabilidad financiera de las empresas que esquilman al pueblo nicaragüense es prioridad para el gobierno.

Ante este panorama en que el pueblo siempre termina pagando de una u otra forma las facturas energéticas, la única solución es la nacionalización bajo el control obrero y fiscalización de los consumidores. Solo los consumidores y los trabajadores lucharán por acabar con la adicción a los combustibles que en este momento es el gran negocio para los sectores de poder de nuestro país.