Por Diego Lynch

Tras las elecciones municipales del año 2008, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), inició una limpieza y recomposición de sus estructuras partidarias, con el fin de dotarse de un nuevo “look” como partido político, fortaleciendo el poder de la familia Ortega-Murillo al frente del mismo.

Si bien es cierto que el Frente Sandinista en los últimos 30 años, de manera publica, ha estado bajo el mando monolítico del ahora presidente Daniel Ortega, a lo interno se encontraba dividido en cuatro facciones distintas: una liderada por Ortega, otra por Tomás Borge, actual Embajador de Nicaragua en Perú, otra corriente liderada por Bayardo Arce Castaño, ex diputado y actual asesor económico, y otra por el otrora poderoso Lenin Cerna, el ala dura del partido y encargado de los temas de seguridad y de llevar a cabo las maniobras y actividades más oscuras del partido. Estas corrientes siempre se subordinaron a Ortega, y realizaron las más raras alianzas o luchas entre ellas, hasta que surgió la nueva corriente de Rosario Murillo, como una corriente afín a Ortega pero con cierto grado de autonomía. El binomio Ortega-Murrillo es el eje de poder dentro del gobierno sandinista y dentro del propio FSLN

Control total de Ortega

En esta mal llamada “segunda etapa de la revolución”, Ortega se ha dado a la tarea de ir restándole funciones a cada uno de los dirigentes de las otras corrientes, con fin de quitarles poder a lo interno del partido y perpetuarse el junto a su familia como los líderes absolutos del Frente Sandinista; algo muy similar a lo sucedido anteriormente con la familia Somoza dentro del Partido Liberal, quienes se perpetuaron muchos años en el poder.

Con Tomás Borge fuera del país y Bayardo Arce con funciones meramente de Asesor Económico, la facción que aun conservaba mucho poder dentro del FSLN era la de Cerna, que es fiel a Daniel Ortega pero que representan un peligro para la consolidación del poder de Rosario Murillo. La distribución de las cuotas de poder dentro del FSLN se reflejaba hasta hace poco, en la nominación de los cargos públicos: diputados, alcaldes y concejales pertenecían a las diversas corrientes, siendo una de las mas fuertes las de Lenin Cerna y Bayardo Arce.

Para consolidar su posición dentro del FSLN, la corriente de Rosario Murillo ha iniciado un desplazamiento de estas corrientes. En las elecciones municipales del año 2008 se colaron todavía dirigentes de las otras corrientes. Sin embargo, a pesar de las depuraciones, aun quedaban dentro de los Gobiernos Locales (Alcaldías) personas afines a la corriente de Arce y de Cerna, las cuales representaban un peligro para las pretensiones de la pareja Ortega-Murillo.

Destituciones de alcaldes

En los últimos dos años, el FSLN inició una serie de destituciones de Alcaldes y Concejales, no solo liberales sino también sandinistas. Entre ellos podemos nombrar a Norberto Ruiz, Concejal Sandinista; Benjamín Moreno, expulsado del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur; Yader Ramos, Alcalde de Dolores, Carazo; Leonel Rojas, vice alcalde de Jinotepe, Carazo; Roberto Somoza y Juana Cuarezma, Alcalde y Vice Alcaldesa de Ciudad Sandino.

Aprovechando la victoria electoral del año 2011, continuaron las renuncias y purgas dentro de las filas de alcaldes sandinistas. Los alcaldes sandinistas Ismael Sánchez Pupiro, Carlos Guzmán y Asunción Alcides Mora, de los municipios de Catarina, Moyogolpa  y El Viejo, respectivamente, fueron obligados a renunciar por la alta conducción del FSLN. Estas renuncias fueron justificadas por mal trabajo durante la campaña electoral recién pasada, o por actos de corrupción.

 Pero quizá la renuncias mas emblemática ocurrió  el 3 de Enero del año 2012, cuando renunció Manuel Calderón, Alcalde de León, una plaza bastión del FSLN, y cuadro perteneciente a la corriente de Lenin Cerna.

¿Y los Cabildos Populares?

El artículo 178 de la Constitución de Nicaragua contempla el procedimiento de destitución de los alcaldes y concejales, pero en ningún lado se contempla la decisión popular en este proceso. Este proceso de destitución de alcaldes sandinistas pone sobre el tapete la inexistencia en la legislación nicaragüense, del derecho del pueblo a intervenir en los procesos de destitución de los funcionarios públicos.

Es necesaria una reforma a la Ley Electoral para que se abra el camino a partidos políticos que den opciones a los votantes. La actual Ley Electoral es antidemocrática y restringe la libre participación de los ciudadanos que puedan optar a cargos políticos, así como decidir sobre las destituciones y revocaciones del mandato popular