Por Victoriano Sánchez

En guerra anunciada no hay muertos, dice el sabio refrán popular. Nuevamente se ha constituido un consenso bipartidista, entre los representantes demócratas y republico, al seno del Congreso de los Estados Unidos, contra el gobierno de Daniel Ortega. El primer intento de aprobar la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT, se produjo a finales del 2016, cuando fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, pero la candente campaña electoral presidencial impidió su aprobación en el Senado.

Nueva versión del proyecto de ley

Ahora, en la legislatura del 2017, nuevamente la representante republicana y recalcitrante Ileana Ross-Lehtinen, junto al representante demócrata Albio Sires, volvieron a introducir el proyecto de NICA ACT, con algunos cambios importantes. Como era de esperarse, el Sub Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, aprobó el proyecto por unanimidad, pasando a debate. Los procedimientos legislativos de Estados Unidos establecen que si no hay oposición, al ser presentada por unanimidad por republicanos y demócratas, el proyecto de ley es automáticamente aprobado, pasado a aprobación del Senado, antes de convertirse en una ley.

El consenso bipartidista sobre Centroamérica

Es un error creer que el consenso bipartidista es solo contra el gobierno de Daniel Ortega. En los últimos años, Estados Unidos se ha dotado de una estrategia para hacer frente al proceso de desintegración de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), que pasa por el CARSI, el Pla de Alianza para la Prosperidad (PAP) y la aprobación, entre otras, de la Consolidated Appropiations Act de Diciembre del 2016. Esta ley es la que provee los fondos necesarios para implementar la estrategia de Estados Unidos en relación a Centroamérica. La nueva versión de la NICA ACT debe verse como un aspecto muy particular dentro de esta estrategia

Lo que dijeron Lehtinen y Sires

Ileana Ros-Lehtinen, durante el mes de abril, justificó explicó en qué consistía el nuevo proyecto: “Debemos continuar con el  sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de  Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia mientras examinamos dónde usar el dinero de contribuyentes estadounidenses ya que el régimen de Ortega en Nicaragua no es la excepción”.

“Esta versión de la Ley NICA va un paso más allá de la versión anterior que Albio y yo presentamos en el último Congreso, pide que el régimen de Ortega combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas, y como muchos de nosotros hemos presenciado durante más de una década, el poder de Ortega que ha llevado a Nicaragua a una continua espiral descendente. El momento de actuar es ahora - para el pueblo de Nicaragua y para su futuro democrático - antes de que sea demasiado tarde. La Ley NICA será una herramienta poderosa que puede ayudar a poner un fin a las atrocidades que se producen en Nicaragua y revertir su trayectoria destructiva actual”.

Por su parte, el representante Sires, justificó el nuevo proyecto de la siguiente manera: “Daniel Ortega y su familia continúan acumulando gran cantidad de riquezas, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Él ha pasado años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto haciendo que su esposa asuma el papel de vicepresidente. Continuaré luchando por el pueblo nicaragüense hasta que sus voces sean escuchadas. Esta importante legislación deja claro que Estados Unidos no está de acuerdo y no dejara a Ortega oprimir a los defensores de los derechos humanos y sofocar la democracia mientras se llenen los bolsillos con dinero a expensas del pueblo nicaragüense”.

Apretando las clavijas

El 3 de Octubre la Cámara de Representantes, al no existir oposición, fue aprobado el nuevo proyecto de ley, y posteriormente enviado al Senado.

La NICA ACT persigue el objetivo central de “oponerse a los préstamos en instituciones financieras internacionales a favor del Gobierno de Nicaragua a menos que este adopte medidas eficaces para celebrar elecciones libres, justas y transparentes, y otros fines”.

La NICA ACT autorizaría al Presidente de Estados Unidos “oponerse a cualquier préstamo en beneficio del Gobierno de Nicaragua, con excepción de dirigirse a necesidades humanas básicas o promover la democracia, a menos que el Secretario de Estado certifique e informe a los comités del Congreso pertinentes que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas para: (1) celebrar elecciones libres, justas y transparentes supervisadas por observadores electorales nacionales e internacionales creíbles; (2) promover la democracia, así como un sistema judicial

y consejo electoral independientes; (3) fortalecer el estado de derecho; (4) respetar el derecho a la libertad de asociación y expresión; (5) combatir la corrupción, incluyendo la investigación y perseguir a los funcionarios gubernamentales que se atribuyen ser corruptos; y (6) proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil para operar sin interferencia”.

Este es el programa de reformas democráticas que Estados Unidos pretende, a través del chantaje económico, que el gobierno de Daniel Ortega inicie un proceso de reformar que suavicen el actual régimen autoritario, bonapartista. A diferencia del resto de países de Centroamérica, donde Estados Unidos presionan para una lucha efectiva contra los carteles del narcotráfico, las pandillas o el crimen organizados, el gobierno de Daniel Ortega aparece como un excelente alumno y firme aliado a favor de la seguridad y el combate al narcotráfico. El programa de reformas es esencialmente político, para cortar las garras al gobierno de Ortega

La nueva arma: la lucha contra la corrupción.

Este componente de lucha contra la corrupción es uno de los principales cambios en la nueva versión de la NICA ACT. El punto 7 es un acápite dedicado a elaborar un informe sobre la corrupción en Nicaragua. “No más de 90 días después de la fecha de la promulgación de esta Ley, el Secretario de Estado, en consulta con la comunidad de inteligencia (tal como se define en la sección 3 (4) de la Ley de Seguridad de 1947 (50 USC 3003 (4)), presentará al Congreso un informe sobre la participación de altos funcionarios del gobierno nicaragüense, miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, en actos de corrupción pública o violaciones de los derechos humanos en Nicaragua (…) El informe requerido en la subsección (a) deberá ser presentado en forma no clasificada, pero puede contener un anexo clasificado. La parte no clasificada del informe se pondrá a disposición del público”.

Con esta disposición legal, el gobierno de Estados Unidos se prepara para atacar a la cúpula sandinista, incluyendo la familia presidencial Ortega Murillo. Es un secreto a voces que a partir del año 2007, cuando el FSLN recupero el poder, la alta cúpula sandinista inició un proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capitales, especialmente con el uso privado y discrecional del convenio petrolero con Venezuela, que le permitió al gobierno de Ortega disponer, hasta hace poco, de más de 500 millones de dólares en efectivo cada año, durante casi una década.

El proyecto de NICA ACT también contempla que “A más tardar 180 días después de la fecha de la presente Ley, el Secretario de Hacienda de Estados Unidos, someterá a los comités del Congreso apropiados un informe escrito evaluando:  (1) la efectividad del sistema financiero instituciones en la aplicación de las salvaguardias aplicables a Nicaragua (…)”.

Lo anterior implica que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hará inspecciones sobre el sistema bancario y financiero de Nicaragua, y con el pretexto de cumplir esta parte de la ley, recolectará la información de inteligencia necesaria para elaborar los listados, clasificados o no, de posibles actos de corrupción. Todos los bancos nicaragüenses tienen relaciones con bancos norteamericanos, y solo por este hecho, para no caer en listas negras, están obligados a brindar la información que solicite el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Albanisa en la mira

A raíz de las sanciones económicas de la administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el consejero económico de la embajada de Estados Unidos en Managua, William Muntean, lanzó la primera gran advertencia a los empresarios norteamericanos con inversiones en Nicaragua, de no realizar transacciones comerciales con la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que es una empresa venezolana-nicaragüense. PDVSA es dueña de más del 50 por ciento de las acciones de Albanisa. Si bien cierto que el objetivo de las sanciones es el gobierno venezolano, a partir de este hilo los ataques rebotaran contra el gobierno de Nicaragua.

Tocando el bolsillo

La estrategia del gobierno de Estados Unidos es simple. Con la NICAACT están creando los mecanismos legales, no solo para parar cualquier préstamo internacional favorable para el gobierno de Ortega, sino que tienen el objetivo central de revisar el bolsillo de la burguesía sandinista, revisar sus transacciones, sus procesos de acumulación de capital, y con ello tienen una enorme arma económica y política contra el gobierno de Daniel Ortega, por si acaso se resiste a realiza los cambios democráticos en el régimen político bonapartista. Con ello, la administración Trump ha creado un compás de espera para negociar con Daniel Ortega. Todo dependerá de lo que se negocie.