Por Sebastián Chavarría Domínguez

Por una extraña coincidencia, el 48 periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), --ese ministerio de colonias del imperialismo norteamericano, como dijo el Che Guevara— se realizó en Washington, los días 4 y 5 de junio del 2018, en los precisos momentos en que arreciaba la lucha de las masas populares contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo

La Resolución del 24 de junio de 1979

Esta coincidencia generó muchas expectativas al interior de Nicaragua, sobre todo en los grupos políticos de oposición democráticos y en los organismos de la sociedad civil, acerca de una posible resolución de condena contra el gobierno Ortega-Murillo, como ocurrió en la madrugada del 24 de junio de 1979.

En aquel momento, la asamblea de cancilleres de la OEA votó una resolución de condena al régimen somocista, exigiendo la renuncia del dictador Somoza, declarándose favorable a la instalación de un gobierno provisional que garantizara los derechos humanos y convocara a elecciones libres a la mayor brevedad posible. Somoza rechazó el ultimátum de la OEA. Pero la resolución del 24 de junio de 1979 aisló internacionalmente al somocismo y con ello ayudó muchísimo a dotar de legitimidad democrática a la insurrección popular y la ofensiva guerrillera del entonces progresista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En esa oportunidad, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter, intentó vanamente de detener la resolución de condena contra Somoza.

La tragicómica Declaración de la OEA

Carlos Marx solía decir que la historia se repite, unas veces como tragedia y otras como comedia. Quienes tenían ilusiones democráticas en una posible resolución de condena de la OEA contra el gobierno Ortega-Murillo han recibido un balde de estiércol en la cara. La Asamblea General de la OEA ni siquiera colocó en agenda el tema de la violación de los derechos humanos en Nicaragua, sino que se limitó a votar una Declaración que no tiene efecto vinculante.

Los debates se concentraron en el tema de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA al gobierno de Nicolás Maduro, el cual, conociendo de antemano las intenciones, ya había solicitado tiempo atrás su retiro como miembro pleno de la OEA. Al final, la OEA no pudo votar una resolución vinculante contra Venezuela, porque no se obtuvieron los votos necesarios, pero llamó poderosamente la atención que en esta ocasión el gobierno Ortega-Murillo no votó al lado de Venezuela, sino que se abstuvo.

¿A qué se debió este cambio de actitud? Muy sencillo: el gobierno de Estados Unidos impulsó una Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, la cual fue apoyada plenamente por el gobierno de Nicaragua, convirtiéndose en una iniciativa conjunta, la que fue aprobada por consenso por todos los cancilleres presentes.

En sus partes medulares, la Declaración expresó “su condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general; y sus condolencias a las víctimas de la violencia reciente y a sus familias, así como su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua”.

El documento fue redactado de manera general, no mencionó cual es la fuerza que origina la violencia. No fue una condena especifica al gobierno Ortega-Murillo, quien tiene a su disposición el Ejercito, la Policía Nacional y los grupos paramilitares, que son quienes han asesinado a los manifestantes desarmados, sino que más bien fue un indulgente llamado a la no violencia a ambos sectores, como si estuviesen en un plano de igualdad, diluyendo las responsabilidades concretas en la generalidad.

En el punto número dos, llamó “a todos los actores políticos y sociales para que se abstengan de destruir la propiedad”. Los principales daños a la propiedad han sido ocasionados por las fuerzas de choque del FSLN, quienes, disfrazados de opositores, saquean e incendian comercios, para provocar el temor entre una amplia capa de pequeños y medianos comerciantes que apoyan la lucha. El gobierno Ortega-Murillo ha retirado a la Policía en todos aquellos casos en que se producen incendios y saqueos, para que las turbas del gobierno actúen con absoluta libertad. Nuevamente observamos que el llamamiento general, evita condenas específicas.

En el punto tres, la Declaración expresó su “preocupación con respecto al desglose en el reciente proceso de diálogo”. Desconocemos si la palabra “desglose” es una mala traducción al español, o si se refiere al hecho que el Dialogo Nacional fue interrumpido por el gobierno, dando lugar a una reducida negociación de cupulas, la llamada comisión “tres más tres”, (tres del gobierno y tres de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ), que sigue negociando de manera secreta, mientras se reinstala nuevamente el plenario del Dialogo Nacional.

El punto cuatro de la Declaración, hizo un “llamamiento al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia”.

Nuevamente observamos un llamado general, como si las dos partes tienen la misma responsabilidad. Las “preocupaciones” se quedan a la mitad del camino, porque no expresan claramente quien fue el responsable de la interrupción de las negociaciones, no dice que fue el gobierno Ortega-Murillo quien se negó a discutir la agenda de democratización de la ACDJ. Este punto parece una halada de orejas al gobierno Ortega-Murillo, pero redactado en lenguaje ambiguo, sibilino, que ha mostrado una enorme resistencia a someterse a un proceso de elecciones libres y democráticas, donde el pueblo decida su futuro.

Como decimos popularmente, esa Declaracion tiene “una cal y de otra de arena”. La Declaración tocó el tema toral de las elecciones democráticas, pero evita pronunciarse sobre la exigencia de la ACDJ y de los principales empresarios, quienes se han pronunciado por el adelanto de las elecciones generales. No obstante, este punto nos indica la posibilidad de que las negociaciones secretas entre el gobierno Ortega-Murillo y el gobierno de Estados Unidos hayan girado en torno al adelanto de las elecciones, el cual pudo haber sido acordado para una fecha todavía desconocida, pero que no quieren dar a conocer, sino a través de las negociaciones del Dialogo Nacional.

El gobierno Ortega-Murillo firmó un Acuerdo de democratización con la OEA en enero del 2017, pero el acuerdo contemplaba que el gobierno terminaría su periodo hasta las elecciones del 2021, cuando se realizarían elecciones vigiladas por la OEA. Este acuerdo fue roto por la irrupción de las masas en abril del 2018. La masacre desatada por el gobierno, y la continua represión contra las masas en lucha, han vuelto a poner en la mesa de negociaciones el tema de las elecciones libres y democráticas, y este es punto toral de la resistencia del gobierno Ortega-Murillo, el que lucha desesperadamente por terminar su periodo. Luis Almagro, secretario general de la OEA, intentó mantener el acuerdo de enero del 2017, pero la presión de Estados Unidos lo obligó a modificar su actitud, por las repercusiones de la lucha de masas que ya lleva mas de dos meses.

El punto número cinco de la Declaración, expresó que “de conformidad con el principio de no intervención, la intención y la disposición de la Organización de los Estados Americanos de brindar apoyo y asistencia en: la implementación de un proceso de diálogo inclusivo, estableciendo el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desplegando una misión de observación electoral antes de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua”.

Este punto es una ratificación del Acuerdo de Enero del 2017, en el sentido que la OEA observará las próximas elecciones, aunque todavía no se conozca si habrá elecciones anticipadas o hasta el 2021. La OEA ya dio a conocer un cronograma de estudios para aplicar una reforma al sistema electoral, pero se daría a conocer hasta enero del 2019. Es poco probable que las masas en lucha tengan paciencia para conocer hasta esa fecha, cual seria apenas la propuesta de reforma electoral. Lo que si queda claro es que en adelante el FSLN ya no podrá cometer fraudes electorales. Esto es apenas un subproducto de la masiva rebelión popular que sacude a Nicaragua.

El punto seis de la Declaración se refirió al tema de los derechos humanos. Los cancilleres invitan “a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que informe al Consejo Permanente tan pronto como sea posible sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo, y su intención de que el Consejo Permanente siga ocupándose de la evolución de la situación”.

El numero de muertos en Nicaragua, ya supera la cifra de 140, con más de 1200 heridos, centenares de prisioneros y algunos desaparecidos. Es escalofriante. Los cancilleres delegaron al Consejo Permanente de la OEA que monitoree la violación a los derechos humanos en Nicaragua, mientras la Policía y las fuerzas de choque del FSLN siguen realizando la labor sucia de liquidar a los mejores activistas populares.

¿Qué negoció el gobierno Ortega-Murillo con los “golpistas” de Estados Unidos?

El gobierno Ortega-Murillo se auto califica como de “izquierda”. Sus medios de comunicación han publicado sendos artículos, reproducidos por una parte de la izquierda latinoamericana, donde califican las movilizaciones de Nicaragua como parte de un plan de la CIA para dar un “golpe suave”.

Pero tenemos el inusual hecho que el gobierno Ortega-Murillo presentó con Estados Unidos una propuesta conjunta de Declaración sobre Nicaragua, que fue aprobada por consenso por todos los cancilleres. ¿Cómo se explica que el FSLN negocia y llega a acuerdos medulares con quienes promueven el golpe de Estado en su contra? Obviamente, todas son calumnias contra quienes luchan por una real democratización de Nicaragua. El problema de este tipo de propaganda falsa es que por ningún lado los funcionarios de Estados Unidos hablan de derrocar, cambiar o sustituir al gobierno Ortega-Murillo.

En una reunión privada con los cancilleres latinoamericanos en el 48 periodo de sesiones de la OEA, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó, una vez más, la dualidad de la administración Trump en relación al gobierno Ortega-Murillo, al afirmar que “en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, como todos sabemos, está cometiendo y justificando una terrible violencia en contra de su gente en los últimos días, incluyendo ataques a una protesta pacífica durante la celebración del Día de las Madres en ese país que dejó cientos de heridos y asesinados a casi una docena de personas inocentes. (…) Los Estados Unidos y nuestros aliados deben hablar al unísono y decirle al gobierno de Ortega: La violencia debe terminar, y la violencia debe terminar ahora. Los Estados Unidos apela al gobierno de Ortega para que detenga estos ataques a protestantes pacíficos y defienda los derechos básicos de sus ciudadanos, y que Nicaragua regrese hacia una democracia.” (5/06/2018)

Los altos funcionarios de Estados Unidos siempre se refieren a “retorno a la democracia”, “regreso a la democracia”, “democratización”, nunca han alentado el cambio o derrocamiento del gobierno. Le temen profundamente a la inestabilidad y el caos revolucionario.

En una reciente entrevista a Carlos Trujillo, embajador del Estados Unidos ante la OEA, aclaró que en realidad “no es una declaración conjunta con Nicaragua. Cualquier país puede apoyar una declaración. Sabemos que el gobierno de Nicaragua que lo que quiere es tratar de tranquilizar las cosas. Pero para que quede clara la posición de Estados Unidos: Que el pueblo sepa que estamos apoyando al pueblo y a la sociedad civil. Estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones libres, anticipadas; que sean celebradas de manera democráticas y que las instituciones sean reforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. Eso tiene que quedar claro”. (Confidencial, 5/06/2018)

No obstante, la Declaración aprobada por la OEA es muy ambigua, y la entrevista es más categórica. Un típico caso de diplomacia de doble moral. La primera diferencia es que afirma que “sabemos que el gobierno de Nicaragua que lo que quiere es tratar de tranquilizar las cosas”, pero no dice que quiere tranquilizarla con la paz de los cementerios. La segunda diferencia es que en la Declaración de la OEA se refieren a elecciones libres de manera general, pero en la entrevista dice categóricamente que “estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones libres, anticipadas”, lo cual constituye una diferencia sustancial.

Todo parece indicar que la Declaración es la punta del iceberg de los acuerdos secretos Estados Unidos-Nicaragua desbrozan el camino para adelantar las elecciones, satisfaciendo la exigencia de Daniel Ortega de encontrar una “salida constitucional”, que evite el derrocamiento del gobierno por la vía revolucionaria. Desde su control total sobre la Asamblea Nacional, el FSLN pretende torcer cualquier mecanismo democrático, por eso ha retardado al máximo las negociaciones en el Dialogo Nacional

La dinámica insurreccional y la Declaración de la OEA

En realidad, la Declaración de la OEA es inocua, y más bien muestra cuales son las intenciones del gobierno de Estados Unidos, por un lado, y la del gobierno Ortega-Murillo, por el otro. A pesar de los intereses diferentes, ambos coinciden en un solo punto: evitar el derrocamiento del gobierno Ortega-Murillo y el triunfo de una nueva revolución democrática, que sacuda los cimientos de una Centroamérica en crisis. Al no establecer una fecha de elecciones anticipadas, le están dando tiempo el régimen para que limpie y ponga en orden la casa, bajo el compromiso que no tocaran los bienes ni la integridad física de la familia Ortega-Murillo

La dinámica insurreccional ha ido aumentando, a pesar que los luchadores populares están prácticamente desarmados. El apoyo popular a los tranques se ha convertido en un creciente paro nacional, aun contra la voluntad y la masiva propaganda en contra. De continuar esta dinámica, el hipotético anuncio de un posible adelanto de las elecciones, negociado en el Dialogo Nacional, puede ser tardío y tendría solo el objetivo de intentar contener la radicalización de las masas. Pero nada esta escrito, todo dependerá del resultado de la lucha popular.