Por Diógenes Castillo

Los días 18, 19 y 20 de abril del 2018 quedarán registrados en la historia como el periodo en que el gobierno Ortega-Murillo realizó una espantosa masacre, para contener el levantamiento popular en su contra. Si bien es cierto que los asesinatos de los francotiradores lograron contener por algunos días el empuje de las masas en lucha, el proceso insurreccional se reanudó después de la masiva marcha nacional del 9 de mayo.

El catalizador: la represión gubernamental

La represión gubernamental, sea por medio de las tropas de la Policía Nacional o por medio de las fuerzas de choque del FSLN, ha sido el elemento catalizador. Cada oleada de asesinatos y represión realizados por el gobierno, ha desatado una repuesta más poderosa del movimiento de masas, reiniciando con ello el proceso insurreccional que fue contenido momentáneamente, a sangre y fuego, en abril.

A este intenso proceso de levantamiento popular le hemos denominado la “insurrección desarmada”. Se caracteriza por una incorporación masiva de importantes destacamentos de la juventud (estudiantes y jóvenes de los barrios), que han roto el control vertical de las organizaciones sandinistas, y son apoyados por vecinos y familiares, quienes se toman las calles, levantan barricadas, brindan solidaridad a los familiares de las víctimas, organizan una cocina popular, y cierren filas contra las embestidas de la Policía y las fuerzas de choque.

Una insurrección desigual

A pesar del vigoroso levantamiento popular, en realidad las masas se enfrentan desarmadas, con el pecho descubierto, contra las balas asesinas.  A esto se debe el elevado número de víctimas (ya superan los 120 muertos) y de heridos (más de 1,000) Retomando un poco las tradiciones de la insurrección contra Somoza en 1979, rápidamente los jóvenes comenzaron a fabricar morteros, incluso algunas armas hechizas (que nunca superaran a las armas convencionales).

Este proceso insurreccional es desigual, es decir, no es general en todo el territorio nacional. Los focos más álgidos se concentran en las ciudades de la costa del pacifico. Antiguos bastiones del sandinismo, como Masaya y León, se han rebelado. La marcha del 20 de mayo el León, contra el gobierno Ortega-Murillo, fue apoteósica. La insurrección del barrio indígena de Monimbó, en Masaya, es la vanguardia del proceso insurreccional. En Masaya, por la intensidad de los combates, se han desarrollados comités que asumen funciones de doble poder, ante el repudio de la población a las instituciones del Estado. Masaya sigue siendo la excepción a la regla, debe convertirse en la regla general, para que triunfe el levantamiento popular.

Estelí, en la zona norte, antiguo bastión del sandinismo, también se ha sublevado, aportando una dolorosa cuota de muertos y heridos.

En Managua, donde se han producido 4 enormes marchas masivas (23 y 29 de abril, 9 y 30 de Mayo), el levantamiento se concentra alrededor de los recintos universitarios. En el día, la capital muestra cierta normalidad, rota por los adoquines de las barricadas que han sido destruidas, pero por la noche las calles están vacías, los negocios y bares sin clientes, predominan el temor y la cautela ante el accionar de las fuerzas de choque que se movilizan en las camionetas gubernamentales

La zona oriental, compuesta por los departamentos de Masaya, Carazo, Granada y Rivas, desarrollan un proceso mas o menos general, con algunos ritmos diferentes.

La zona central, que comprende los departamentos de Boaco y Chontales, antiguos baluartes el ejercito contra, contradictoriamente, no se han levantado probablemente porque la mayoría de la población rechaza al gobierno, pero es la zona donde han proliferado los tranques.

Los tranques: bloqueo de carreteras

Durante el mes de mayo, se desarrollaron tranques en casi todas las principales carreteras. Estos bloqueos no son totales, sino parciales. Los muchachos y la población que les apoya, dejan pasar los vehículos particulares y de carga, cada cierto lapso de tiempo, causando inconformidad en algunos y alivio en otros. Estos tranques flexibles explican porque los mercados y supermercados permanecen abastecidos. A veces esta percepción de normalidad va en contra del impulso mismo del levantamiento popular.

Los tranques más masivos e importantes se han instalado en la carretera al Norte y al atlántico, en los municipios tradicionalmente anti sandinistas. En algún momento, los tranques se convirtieron en símbolos de la lucha y la resistencia. Pero, si lo analizamos fríamente, los tranques son barreras defensivas, trincheras en las carreteras, que si bien pueden contener el envió de tropas del gobierno, mantienen focalizada o paralizado el proceso insurreccional dentro de los territorios. Esta situación puede crear un equilibrio por algún tiempo, no pasan las tropas de la Policía, pero tampoco avanzan la insurrección. Pero este equilibrio debe ser roto a favor del levantamiento popular a corto plazo, de lo contrario el gobierno intentará hacerlo.

Pero los tranques no pueden sustituir por largo tiempo a la necesidad de convocar a un Paro Nacional. Este es el crea las condiciones favorables para la incorporación masiva de la población a la lucha. Aunque la dinámica de la insurrección paraliza muchas actividades, es el paro nacional o huelga general, lo que crea todas las condiciones favorables para la lucha contra el gobierno. Debido a esta insuficiencia, es que actualmente la insurrección desarmada se desarrolla de manera desigual en unos municipios, y con relativa calma social en otros, lo que favorece el contra ataque del gobierno. El Paro Nacional nunca será convocado por los temerosos empresarios del COSEP, sino que debe ser convocado e impulsado de manera independiente por las organizaciones estudiantiles, de trabajadores y de los campesinos.

Ausencia de una dirección centralizada

La gran debilidad de esta insurrección desarmada es que no tiene una dirección centralizada. Parece un contrasentido hablar de insurrección, cuando en realidad asistimos a una enorme cantidad de procesos de levantamientos locales, que no tienen conexión unos con otros. Este es el talón de Aquiles. Todo proceso insurreccional implica cierto grado de centralización y coordinación, que actualmente no existe. Los diferentes tranques se mantienen informados de lo que ocurre en su departamento, por los medios de comunicación independientes.

El gobierno Ortega-Murillo ha percibido esta debilidad, y se ha dotado de una táctica inteligente para aplastar la insurrección. Casi todos los principales cuadros del Ejercito y la Policía Nacional provienen de la guerrilla, y dominan el arte de la insurrección, pero en este caso utilizan su experiencia para intentar aplastar la insurrección popular contra ellos. En 1979, cuando el FSLN jugaba un rol revolucionario, era la conducción centralizada que conducía a las masas al combate. Ahora juega el rol contrario: es una dirección centralizada, con experiencia militar, para aplastar la insurrección.

Al estar descoordinados todos los levantamientos, la información de inteligencia proporcionada por el Ejército y la Policía, les permiten concentrar tropas en un solo punto de ataque, como lo ha hecho recientemente en Masaya o Estelí. Aunque las ofensivas militares del gobierno han sido rechazadas, el costo en vidas es altísimo para los sectores populares.

¿Insurrección sin armas?

Toda insurrección implica una lucha de masas por tumbar al gobierno de turno y tomar en sus manos el poder. Esta es la otra debilidad esencial. Los levantamientos populares en las localidades son espontáneos, se enciende la rebelión popular contra la brutal represión gubernamental, pero no tienen un plan siquiera para instaurar el poder popular en la localidad. Esta falta de objetivos claros es una lógica consecuencia de la ausencia de una dirección centralizada.

Ahora bien, de manera instintiva, los jóvenes han comprendido que necesitan al menos morteros para enfrentarse a las balas de la policía y las fuerzas de choque del FSLN. La principal tarea en las actuales circunstancias es la organización de Brigadas de Autodefensa, a nivel de cada territorio o localidad, una especie de milicia popular, que se apoye en la movilización popular, y que debe dotarse de cualquier tipo de armas para rechazar los ataques de la Policía y los grupos paramilitares.

¿Adelanto de elecciones o caída del gobierno?

Existe una enorme contradicción entre la dinámica insurreccional, en una buena parte de los municipios del país, que es de enfrentamiento violento para defenderse de los ataques del gobierno, y la política de negociaciones que la Alianza Cívica por Justicia y la Democracia (ACJD) impulsa dentro del Dialogo Nacional.

Ya hemos explicado que la agenda de democratización que la ACJD planteó en el Dialogo Nacional, así como la solicitud de elecciones anticipadas, es un abandono de la consigna de exigir la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque traslada la decisión final a la realización de unas posibles elecciones. Si bien es cierto que las elecciones, en condiciones de democracia y libertad, pueden llegar a ser un mecanismo para que el pueblo decida democráticamente su futuro, no se plantea como tarea inmediata tumbar al gobierno Ortega-Murillo. Hay una bifurcación de caminos: por un lado, la dinámica insurreccional que objetivamente plantea la necesidad de tumbar al gobierno Ortega-Murillo; y por el otro lado, la ACJD se concentra en pelear el adelanto de las elecciones.

Entonces, no solo tenemos el grave problema de la ausencia de una dirección revolucionaria centralizada, sino que la ACJD camino por un camino distinto al de la insurrección popular. En las decisiones de la ACJD tienen una gran injerencia y capacidad de decisión los empresarios del COSEP, quienes abiertamente han dicho que pelean por un adelanto de las elecciones.

Algunas sugerencias para superar las debilidades

Para superar esta contradicción, lo primero que se requiere es construir una dirección centralizada, pero desde abajo. Cada tranque, cada barricada, cada barrio, debe organizar un comité cívico que, entre sus principales tareas, se plantee el abastecimiento de la población, mantener el orden en los barrios (El gobierno ha retirado la Policía para que los ladrones y lúmpenes impongan el terror y la inseguridad en los barrios), garantizar la seguridad de los pequeños negocios, es decir, que asuman las labores de gobierno surgido del pueblo.

Cada comité debe elegir un delegado, para convocar a una Asamblea de Delegados de los Comités Cívicos, con el objetivo que asuman el control de sus territorios.

Debemos evitar que las turbas quemen los vehículos y edificios públicos, los comités cívicos deben tomar todos esos bienes públicos bajo su control. En pocas palabras, debemos crear zonas o territorios liberados, como Monimbó en Masaya, en donde los comités cívicos ejerzan el poder.

Debemos impulsar Brigadas de Autodefensa(BA) en todos los territorios, que sean las encargadas de repeler los ataques de la Policía. Estas BA deben requisar el armamento en cada territorio, y centralizarlo de manera tal que ayude a la defensa de la población.

Esta fue la experiencia de la insurrección popular en 1979 contra la dictadura somocista, ahora debemos retomar esa valiosa experiencia y aplicarla a la realidad actual.

De esta Asamblea de Comités Cívicos, compuesta por estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores populares en lucha, es que debe salir el nuevo gobierno, encargado de convocar inmediatamente a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, que reorganice el país en beneficio de las grandes mayorías.