Por Victoriano Sánchez

Desde el aplastamiento de los tranques en junio-julio del año 2018 la dictadura Ortega-Murillo ha mantenido una sistemática represión contra la oposición, para evitar que se repitan las manifestaciones masivas en su contra.

Ciclos de la represión

La represión se manifiesta de diferentes formas. Va desde las capturas ilegales contra los jóvenes activistas, el secuestro, hasta las amenazas contra sus familiares. Casi todos los capturados terminan siendo procesados penalmente, en juicios amañados, con pruebas falsas, que persiguen una condena a cualquier costo. Algunos de los ex presos políticos fueron nuevamente capturados, bajo cargos de delitos comunes (tenencia ilegal de armas, drogas, robo, asaltos, etc).

Otro mecanismo de represión ha sido el acoso y la persecución contra los ex presos, las unidades de la Policía Nacional se parquean frente a la casa de los opositores, toman fotos y videos, atemorizan a todo el vecindario. El resultado es que no hay movilizaciones en las calles, hasta los “piquetes express” han casi desaparecido, ante el terror que ha logrado imponer la dictadura.

No obstante, ante el anuncio de diversos organismos, de convertir el mes de septiembre en un mes de marchas y acciones contra la dictadura, esta ha respondido redoblando la represión a niveles nunca antes visto.

¿Represión contra el COSEP?

Desde que comenzó la rebelión de abril del 2018, no ha habido un solo empresario encarcelado o secuestrado. Esto se debe a que ellos no arriesgan el pellejo en las marchas o en los tranques, y que tampoco luchan por el derrocamiento de la dictadura. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) mantuvo una alianza estratégica con el gobierno de Ortega, desde el 2007 hasta el 2018, fue la llamada política de diálogos y consensos, que fue rota por la insurrección de abril.

En ese momento, los empresarios dieron un bandazo y se pasaron a la oposición, pero debemos ser claros en afirmar que les tienen más miedo a las manifestaciones y los tranques, que a la dictadura. Por eso han tenido una posición timorata, de no apoyar los paros nacionales.

Ortega-Murillo castigaron estas veleidades democráticas de los empresarios del COSEP, tomándose las haciendas de algunos terratenientes, como Mike Healy, como mecanismo de presión para obligarlos a negociar por separado. Incluso, Ortega-Murillo castigaron a los empresarios donde más le duele: subieron los impuestos, para compensar el desfinanciamiento del presupuesto general de la república.

La crisis económica tiene desesperados a los empresarios. El malestar en las cámaras del COSEP contra el sempiterno presidente José Adán Aguerri, se ha manifestado públicamente. En las recientes elecciones, otros empresarios ascendieron al liderazgo nacional del COSEP. En esta ocasión, no estuvo en juego la presidencia del COSEP. Fuertes rumores indican que la mayoría de las cámaras solicitan cambiar a José Adán Aguerri en las elecciones del próximo año.

Incluso, este año no se produjo la tradicional celebración del día del empresario, contemplada para cada 8 de septiembre. ¿El motivo? El enorme descontento de las cámaras empresariales contra la dictadura, a pesar de la actitud conciliadora y pactista de la oligarquía financiera-bancaria, y de los principales grupos económicos.

En este contexto se produjo el reciente atentado contra José Adán Aguerri, en la entrada de la ciudad de León, cuando fue interceptado por turbas motorizadas que tiraron piedras y balines contra su vehículo. ¿El ataque contra Aguerri pretendía atemorizarlo o levantarle el perfil como opositor, para que sea nuevamente reelecto como presidente del COSEP? Pronto lo sabremos.

Estudiantes de la UCA no pudieron marchar

En cambio, la represión contra los movimientos sociales se ha intensificado. Los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) una universidad privada en manos de los jesuitas, anunciaron una marcha en el centro de Managua, para el día 9 de septiembre, con el objetivo de protestar por el recorte del presupuesto del 6% para las universidades, recortes que castigaron a la UCA por la actitud asumida por los jesuitas contra de la dictadura.

Muchos estudiantes de bajos recursos son becados con fondos del 6%. El resultado es que cerca de 2.000 estudiantes han perdido el derecho a la beca. Estos son los estudiantes que querían movilizarse, convirtiéndose en el primer intento de marcha para resolver asuntos puramente estudiantiles.

La marcha no se pudo realizar, las instalaciones de la UCA fueron rodeada por los cuatro costados por patrullas de la Policía Nacional, con tropas que usaban perros para atemorizar a los estudiantes.