Por Sebastián Chavarría Domínguez

La situación política en Nicaragua parece haber llegado nuevamente a un punto de estancamiento. La dictadura Ortega-Murillo no ha cumplido los acuerdos firmados en abril de este año con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), relacionados con la liberación de todos los presos políticos (están pendientes 130) y el libre ejercicio de las libertades y derechos constitucionales. Además, desde el mes de mayo se niega a discutir o negociar los temas pendientes sobre democratización y justicia, rompiendo el segundo Dialogo Nacional e interrumpiendo nuevamente las negociaciones políticas.

Estrategia de prolongación del conflicto

No cabe la menor duda que la estrategia de la dictadura es no solo ganar tiempo, sino prolongar el conflicto en el tiempo, para terminar, cansando a las masas populares y también a los empresarios.

Mientras instalaba la segunda versión del Dialogo Nacional, con una delegación de la ACJD mucho más reducida y bajo el control político de los empresarios, aprobó una reforma fiscal que obligaba a los empresarios a pagar mas impuestos. Al final quien termina pagando los impuestos es el pueblo consumidor.

Los economistas cuestionaron el efecto recesivo de cobrar mas impuestos en un momento de crisis de la economía y de reducción del consumo popular, producto de la perdida masiva de empleos. El efecto es devastador. La reducción del crédito incide sobre el ciclo agrícola, y esto genera más crisis económica y desempleo.

La estrategia de la dictadura contempla obtener recursos financieros por lo menos un año más, que permitan la sostenibilidad de las instituciones del Estado, sobre todo el pago de la planilla de los órganos represivos como el Ejercito Nacional (EN) y la Policía Nacional (PN)

Dentro de esta estrategia, la dictadura trabaja afanosamente para aterrorizar a los empresarios. A los sectores más radicales, como Mike Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC),-- por cierto el sector mas castigado con las confiscaciones de los años 80— les invaden sus propiedades, y el gobierno amenaza con entregar títulos de propiedad a los paramilitares que participan.

El otro componente de esta estrategia de prolongación del conflicto, es mantener el terror a través de la Policía Nacional y los grupos paramilitares, evitando cualquier manifestación callejera. El terror se mantiene, el descontento social también. Las diferentes marchas convocadas por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) no logran su objetivo, terminan replegadas a los parqueos privados del edificio del BAC o de banco LAFISE, o de Movistar o del restaurante Rostipollos

Aunque los activistas de la UNAB se mantienen con una alta moral combativa, desafiando a la dictadura y desnudando la represión, la realidad es que la dictadura ha logrado, por el momento, evitar que la población se vuelque nuevamente a las calles, como en el año 2018. Pero la tensión social continúa acumulándose. La recesión económica afecta a todos los sectores sociales.

Pequeños pero interesantes cambios

Con la represión indiscriminada, la llama de la rebeldía se ha debilitado, pero no se ha apagado. Ante la imposibilidad de realizar marchas de protesta, la resistencia de los activistas de la UNAB ha tenido la creatividad de trasladar las pequeñas protestas al interior de las marchas religiosas (San Jerónimo en Masaya y Virgen de la Merced en Matagalpa) donde encuentran el manto protector de la población en las calles. La dictadura se ha abstenido de reprimir o de apresar a los activistas

Sin embargo, los éxitos relativos de la imposición del terror en las calles, comienzan a agotarse. La crisis económica se profundiza y puede convertirse en un nuevo estallido social. La dictadura ha publicado encuestas amañadas que intentan pintar una recomposición social del FSLN. Pero estos pequeños datos (nuevos mecanismos de protestas, agudización de la crisis económica y desesperación por aparentar que todo está normal) nos indican que el ciclo de sobrevivencia de la dictadura está finalizando aceleradamente.

El rechazo a la comisión de la OEA

Durante el año 2018, la dictadura no permitió que el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ingresara a Nicaragua. Ahora en el 2019, después de una seria de vaivenes diplomáticos, la 49 Asamblea General de la OEA votó el 28 de junio la conformación de una nueva Comisión para que hiciera gestiones diplomáticas ante el gobierno de Nicaragua, y rindiera un informe en un plazo de 75 días.

La OEA, de manera complaciente, creó esta Comisión dos meses después. Y cuando ya estuvo conformada a finales de agosto, la dictadura nuevamente le cerró las puertas.

¿Pero que reflejan están bravuconadas de la dictadura? ¿Acaso la dictadura esta fuerte, como afirman sus propagandistas? Las apariencias engañan. Daniel Ortega sabe perfectamente que, desde el aplastamiento de los tranques a finales de julio del 2018, mantiene el control del país con mano de hierro y eso es un factor que la llamada “comunidad internacional” toma en cuenta, a pesar de las constantes condenas en los foros internacionales. Por eso la cautela de la OEA y el silencio cómplice del gobierno de Estados Unidos.

Esperando cambios en la situación internacional

La estrategia de prolongación del conflicto persigue, no solo mejorar la correlación de fuerzas a favor de la dictadura a lo interno, sino, sobre todo, resistiendo y enseñando los dientes, la dictadura Ortega-Murillo espero que desfavorable situación internacional cambie un poco más.

Daniel Ortega sabe que la correlación de fuerzas a nivel internacional puede cambiar en cualquier momento, y por eso resiste y contiene la respiración, aunque arrastre al país entero a la debacle.

Las relaciones económicas entre Nicaragua y Venezuela se estrecharon profundamente en la ultima década. El intercambio comercial, el subsidio petrolero de Venezuela, etc, han creado solidos lazos entre las cupulas sandinista y chavista. Por eso la estrategia que armó la administración Trump, con el ahora caído en desgracia John Bolton, era golpear sobre Venezuela por ser el país que subsidiada las economías de Cuba y Nicaragua.

Por eso, si recordamos bien, durante el primer trimestre del 2019 cuando la dictadura de Nicolas Maduro estaba acorralada por las presiones yanqui, la dictadura Ortega-Murillo tuvo un comportamiento más moderado y mostró interés por las negociaciones políticas. Pero cuando la dictadura de Maduro logró sortear las presiones, aplastando dentro de las fuerzas armadas a quienes se le oponían, la dictadura orteguista sintió mas flojos los mecates, y endureció nuevamente sus posiciones.

El Plan de Bolton fracasó porque la cúpula militar en Venezuela, que usufructúa la renta petrolera, cerró filas con Maduro por ser el gobierno que garantiza sus enormes beneficios económicos. Trump le da la patada a Bolton, porque no logra el objetivo planteado. Es un chivo expiatorio de las políticas del imperialismo.

Pero hay otro factor clave de la situación internacional: el inicio de la crisis económica en Estados Unidos (toda la economía mundial comienza a tambalearse) y la campaña por la reelección de Donald Trump en el año 2020. Igual que el 2008, la crisis económica obligará al imperialismo norteamericano a concentrar sus esfuerzos en poner en orden su propia causa, descuidando su patio trasero. Y la campaña electoral del 2020 en cierta medida paralizará políticamente a la administración Trump.

Estos son los factores que Daniel Ortega ha estado esperando, y que dentro de su lógica le permitirán una negociación favorable más adelante. Sabe que Centroamérica comienza a convulsionar, y que en medio del caos los Estados Unidos necesitan una mano fuerte que imponga el orden. Por eso no lo liquidan, por eso lo aguantan. Definitivamente, en rio revuelto, ganancia de dictadores.

Las ilusiones en las sanciones internacionales

En el ultimo siglo, los empresarios han sido los principales sostenes de la dictadura somocista y la orteguista. La burguesía nicaragüense prefiere negociar con el poder antes que luchar por instaurar un Estado donde funcionen las instituciones, y donde haya juego y lucha de partidos políticos. Por eso la derecha no tiene líderes políticos destacados, no los necesita, tampoco necesita un sistema de partidos políticos, basta negociar con la dictadura de turno, para que los negocios marchen bien, y ¡felices todos!

Al fracasar el Dialogo Nacional en mayo del 2018 y abril del 2019, y ante la constante negativa para desarrollar la movilización popular o apoyar los paros nacionales, los empresarios atemorizados recurren, como siempre lo han hecho, al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que por la vía de las sanciones obliguen a la dictadura a negociar una salida electoral, sea en el 2020 o en el 2021.

Por ello promueven campañas reaccionarias de “paros de consumo”, y alientan ilusiones en las sanciones internacionales, que por cierto nunca llegan, o cuando llegan son simbólicas.

Fortalecer la organización territorial

La resistencia contra la dictadura no puede depender de sanciones internacionales simbólicas, sino de la independencia y autonomía de las fuerzas populares. La ACJD ha demostrado ser un aparato político de los empresarios, que se les quieren robar el mandado a los sectores populares, que son quienes en realidad estuvieron luchando en las calles y en los tranques en el año 2018.

Una de las grandes debilidades de este proceso de revolución democrática, que fue cortado a balazos por los paramilitares de la dictadura, ha sido la ausencia de una dirección genuinamente revolucionaria, que orientara correctamente al pueblo en el momento de la lucha. Esa es la dirección que debemos construir, y eso pasa por el momento por organizar comités en los barrios. Esta labor de organización es una tarea dura, silenciosa, discreta, pero debemos hacerla, no hay otro camino.