Por Sebastián Chavarria Domínguez

La dictadura Ortega-Murillo ha desatado una nueva ofensiva contra los obispos de la Iglesia Católica, a quienes acusa de “políticos vestidos de sotana”. Desde abril del 2018, cuando los obispos se involucraron en las negociaciones del fallido Dialogo Nacional, las contradicciones entre la dictadura y la jerarquía de la Iglesia Católica han aumentado a niveles inimaginables.

Una sórdida pelea contra los curas

A pesar que la Conferencia Episcopal de Nicaragua se replegó en julio del 2018, guardando silencio, después que los paramilitares aplastaron violentamente las protestas, no pudo evitar que, en abril del 2019, monseñor Silvio José Báez, fuera enviado al exilio.

En agosto del 2021, el sacerdote Edwin Román, criticó de la dictadura, fue removido de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, y enviado también al exilio.

El 6 de marzo del 2022, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Managua, quien mantuvo una relación conciliadora con la dictadura, fue expulsado de Nicaragua. El vaticano recibió “con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirarle el beneplácito imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida”.

En mayo de este año, el sacerdote Harvin Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, fue acosado por patrullas policiales, hasta que sus superiores lo removieron de esa parroquia.

Nuevas presiones

El 19 de mayo, el monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, fue perseguido y retenido por patrullas policiales en un Iglesia de Managua. Al día siguiente, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) canceló la licencia de operación del canal 51 de la Iglesia Católica.

A finales de mayo, el sacerdote Manuel Salvador García, párroco de Nandaime, Granada, fue acusado de violencia y amenazas por una supuesta amante, Martha Candelaria Rivas, quien en el transcurso del juicio se retractó de la acusación. En castigo, fue enjuiciada y condenada por falso testimonio. Ambos guardan prisión. Es la primera vez que la dictadura encarcela a un sacerdote, aunque por delitos comunes,

En julio, el sacerdote José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de Boaco, fue acusado de violación a una menor de edad, y el juez dictó orden de arresto provisional.

Las presiones contra Monseñor Álvarez

En momentos en que los obispos de la Iglesia Católica se baten en retirada, ha adquirido especial importancia monseñor Rolando Álvarez, quien administra la diócesis de Matagalpa y Estelí.

En el año 2013, monseñor Alvarez se colocó al frente de la lucha contra las concesiones de minería a cielo abierto, en el municipio de rancho grande, obligando a cancelarlas. Desde entonces, ha crecido el trabajo pastoral de la Iglesia en los municipios de Matagalpa y Estelí.

Después del 2018, cuando los obispos guardaron silencio, los sermones de monseñor Álvarez, con parábolas y frases bíblicas, eran una denuncia de la represión provocando la ira de la dictadura. De hecho, era la única voz que protestaba, siempre con un lenguaje religioso.

El 22 de julio se realizó una enorme procesión en la ciudad de Matagalpa que, sin lugar a dudas, encendió todas las alarmas. Álvarez no solo no se había atemorizado con la persecución de mayo de este año, sino que se había atrevido a salir a las calles.

La repuesta no se hizo esperar. A inicios de agosto, TELCOR canceló las licencias de Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, Radio San José, Radio Católica de Sébaco, y Radio Santa Lucía, administradas por la Diócesis de Matagalpa. También fueron cerradas Radio Vos y varios canales locales privados y noticieros radiales.

Finalmente, la dictadura estableció un cerco policial sobre la casa cural de Matagalpa, impidiendo la libre movilidad de monseñor Álvarez y su equipo que lo acompaña, argumentando que hay una investigación policial sobre delitos que no han sido precisados.

Todas las fuerzas de derecha y reaccionarias, el CELAM y todas las Iglesias en América Latina se han pronunciado a favor de Álvarez, llamando al cese de la persecución, excepto el Vaticano que todavía guarda silencio. Todo indica que la dictadura presiona para que el Vaticano decida llevarse a monseñor Álvarez al exilio, como ocurrió con Silvio Báez y Edwin Román. No sabemos si esta opción ocurrirá.

Poniendo la mejilla para incidir posteriormente

Los obispos de la CEN finalmente rompieron el silencio y emitieron un comunicado muy conciliador en el que expresan “su fraternidad, amistad y unión episcopal” con monseñor Álvarez, ya que la Iglesia por su naturaleza “proclama el evangelio de la paz, y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande”.

La oposición burguesa ha emplazado al papa Francisco para que condene a la dictadura, como si un conjuro mágico puede cambiar la actual correlación de fuerzas.

Debido a que algún tipo de negociación es inevitable, a pesar del endurecimiento de la dictadura en su discurso agresivo contra Estados Unidos y los curas,  la CEN y el Vaticano, a pesar de los azotes, quieren conservar un manso rol de mediación para incidir en las futuras negociaciones.