Por Victoriano Sánchez

En agosto del 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerró sus oficinas en Managua, después de mas de once años de supervisión in situ de la economía. En ese momento, alegó que la economía había logrado estabilizarse y recuperarse.

Desde entonces, cada cierto tiempo, un equipo técnico del FMI visita el país, para revisar los datos y las políticas económicas. El estallido social del 2018 y posteriormente la pandemia de coronavirus, afectaron la economía. En el periodo 2018-2020, el PIB se contrajo en un 9%.

La última revisión del FMI registra que “(…) la actividad económica se está recuperando bien, respaldada por políticas macroeconómicas y financieras apropiadas y colchones sustanciales de depósitos gubernamentales y reservas internacionales previos a la crisis. El financiamiento oficial internacional, incluida la asistencia de emergencia por parte del FMI, también ayudó a la economía a hacer frente a la pandemia y llevar a cabo los esfuerzos de reconstrucción después de los dos huracanes consecutivos en noviembre de 2020. El PIB real creció un 10,3 por ciento en 2021 y se espera que crezca un 4 por ciento en 2022, sostenido por el consumo privado y las exportaciones, dados los precios de exportación favorables”.

Este párrafo es un reconocimiento favorable a la política económica de la dictadura, aunque los datos macroeconómicos no reflejan un bienestar para la población, sino todo lo contrario.

Recomendación de aumentar los impuestos

Desde el año 2009, cuando se discutía el proyecto de Ley de Concertación Tributaria (LCT), el FMI sostuvo discretamente que había que terminar con las exoneraciones y exenciones al gran capital. En ese momento, cuando fluía a borbollones los petrodólares de Venezuela, no se tomó ninguna decisión que perjudicara a los empresarios. En 2012 el FMI volvió a insistir en la primera reforma de las pensiones, que se aprobó a finales del 2013, y en reducir las exoneraciones y exenciones. En 2015 el FMI afirmó que la reforma tributaria podría aumentar los ingresos fiscales equivalentes a un 6.5% del PIB, y que era necesario crear un “colchón fiscal”. En febrero del 2018, dos meses antes del estallido social, el FMI volvió a insistir sobre el tema. El intento de aprobar una segunda reforma a las pensiones del INSS, fue uno de los detonantes de la crisis de abril del 2018, la cual fue revertida, pero aprobada con mayor dureza en 2019, cuando se produjo la derrota y el reflujo social.

En 2018 el estallido social rompió la política de “dialogo y consensos” con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y desde entonces la dictadura aplica unilateralmente las recetas del FMI, sin necesidad de consultar los empresarios.

La reforma tributaria del 2019

La dictadura aumentó los impuestos y eliminó muchas exoneraciones y exenciones en la reforma tributaria del 2019. El informe del FMI reconoce que estas políticas “(…) permitieron la acumulación continua de reservas internacionales brutas por alrededor de US$ 4.200 millones (6,0 meses de importaciones, sin incluir importaciones de maquila), a fines de septiembre de 2022”. Nunca antes en la historia de Nicaragua, el Banco Central había tenido tantas reservas internacionales.

En esta recuperación económica, a pesar de las duras sanciones economicas impuestas por Estados Unidos, hay un factor político: el aplastamiento de la rebelión de abril del 2018, por la incapacidad política de la oposición burguesa, permitió a la dictadura aplicar un riguroso plan de ajustes, que se ha traducido en una mayor recaudación fiscal, no solo sacando plata del bolsillo de los empresarios, sino del pueblo en general.

El FMI concluye que “(…) La perspectiva económica de Nicaragua es favorable, a pesar de que los riesgos hacia delante son a la baja, principalmente debido a los factores desfavorables al nivel mundial. Se espera que el crecimiento del PIB real se modere al 3 por ciento en 2023, debido a la debilidad de la demanda externa y a condiciones financieras externas más endurecidas. A mediano plazo, se proyecta que el crecimiento del PIB real converja a su potencial de alrededor del 3½ por ciento, dada la cautelosa recuperación de la inversión y el crédito al sector privado, y una menor participación de la fuerza laboral”.

El FMI prevé un crecimiento moderado en medio las turbulentas aguas de la economía mundial. Todo esto ha sido posible por el retroceso de las masas permite a la dictadura aplicar unilateralmente las recetas del FMI y los empresarios las aceptan, aunque aminoren un poco sus ganancias.

¿Un nuevo modelo?

La dictadura está construyendo un nuevo modelo económico (el somocismo tuvo esas características pero en el periodo 1945-1972, de bonanza de la economía mundial) basado en el rol hegemónico del Estado que aplica políticas unilaterales para fomentar la inversión extranjera y la creación de nuevos grupos de capitalistas, dispuestos a desplazar a los grupos tradicionales, incluida la oligarquía financiera.