Por Sebastián Chavarria Domínguez

La sorpresiva excarcelación y destierro de los 222 presos políticos, el pasado 9 de febrero, producto de una negociación secreta entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura Ortega-Murillo, parecía iniciar una distensión y el inicio de una posible negociación política. No obstante, ese mismo día la dictadura apretó tuercas y anunció que, a pesar de haber entregado pasaportes con diez años de vigencia, anulaba la nacionalidad de los 222 ex presos políticos. “Una de cal y otra de arena”, como se dice popularmente.

Una semana después, el 15 de febrero, la dictadura propinó una nueva estocada: una resolución judicial anulaba la nacionalidad nicaragüense a 94 personas que viven el exilio, bajo la acusación de “traidores a la patria”. En ambos casos, la anulación de la nacionalidad va acompañada con el “decomiso” de todos sus bienes.

Al arrancar la nacionalidad a los lideres de la oposición burguesa, incluidos los lideres estudiantiles y populares, la dictadura cerró, por el momento, la posibilidad que estos fuesen los interlocutores en una posible negociación posterior.

Entonces, lo que pareció ser una concesión o señal de apertura, por parte de la dictadura, dio inicio a un nuevo intercambio de golpes con Estados Unidos.

La OEA-CIDH lanzó la primera acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”

En abril-julio del 2018, cuando la dictadura reprimió las protestas populares, Estados Unidos mantuvo un discurso moderado a favor de la paz y la negociación. Incluso, cerró los ojos y no condenó la represión, Como la negociación no llegó a producirse, inició un nuevo ciclo de presiones, siempre con el objetivo de doblegar a la dictadura, enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos, que efectivamente habían sido violentados con las masacres y la represión.

En el “estira y afloje”, la dictadura aceptó en 2018, por un acuerdo con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el arribo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los acontecimientos ocurridos entre abril y mayo de ese mismo año en Nicaragua.

El GIEI rindió su informe oficial ante el Consejo Permanente de la OEA en diciembre del 2018 concluyendo lo siguiente: (…) el GIEI considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta conclusión se basa en la extensión geográfica y temporal de los hechos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, así como en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. (GIEI Nicaragua 21/12/2018)

Esta fue la primera vez que la OEA y la CIDH afirmaron que en Nicaragua se habían cometido “crímenes de lesa humanidad”. Aunque los medios de comunicación reprodujeron por algún tiempo esta acusación, la instalación del segundo Dialogo Nacional en 2019 y la paciente espera del proceso electoral del 2021, creó expectativas de una posible salida electoral, y el tema de los #crimenes de lesa humanidad” prácticamente cayó en el olvido.

De las 23 recomendaciones, resaltan dos: La primera es que el GIEI instó el gobierno de Nicaragua a “ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018”.

Efectivamente, Nicaragua nunca suscribió el Estatuto de Roma y, por lo tanto, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Nicaragua, y la acusación sobre “crímenes de lesa humanidad” queda flotando en el aire

La segunda era que “con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país”.

De esta manera, dejaron la puerta abierta para que la OEA y la ONU tomaran acciones contra los presuntos responsables. El tema quedó congelado por algún tiempo, esperando los resultados de una posible negociación.

ONU retoma y amplia la acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”

En noviembre del 2021 se realizó el proceso electoral con todos los candidatos de la oposición burguesa en la cárcel. Ese mismo mes, la dictadura anunció que se retiraba de la OEA, desconociendo cualquier resolución de la OEA y de la CIDH.

En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos, mediante la resolución otorgó al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos en este país, tomando en consideración que la investigación del GIEI en 2018 quedó en la nada, por el retiro de Nicaragua de la OEA y el desconocimiento de la CIDH.

Un año después, la nueva acusación estaba lista, esperando el desarrollo de los acontecimientos. El hecho de quitarle la nacionalidad a los lideres de la oposición burguesa y enviarlos en esas condiciones a Estados Unidos, irritó a la administración Biden, quien devolvió el golpe con una nueva acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”, mucho más grave, que no se limita a lo ocurrido en 2018 sino que abarca los últimos 5 años.

En su informe, leído el 2 de marzo de este año, el GHREN concluyó lo siguiente: “(…) existen motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. Dicho ataque fue implementado a través de diversos medios y métodos prohibidos o inhumanos que se han ido desarrollando, implementando y complementado a lo largo del tiempo. Este ataque, lejos de haber cesado, continúa perpetuándose. El GHREN también concluyó que las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe fueron cometidos intencionalmente como parte de este ataque, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste.

Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, se encuentran: el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación forzosa, y las violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución”.

Jean-Michael Simon, quien presidió el GHREN, en una entrevista comparó a la dictadura Ortega-Murillo con el régimen nazi: “(…) “El armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi (…) Se despoja masivamente a la gente de su nacionalidad y se la expulsa del país: esto es exactamente lo que hicieron los nazis” (The New York Times, 02/03/2023)

Estas conclusiones del informe del GHREN son, sin lugar a dudas, la antesala de posibles nuevas sanciones o cualquier otro tipo de acciones, individuales o colectivas, contra la dictadura.

Golpe a ASOBANP, COSEP y 18 cámaras empresariales

Un mes antes, el 3 de febrero, la dictadura ordenó la cancelación de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), que reúne a la oligarquía financiera. Debido al duro golpe propinado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) con la resolución del GHREN, que tenían engavetada, el 6 de marzo  asestó otro duro golpe a los empresarios organizados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), disolviendo también 18 cámaras empresariales.

Es importante señalar que no se trata de una medida anticapitalista, ni una expropiación, ni una nacionalización de los medios de producción. La economía capitalista sigue funcionando normalmente. Estamos ante la consumación del divorcio político entre la dictadura y una parte de la cúpula empresarial que inició en 2014, cuando se creó el Banco Corporativo (BANCORP), que fue visto por la oligarquía financiera como una competencia “desleal”. El estallido social del 2018 aceleró este divorcio, pero siempre hubo intentos de regresar a la reconciliación. En pocas palabras, la oligarquía financiera y la burguesía tradicional no tiene organismos gremiales donde discutir ni interlocutores para negociar con la dictadura.

En el último periodo las tensiones han aumentado. El diario La Prensa fue cerrado y sus bienes liquidados a favor del Estado, los partidos políticos de derecha han sido cancelados, cerca de 3500 ongs fueron cancelados. Los ataques la Iglesia Católica han llevado a varios curas a la cárcel y el exilio, y a mantener preso a Monseñor Rolando Álvarez. El nivel de confrontación entre la dictadura y la burguesía tradicional parece haber llegado al camino del no retorno.

Ante esta situación inédita solo caben dos posibilidades. La primera es que la dictadura, en su autodefensa y antes las presiones de Estados Unidos y la UE, devuelve cada golpe y lo descarga contra la Iglesia y los empresarios, para obligarlos a darle una nueva legitimidad.

Existe una particularidad en la economía nicaragüense. Salvo los ingenios azucareros y el sector de energía, que están en manos de grandes empresas, el resto de la producción agropecuaria esta en manos de pequeños y medianos productores, que no están organizados en el COSEP o ASOBANP. Los golpes a la cúpula empresarial no afectan a estos pequeños y medianos productores. No podemos descartar que, aprovechando el conflicto con Estados Unidos y la UE, la dictadura aprovecha el momento para rematar la burguesía tradicional, que fue muy golpeada durante la revolución, y crear un nuevo sector empresarial ligado directamente al circulo gobernante, sin tocar o golpear a esta masa de pequeños y medianos productores.

La segunda posibilidad es que este intercambio de golpes sea el preludio de una inminente negociación, en que cada bando procura atrincherarse lo mejor posible.

Incluso, las dos hipótesis descritas anteriormente, no se contradicen y al final pueden complementarse esperando la evolución de los acontecimientos.