Por Sebastián Chavarria Domínguez

La excarcelación de los 222 presos políticos, el pasado 9 de febrero, fue una agradable sorpresa para muchos. Quienes fueron encarcelados, juzgados y condenados, por solo el hecho de ser opositores, nunca debieron estar bajo esas duras condiciones.

Otra sorpresa fue que un sector de la cúpula de la oposición burguesa en el exilio estaba al tanto de las negociaciones secretas entre Estados Unidos y la dictadura, prueba de ello es que hubo una delegación de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos en el aeropuerto Dulles, recibiendo a los ex presos políticos, y otra delegación del llamado “Grupo Monteverde”, asentados en Costa Rica, estaban presentes el mismo día en el Lobby del hotel en Washington, esperando el arribo de los excarcelados.

La aplicación de las Leyes No 1055 y No 1145

La sorpresa mayor fue que la excarcelación no fue producto de una amnistía o indulto, sino de una sentencia judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que aplicaba retroactivamente la Ley No 1145, Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, publicada en La Gaceta No 25 del 10 de febrero de 2023, un día después que se produjeron las excarcelaciones

El articulo 2 de la Ley No 1145, estableció que “Las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”.

El artículo 1 de la Ley No 1055 estableció que quienes “(…) menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “Traidores a la Patria” por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.

Esta es una ley de naturaleza proscriptiva, prohibida por el articulo 34, numeral 11 de la Constitución.

Ambas leyes están entrelazadas. La Ley No 1055 permitió juzgar y condenar a la mayoría de los 222 presos políticos, inhibiéndolos de postularse a cargos de elección popular, y la sentencia del TAM, aplicando la Ley No 1145, les anuló la nacionalidad nicaragüense, convirtiéndolos en apátridas. El problema es que el articulo 20 de la Constitución ordena claramente que “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad (…)”.

Resulta obvio la inconstitucionalidad de ambas leyes, pero lo mas grave es que, aunque los ex presos políticos han sido liberados, fueron expulsados del país, se las anuló la nacionalidad nicaragüense, quedando intactas las condenas y las penas dictadas bajo la Ley No 1055.

En el hipotético caso que algunos de los ex presos políticos regrese al país, incluso con otra nacionalidad, tiene cuentas pendientes por que sus condenas estas firmes y bajo ninguna circunstancia podrá participar en procesos electorales.

Entusiasmo por el diálogo y un balde agua fría

La misma mañana del 9 de febrero, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos,  quien estuvo informado de los detalles relacionado con la excarcelación de los presos políticos, declaró que “(…) La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del Gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos de los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua en relación con temas de preocupación. El acontecimiento de hoy es producto de la diplomacia concertada estadounidense (…)”

No obstante, Blinken y el Departamento de Estado no conocían la sentencia del TAM que anulaba la nacionalidad nicaragüense. La alegría de estos funcionarios y de la cúpula de la oposición burguesa se transformó en amargura.

A pesar de ello, el día 10 de febrero Blinken y el canciller Denis Moncada se reunieron telefónicamente. El Departamento de Estado emitió una nota sobre la “importancia del dialogo constructivo entre Estados Unidos y Nicaragua para construir un mejor futuro para el pueblo nicaragüense”

Para no contradecir las declaraciones optimistas del día anterior, Blinken envió a Emily Mendrala, Subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, a una conferencia de prensa para responder las preguntas sobre la pérdida de la nacionalidad para los ex presos políticos. Mendrala dijo que: “(…) Nosotros vemos el esfuerzo de ayer, el paso de ayer, como un paso positivo y queremos entrar en diálogo a ver si podría ponernos en una trayectoria más constructiva en la relación bilateral. (…)

Sobre la pérdida de la nacionalidad de los ex presos políticos, aclaró: “(…) No teníamos detalles de esto, de estas intenciones antes de ayer (…) Nosotros tenemos preocupaciones graves de las noticias de que habían cancelado la ciudadanía de algunas de esas personas. (…)”. (10/02/2023)

El 10 de febrero, Peter Stano, vocero de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, remitió un comunicado en el que expresaba que: “(…) La UE ha pedido constantemente, por todos los medios disponibles, la liberación de los presos políticos. Aunque no deberían haber pasado ni un solo día en prisión, hoy la UE expresa satisfacción y alivio. (…) Si bien la UE rechaza la decisión de despojar a los ex presos de su ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos, lo cual es una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional, su liberación es un paso positivo y esperado desde hace mucho tiempo que debe ser seguido por diálogo y otras acciones.

La UE permanece abierta al diálogo político con Nicaragua, a través de los canales diplomáticos apropiados, y conducido de manera respetuosa”.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea (UE) apuraron el trago amargo que significa la cancelación de la nacionalidad para los principales dirigentes de la oposición burguesa y pequeña burguesa, así como la de algunos dirigentes populares, haciendo más énfasis en el dialogo y la relación constructiva.

Y para reafirmar el castigo e infundir el miedo y el terror, la dictadura anuló la nacionalidad nicaragüense de otros 94 opositores que no cayeron presos y que permanecían activos en el exilio.

España, Chile, Argentina y México se han ofrecido para proporcionar asilo y una nacionalidad a los 316 apátridas. Algunos han dicho que adquirirán otra nacionalidad, pero con ello cierran para siempre la posibilidad de participar en política en Nicaragua.

¿Cuál era el objetivo?

La dictadura decidió liberar a los presos políticos, en primer lugar, para aliviar la presión internacional en su contra, y en segundo lugar porque ya había cumplido sus principales objetivos: organizar las elecciones presidenciales de noviembre del 2021 sin participación de la oposición burguesa, garantizándose la continuidad en el poder, y de igual manera organizar las elecciones municipales de noviembre del 2022, sin competencia real.

La dictadura no descansa. Después del aplastamiento de la rebelión del 2018, esperó pacientemente el momento para encarcelar, juzgar, condenar y recluir en las cárceles de El Chipote y La Modelo, a la cúpula principal y a las direcciones intermedias de la oposición burguesa y pequeña burguesa, manteniéndolos como rehenes, para en el momento oportuno, liberarlas, arrancándoles la nacionalidad, y enviándolas al destierro para garantizarse de que no participaran en los futuros e inevitables procesos de apertura política.

La nueva coyuntura según HOS

Es muy riesgoso aventurarse con los pronósticos políticos. Pero el hecho de barrer físicamente con todos los grupos de oposición, no dejando un solo dirigente a nivel interno, indica que la dictadura se prepara para una “apertura política”, absolutamente controlada por el poder, es decir, conforme los intereses, necesidades y plazos del grupo gobernante. Esta “apertura” o reforma gradual sería para mantenerse en el poder, y la única forma de hacerlo es instaurando una dinastía familiar, moderada, con una seria de compromisos, que sea finalmente aceptada, como el mal menor, por Estados Unidos y la comunidad internacional.

Refuerza esta hipótesis la ultima comparecencia del general Humberto Ortega Saavedra (HOS), hermano de Daniel Ortega, en el programa de Andrés Oppenheimer en el canal de CNN en español, el pasado domingo 19 de febrero, cuya señal por cierto está bloqueada en Nicaragua.

HOS representa al ala moderada de la vieja guardia sandinista y se ha convertido en un adalid de la reconciliación nacional, pero bajo la tutela del sandinismo. HOS afirmó que con la liberación de los presos políticos se cierra la coyuntura abierta en 2018, y se abre una nueva: las elecciones presidenciales del 2026.

“La coyuntura que ahora hay que resolver es la de 2026, con las elecciones presidenciales, que se puedan tener unas elecciones, en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde 2018 (…) en este momento no pueden haber elecciones, por eso trato de ser lo más razonable posible en mi análisis de un plazo  (…) Ni la oposición está preparada para ir a las elecciones, aun cuando le quitaron esos impedimentos, y ni el Gobierno en sus negociaciones, que consiguiera, tiene que impulsar para manejar sus asuntos”.

“Si no entramos a la ruta (de las elecciones), si no aprovechamos este momento y entramos en una ruta de ir buscando vínculos, negociando, de ir buscando como construyendo, cerrar esta coyuntura (del 2018) en el marco jurídico, constitucional, legal que son las próximas elecciones de 2026, entonces iríamos a un total desastre de anarquía que no lo podía cubrir ni la oposición ni el actual partido de gobierno”,

No es la primera vez que HOS advierte que debe haber un acuerdo nacional o viene el caos. Efectivamente, la dictadura se está preparando con cuatro años de antelación para las elecciones presidenciales del 2026, y por eso liquidó a todas las organizaciones opositoras y ongs, y envió al destierro como apátridas a los principales dirigentes de la oposición burguesa y pequeña burguesa.

Siempre con varios pasos adelante, la dictadura ha castrado políticamente a quienes pueden encabezar más adelante la reconstrucción de la oposición. Quiere que cualquier oposición comience la pelea desde cero. Devolverle la nacionalidad y los derechos políticos, según HOS, será “una negociación, que va a ser complicada, dura y siempre con presiones de un lado y otro”.