Por Victoriano Sanchez

La agudización de la crisis económica y social de Nicaragua tiene su expresión grafica en el raquítico Presupuesto General de la Republica (PGR). Desde que finalizo la guerra civil en 1990, el raquítico PGR de Nicaragua se ha completado con fondos de los países imperialistas “donantes”, los que siempre están sujetos a condicionamientos políticos.

Es la fecha y todavía Nicaragua no es un país autosuficiente, es decir, necesita de fondos externos para financiar los gastos mínimos del Estado. El Grupo de Apoyo Presupuestario que en los últimos años han financiado por lo menos un tercio del PGR, está conformado por Alemania, el Banco Mundial, la Comisión Europea, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Las denuncias de fraude electoral en las elecciones municipales de noviembre del año 2008, provocó que el Grupo de Apoyo Presupuestario congelara los fondos del PGR del año 2009. De igual manera, el gobierno de los Estados Unidos primero suspendió y después cancelo la llamada Cuenta Reto del Milenio.

Colapso del presupuesto del 2009.

Recién comenzando el año 2009, el presidente Daniel Ortega se vio forzado a anunciar un plan de austeridad y la primera reducción del PGR en un mil 312 millones de córdobas se aprobó en el mes de abril, supuestamente para enfrentar “los efectos de la crisis económica mundial”, pero en realidad estaban destinados a tapar el enorme hueco dejado de 120 millones de dólares debido al corte de la ayuda económica y financiera de los países donantes imperialistas.

A pesar del discurso conciliador de Ortega con los donantes, el hueco presupuestario ha continuado ensanchándose. Debido a la reducción de las recaudaciones de 2 mil 594 millones de córdobas, producto del descenso de las exportaciones e importaciones, disminución de las donaciones y préstamos, a finales de Junio el presidente Ortega promovió una segunda reforma al PGR por 816 millones de córdobas, afectando todos los programas sociales del gobierno: salud, educación, poder judicial, el presupuesto de las universidades, etc.

Originalmente, el presupuesto del año 2009 era de 33 mil 835 millones de córdobas, y presentaba un déficit fiscal de 5 mil 724 millones de córdobas. Con la reforma de abril, el presupuesto disminuyó en un mil 312 millones y pasó a 32 mil 523 millones de córdobas y mantuvo el mismo nivel de déficit. Con la reforma de Junio el presupuesto del año 2009 pasó a 31 mil millones de córdobas y el déficit fiscal se incrementó a mil 778 millones 300 mil 579 córdobas, es decir, que el déficit fiscal actual supera los 7 mil millones de córdobas.

Pero las recaudaciones han continuado bajando, y el PGR se ha tornado insostenible. Actualmente se prepara una tercera reforma al PGR por la cantidad de 500 millones de córdobas.

Buscando financiamiento

Una vez que los alcaldes tomaron posesión de sus cargos a inicios del 2009, el FSLN inicio un suave giro político de acercamiento a los países donantes, bajando el tono de los discursos, en una desesperada búsqueda por obtener financiamiento.

Los países imperialistas “donantes” han condicionado el financiamiento del PGR ya no a la aclaración del fraude electoral del año 2008, sino a la reforma del sistema electoral de cada a las elecciones presidenciales del año 2011.

El sandinismo se encuentra en una especie de encrucijada. Si no accede a las presiones de los países imperialistas no obtiene financiamiento y viene el derrumbe total del PGR, el crack financiero del sector público, con las nefastas consecuencias para una económica capitalista semicolonial. Si mantiene el enfrentamiento, la crisis continuará agudizándose y el desgaste político del FSLN será un mayor el próximo año, un año preelectoral.

El gobierno de Daniel Ortega aunque representa los intereses particulares de un grupo de poder, también representa globalmente los intereses de la nueva burguesía sandinista, que emergió del fracaso de la revolución (1979-1990). En ese sentido, tiene mucho que perder si ocurre un descalabro de la economía capitalista que administra. Esta es la explicación de fondo del porque el FSLN se esfuerza en mantener los compromisos con el exigente Fondo Monetario Internacional (FMI), aplicando recetas neoliberales cuando en muchos países el Estado ha comenzado a tener un rol protagónico, interviniendo en la economía.

El lado oscuro: las reformas constitucionales

Este contra giro político del gobierno de Daniel Ortega se ha realizado de manera silenciosa, casi imperceptible, y tiene dos componentes: uno económico y otro político. En el plano económico, el gobierno sandinista obtuvo el apoyo de los grandes grupos financieros: Carlos Pellas, presidente del Grupo Pellas; Ramiro Ortiz Gurdian, presidente del grupo BANPRO, ligado al grupo PROMERICA; y Juan Bautista Sacasa, presidente de la Junta Directiva del Banco de Finanzas (BDF) ligado al grupo Motta de Panamá. Estos empresarios viajaron a Washington para apoyar las gestiones del gobierno sandinista ante el FMI. Recientemente, Daniel Ortega ha incorporado a directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) a las juntas directivas de los entes autónomos y gubernamentales, involucrándolos en las decisiones gubernamentales.

En el plano político, sencillamente Daniel Ortega ha dejado de atacar a los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, ha enviando delegaciones diplomáticas a ambos centros de poder mundial, con el objetivo de negociar las reformas al sistema electoral. Las negociaciones han sido intensas, pero todavía no hay un resultado palpable. Lo que si está claro es que el chantaje económico es la principal arma que los países imperialistas están utilizando contra las pretensiones del sandinismo de crear un gobierno bonapartista, con características totalitarias.

En realidad al imperialismo norteamericano y europeo no le interesa la democracia, sino que el gobierno sandinista cumpla con algunos estándares mínimos, fijados por ellos mismos. Y en cierto sentido, el gobierno sandinista ha cumplido con algunos parámetros: es campeón en la lucha contra el narcotráfico, no ha roto el CAFTA, mantiene la estabilidad de la región centroamericana, mantiene la paz social interna, se mantiene activo en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, etc. Donde el gobierno sandinista sale aplazado es en el recorte de las libertades democráticas, en el acoso sobre los medios de comunicación y los organismos de la sociedad civil, en la poca transparencia electoral.

El componente político no ha sido resuelto. Daniel Ortega intenta aprobar una reforma constitucional a finales de año, con el objetivo de lograr la reelección continua y darle el toque final al régimen parlamentario

Un régimen bonapartista con formas parlamentarias

No existen diferencias entre las fracciones de la burguesía nicaragüense sobre la aplicación de medidas neoliberales para salir de la crisis. Las contradicciones políticas están centradas en el establecimiento de un nuevo régimen bonapartista que controla férreamente todas las instituciones del Estado. Desde la oposición (1990-2006) el FSLN siempre logró mantener una cuota importante de control sobre las instituciones, especialmente sobre el poder judicial. Este control sobre todos los poderes e instituciones del Estado ha aumentado considerablemente bajo la segunda presidencia de Daniel Ortega. Aun siendo minoría en el parlamento, el FSLN gobierna como una fuerza hegemónica.

La figura de Daniel Ortega se perfila como el nuevo hombre fuerte de Nicaragua, en medio de una pavorosa crisis económica y social. Por ello, la impotente burguesía opositora ha identificado erróneamente al nuevo régimen como una  nueva “dictadura”. Aunque las libertades democráticas no han sido derogadas, han sido restringidas en los hechos al apalear las marchas opositoras, mantener el acoso sobre los medios de comunicación, imponiendo su voluntad política.

La instauración de este nuevo régimen bonapartista no está acompañada de una reforma constitucional para devolverle supremos poderes al Presidente de la Republica, sino de la instauración de un sistema político basado en la preponderancia de la Asamblea Nacional. Con un régimen parlamentario el problema de la reelección queda relegado a un segundo plano.

¿Esto es posible, dado el contexto de grave crisis económica? La crisis económica y social exige un gobierno fuerte. A nivel interno, no hay fuerzas políticas que se le opongan seriamente al FSLN. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) colabora abiertamente con el gobierno de Daniel Ortega.

La fracción liberal de Eduardo Montealegre es la que se mantiene disidente, pero sin lograr desencadenar un movimiento de masas. Por el momento, la oposición al nuevo régimen bonapartista proviene únicamente del extranjero, de los países imperialistas donantes, quienes presionan por una apertura y por un compromiso democrático, al menos en el tema de la transparencia electoral. A nivel interno, solo la contrarrevolucionaria Iglesia Católica ha formulado críticas sistemáticas al gobierno de Daniel Ortega. Mientras los trabajadores y los jóvenes no se movilicen de manera independiente, Daniel Ortega podrá hacer de las suyas, pero no por mucho tiempo.