Por Liev Contreras
El Gobierno sandinista aprobó en días pasados un recorte en la jornada laboral de los trabajadores del Estado. Así, la jornada a partir del pasado 27 de julio se redujo en cuatro horas diarias, fijando como hora de salida a las 1:00 p.m. (antes era a las 5:00 p.m.).
La ideología oficial
El Gobierno sandinista justificó el recorte en cuanto a la necesidad de “ahorrar” recursos, señalando que esta medida abonaría reducir el consumo de energía eléctrica y otros servicios. La administración sandinista ha utilizado en repetidas ocasiones el “fantasma” de la crisis económica internacional para justificar este tipo de medidas, lo cual hace evidente que somos los trabajadores los que pagamos “los platos rotos” de la crisis.
Tal argumento es una verdad a medias, la crisis económica internacional si bien ha trastocado algunos factores de la economía nacional, no ha causado un descalabro masivo de las finanzas públicas. Más bien la situación de crisis está generada en una creciente iliquidez del Estado.
La presión de los donantes
El gobierno sandinista sufre en la actualidad una crisis financiera, el Presupuesto General de la República se encuentra en franco desfinanciamiento. Esto se debe a dos factores básicos elementales, el primero, es que por la crisis económica mundial las exportaciones han bajado, así como la actividad comercial se ha visto reducida, fruto de lo cual, los ingresos fiscales del Estado han decaído. El mes pasado el gobierno envío de urgencia a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el Presupuesto, esta fue la tercera reforma presupuestaria aprobada este año, y todas ellas han tendido a la baja, es decir reducir el gasto público.
El segundo factor que contribuye a la iliquidez es el retiro de la cooperación internacional. Muchos países del llamado Grupo de Apoyo Presupuestario han reducido y dejado en “suspenso” desembolsos, como medida de presión sobre el Gobierno a raíz del fraude electoral orquestado en las pasadas elecciones en Noviembre del 2008.
Las victimas: los trabajadores
El recorte de la jornada laboral es una medida que atenta contra los trabajadores estatales; y no es para “ahorrar luz” como dice el Gobierno. Por medio del recorte, el Estado se “ahorrará” el coste de los viáticos de alimentación que se concede a los trabajadores en algunas instancias, así como evitaría que se realicen horas extras.
El salario de la mayoría de los trabajadores del Estado son miserables, y muchos compañeros encuentran en los viáticos y horas extras un verdadero salario, que necesitan para poder costearse los bienes y servicios más básicos para sus familias.
El salario mínimo para el sector público aprobado el 15 de mayo asciende a C$ 1,999.14 (U$ 97.69), y sólo la canasta básica tenía un coste de C$ 8,423.40 (U$ 411.59) a Junio del corriente año, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo.
Salario digno: la lucha necesaria…
El Gobierno del FSLN a pesar de su retórica populista, ha demostrado en los hechos ser un gobierno de corte neoliberal. La crisis económica internacional y la interna generada por el fraude electoral la pagan los trabajadores. Ortega desde ya está proponiendo un paquete de reformas sustanciales a nivel tributario, en pos de satisfacer las demandas del FMI y el Banco Mundial; reforma que se apresura a negociar con la oligarquía y la burguesía agrupada en el COSEP.
Los trabajadores no sólo debemos denunciar las políticas hambreadoras y traidoras que nos aplica el FSLN, sino que pasar a la lucha por un salario digno. La crisis no la debemos pagar los trabajadores y campesinos, que la pague la burguesía.