Por Olmedo Beluche

La Comisión Nacional de Reformas Electorales se encuentra discutiendo el tema de los topes para financiamientos privados de las campañas electorales. En ese marco el Tribunal Electoral ha presentado una serie de informes y estudios que prueban lo que hemos venido señalando desde hace tiempo: la democracia panameña está secuestrada por el poder del dinero, por ende, ha degenerado en una plutocracia, fuente de todos los escándalos de corrupción e imposiciones antipopulares.

En ese sentido, el pasado 17 de junio, el magistrado Gerardo Solís, que preside la comisión, señaló que en las elecciones de 2009: “Un País para Todos, Balbina Herrera declaró que su campaña costó 8.3 millones de dólares, y Alianza por el Cambio, Ricardo Martinelli declaró que su campaña costó 18.9 millones de dólares”. Además agregó que un candidato a alcalde, sin identificar, gastó 250,000 balboas, que varios candidatos a diputado de diversos circuitos y partidos, declararon sumas superiores a 200,000 dólares en sus campañas.

Estas cifras indican que no estamos eligiendo “a los mejores”, sino a los que más plata tienen para gastar en una campaña electoral. Para poder competir se debe ser millonario, o estar financiado por alguno. La consecuencia lógica es la política como negocio: se invierte en ella, para sacar algo a cambio: favores, nombramientos, licitaciones, etc. Entonces ya podemos entender por qué actúan como la hacen gobernantes y diputados.

Irónicamente, siendo la intención de la reforma establecer topes a los gastos de campaña y a las donaciones privadas, tope que hoy no existe, la propuesta que hacen los magistrados del Tribunal Electoral es escandalosa. Proyectando un crecimiento del Presupuesto de Inversiones del Estado del 68% y del padrón electoral del 11%, estiman que en 2014 el Financiamiento Público a los partidos políticos será de 54 millones de balboas y, si el tope a las donaciones privadas se establece en el 40% de éste, llegará a 21 millones por cada candidato presidencial (ojo), con un costo estimado de B/. 9.20 por elector.

Como voceros en esta comisión del Partido Alternativa Popular nos toca repudiar completamente estos criterios, los cuales implican la legitimación de una democracia secuestrada por los millonarios. Una verdadera democracia no puede depender de que sólo se postulen y tengan opción los que tienen millones para gastar, sino los que tienen una propuesta coherente de desarrollo para el país.

Uno de los tantos criterios que hemos propuesto, y que lamentablemente no se han aceptado, para restablecer una democracia sana, equitativa y participativa son: que el Tribunal Electoral sea el único que contrate los espacios publicitarios en los medios de comunicación y los reparta equitativamente, abaratando incluso el financiamiento público; un tope máximo a las donaciones privadas de 10,000 balboas por persona y un tope global que no exceda de 100 mil a los candidatos presidenciales y de 50 mil a diputados, alcaldes y representantes.

Corresponde al conjunto de la sociedad panameña, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios y a los sindicatos pronunciarse y exigir reformas profundas a nuestro sistema político. Les incumbe porque serán sus miembros los seguirán pagando las consecuencias del sistema plutocrático que se ha entronizado.