Por Berta Joubert - Ceci

El gobierno derechista del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli está terminando su primer año en el cargo aprobando leyes reaccionarias contra los/as trabajadores/as a nombre de la oligarquía y de las empresas transnacionales, y asesinando a seis manifestantes indígenas. Pero la clase trabajadora de Panamá opone resistencia con una huelga general el 13 de julio.

El régimen de Martinelli está aliado a la criminal administración paramilitar de Álvaro Uribe en Colombia. Ha abierto 11 bases aéreas para el ejército estadounidense bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico, pero lo cierto es que están dirigidas contra sus vecinos progresistas del sur.

El 1 de julio entró en vigor una ley aumentando los impuestos en bienes y servicios de 5 al 7 por ciento. Esto golpea más duro a las familias pobres en un país donde las políticas neoliberales de la presente y de las pasadas administraciones han incrementado el desempleo, el subempleo y la pobreza.

El 16 de junio Martinelli impuso la Ley 30, conocida en Panamá como la "Ley Chorizo”  que altera tres códigos y seis leyes nacionales. Usando como pretexto la mejora del transporte aéreo comercial, esta ley destruye los sindicatos, prohíbe las huelgas, facilita la destrucción del medioambiente, y amenaza los derechos civiles al permitir la impunidad total para las actuaciones de la policía.

Para aprobar esta ley sin el escrutinio público, la Asamblea Nacional celebró tres días de reuniones extraordinarias - a puerta cerrada - sin audiencias públicas y custodiada por la Policía Nacional.

Martinelli dijo: "Las leyes aprobadas tendrán un impacto y una gran repercusión en la vida nacional." "Tengo que reconocer no tuvieron el debate que hubiera querido que tuvieran, pero que si se hubiera hecho así lo más probable es que muchos de los artículos de la Ley 30 no hubieran pasado" (rebanadasderealidad.com.ar /)

Anticipando resistencia, en abril Martinelli promulgó la "Ley Carcelazo", la cual permite que arresten  y encarcelen a manifestantes que cierren o bloqueen las calles.

A finales de junio, los/as trabajadores/as indignados/as resistieron con varias protestas. Los sindicatos convocaron a una huelga general para el 13 de julio y se unieron a otras organizaciones para impugnar la Ley 30 con al menos dos demandas legales que exigen su derogación.

Trabajadores/as indígenas lideran la resistencia

En Changuinola, un distrito de la provincia de Bocas del Toro en la costa atlántica de Panamá, los/as indígenas, en su mayoría Ngäbe Bukle dieron a los/as panameños/as una lección de lucha de clases. Los/as habitantes de esta región son en su mayoría personas indígenas nativas.

Changuinola es zona de producción bananera que aporta entre el 50 y 60 por ciento de los puestos de trabajo. Pero también es una de las regiones más pobres de Panamá. Según un estudio por el estado panameño, las regiones indígenas del país sufren de una pobreza del 96,3 por ciento. (telemetro.com)

Más de 5.000 trabajadores de la empresa Bocas Fruit, de la corporación Chiquita, inició un paro laboral de 48 horas el 2 de julio. La compañía inmediatamente se había aprovechado de la Ley 30 para eliminar las cuotas sindicales y eliminar así la base financiera del sindicato.

Los trabajadores, representados por el sindicato SITRAIBANA, exigían principalmente la derogación de la Ley 30 y que la empresa restableciera las cuotas sindicales. También estaban protestando por los cambios recientes de Martinelli a la Carta Orgánica que permiten la violación de los derechos laborales, al igual que los derechos ambientales, culturales y sociales del pueblo indígena.

A falta de una respuesta de la empresa y del gobierno nacional, los trabajadores en el segundo día declararon la huelga indefinida. Desde entonces, otros trabajadores bananeros se han unido a la huelga. La comunidad apoya la huelga y toda la región se ha paralizado. Los padres no han enviado a sus hijos/as a la escuela. Otros pueblos indígenas han venido a Changuinola en apoyo de sus hermanas y hermanos trabajadores.

El estado respondió con represión, enviando a miles de policías antimotines armados para combatir la resistencia. Los trabajadores respondieron bloqueando todos los caminos que conducen a la región. Incendiaron oficinas, incluyendo la sucursal del Global Bank y el cuartel de la policía de menores, capturando a cuatro policías durante varias horas. Los trabajadores también tomaron el aeropuerto de Changuinola y respondieron a las balas de  la policía con piedras y palos.

Los sindicatos dicen que seis personas murieron, el gobierno sólo informa de dos muertes. Cientos de personas fueron heridas, decenas con perdigones disparados a los ojos. Las/os heridas/os tuvieron que ser trasladados a hospitales de la ciudad de Panamá.

Al mismo tiempo, 1.200 trabajadores de la ampliación del Canal de Panamá también se declararon en huelga, exigiendo mejores condiciones de trabajo.

Mientras se desencadenan estas acciones, el régimen abrió una campaña de represión arrestando a cientos de trabajadores y activistas.

WW/MO entrevista a dirigente sindical

En la víspera de la huelga general, Workers World/Mundo Obrero habló con Alejandro John, secretario general del sindicato que representa a los/as trabajadores de la Coca-Cola, el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de Bebidas Gaseosas, Cervezas, Licores y Similares, SITRAFCOREBGASCELIS. John también está en la directiva de la Unidad de Lucha Integral por el Pueblo (ULIP) y forma parte del Consejo de Trabajadores Organizados (CONATO), una de las federaciones de trabajadores/as en Panamá.

John resumió la situación general a partir del 12 de julio: "Estoy muy preocupado porque existe un estado policiaco y un terrorismo de Estado. El gobierno ha abierto una serie de causas a varios dirigentes sindicales, cosa que aún no ha sido esclarecida. Han estado arrestando a dirigentes sindicales durante este fin de semana, incluso a un profesor de la Universidad de Panamá, el Prof. Juan Jované intentaron sacarlo de su casa y llevárselo arrestado. Fue un hombre vestido de civil, sin identificarse como policía. Puede haber más de una docena de dirigentes sindicales arrestados. Algunos pasaron a la clandestinidad por temor a ser arrestados sin causa".

Esta preocupación, sin embargo, no ha disminuido de ninguna manera la voluntad de luchar y prepararse para la huelga general.  John añadió: "El paro sigue en pie, además tiene más peso a raíz de lo que han sufrido los compañeros en Changuinola. El paro va, no hay marcha atrás.

"El paro es una forma de demostrar claramente al estado que no estamos de acuerdo. Ellos no están tratando de negociar, no están buscando una salida.  Están  disparando a los trabajadores, hay brutal represión.  Y eso fortalece la solidaridad con los compañeros de Changuinola".

WW/MO supo que hubo alguna especie de arreglo de última hora de la huelga de Changuinola, postergando por 90 días la Ley 30.  Preguntamos a John qué significaba este acuerdo, quiénes habían hecho este trato, y cómo estaba respondiendo la gente.

Así reportó John: "Ha habido una tregua de la Ley 30 por 90 días, pero solamente de los aspectos de trabajo. La posición nuestra en ULIP, el sindicato de la de Coca Cola, y todos los demás es que demandamos la derogación total de la ley, no solamente posponer los artículos sobre el trabajo. Además, el presidente y los compañeros bananeros llegaron a un acuerdo que no incluye la anulación de la Ley 30 y eso ha creado en la región molestia.  Y aparentemente han vuelto a cerrar las calles esporádicamente en la provincia de Bocas del Toro.

"La situación ahora en Bocas del Toro es inestable.  No hay certeza que se haya levantado la huelga y que hayan regresado a sus puestos de trabajo.  Las cosas no están muy claras porque hoy es el primer día que se ha conocido el acuerdo.  Lo cierto es que hay más de 20 víctimas que han sido gravemente heridas, que han perdido uno o los dos ojos, y han tenido que ser recluidos en hospitales de la ciudad capital."

John añadió: "Creo que esta situación no tendrá una salida tan fácil, a pesar de los acuerdos.  Esta situación aún no se ha resuelto ni en la región (Changuinola) ni para el resto de los trabajadores en el país".

Alejandro John finalizó con un mensaje a los/as trabajadores/as y sindicatos en los Estados Unidos: "Pedimos que sean solidarios y que no se ratifique ningún tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Panamá porque la libertad sindical y la libertad y las garantías  individuales están en peligro en nuestro país.  Necesitamos que haya un cuestionamiento de los sindicatos a nuestro gobierno sobre esto, y que sea respetada la libertad sindical e individual de las personas que adversan las actuales políticas del gobierno en Panamá.

Actualización lunes, 19 de julio

La huelga general del martes 13 de julio llamada por los/as trabajadores/as  en Panamá para oponerse a la Ley 30 de Ricardo Martinelli, a otras medidas contra el pueblo y por la masacre de los trabajadores indígenas bananeros que estaban en huelga en Changuinola, fue un éxito total.

Según un comunicado del Partido Alternativa Popular: "La huelga consiguió la paralización casi completa del sector de la construcción, dirigido por SUNTRACS (95%, según Genaro López); el movimiento magisterial logró un éxito similar en todo el país al igual que los administrativos de la Universidad de Panamá (ASEUPA); industrias como la Coca Cola, Concreto S.A., Plásticos Modernos y Empaques de Colón, pararon en un 100%; en Cemento Panamá, Cuadernos Escolares, Plastiglas, Harinas Panamá, Cervecería Nacional más del 50% de los trabajadores se sumaron a la huelga. Otros sectores industriales, que no pudieron parar, hicieron piquetes y marchas de protesta como en Industrias Lácteas (Estrella Azul), Varela Hermanos (en Pesé)". (http://pappanama.blogspot.com)

Las acciones, sumadas a la huelga de Changuinola, forzaron al Gobierno a convocar una Comisión para el Diálogo. Esta Comisión tiene sin embargo, sólo 3 representantes sindicales de un total de 13 miembros. Muchos sectores se oponen a esta Comisión, incluyendo CONATO, el Consejo Nacional de Trabajadores, que está compuesto por 9 centrales obreras y varias federaciones sindicales. Este sector pide una Comisión independiente para investigar la masacre de Changuinola.

Evidenciando lo correcto de una comisión independiente es el hecho de que cuando Martinelli visitó recientemente Bocas del Toro (donde Changuinola es un distrito), distribuyendo alimentos a los afectados por la criminal represión, la gente se negó a tomarlos afirmando que lo que querían era justicia.