Por Emilio Young

El 12 de Junio, el presidente Ricardo Martinelli presentó a la Asamblea Legislativa, en una sesión a puertas cerradas, el proyecto de Ley No 30, el cual fue aprobado rápidamente y publicado en la Gaceta del 16 de junio. Este atropello legislativo provocó una ola de protestas en todo Panamá.

Durante la primera quincena del mes de Julio, Panamá volvió a ocupar la atención mundial por las luchas y enfrentamientos de los trabajadores y comunidades indígenas contra las fuerzas represivas del gobierno del empresario Ricardo Martinelli.

La Ley No 30: un paquete de reformas legales

El motivo la lucha fue la vigencia de la Ley No 30, conocida como Ley Chorizo, o Ley 9 en 1, aprobada supuestamente con el objetivo de modernizar la aviación comercial. Sin embargo, en el fondo reforma los Códigos de Trabajo, Penal, Judicial, la Leyes Ambiental, la Orgánica de la Policía Nacional, de Aeronáutica Civil, del Tribunal de Cuentas y la Migratoria. Un verdadero paquete de leyes antipopulares en una sola.

Este paquete de reformas legales golpea duramente a los sindicatos. Ya no es obligatorio pertenecer a un sindicato, los patrones no están obligados a descontarles a los trabajadores la cuota sindical y las empresas no podrán ser tomadas por los trabajadores durante una huelga. El argumento central de esta contra reforma laboral es que la cuota sindical debe ser voluntaria, promoviendo con ello que los sindicatos dependan de la voluntad del obrero, para obtener fondos.

Con el objetivo de fomentar el turismo, ya no es necesario realizar estudios de impacto ambiental, lo que provocó la airada protesta de las comunidades indígenas y campesinas. La nueva Ley promueve la minería a cielo abierto.

Para mantener el control de las organizaciones de la sociedad civil, con la nueva ley las asociaciones sin fines de lucro deben publicar mensualmente la lista de todos sus donantes.

Una de las primeras medidas para combatir la nueva ley se libró en el plano legal, mediante un juicio de inconstitucionalidad  ante la Corte Suprema de Justicia, medida que resultó insuficiente.

Reacción popular en Changuinola

Desde mediados de junio, comenzó la repuesta popular, la que fue intensificándose al pasar los días. El 8 de julio miles de campesinos salieron a las calles de la provincia de Bocas de Toro, a exigir la derogación de la Ley No 30. Antonio Smith, trabajador indígena, fue la primera víctima mortal de este enfrentamiento.

El 3 de Julio los trabajadores de la construcción agrupados en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá (SUNTRACS) se sumaron a las protestas, paralizando la ampliación del Canal en la zona del Lago Gatún. El 10 de Julio los obreros bananeros de Changuinola, en Boca del Toro, organizados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA) se sumaron a la protesta nacional y fueron reprimidos brutalmente por la policía. No obstante, la presión de los obreros bananeros obligó al gobierno a sentarse a negociar.

Los representantes de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y la dirigencia del torrijista Partido de la Revolución Democrática (PRD) presionaron a un sector de la dirigencia del SITRAIBANA para que firmaran el acuerdo sin mediar consulta con las bases. El acuerdo que firmó la dirigencia de CONATO con el gobierno de Martinelli, causo mucha confusión, pero los obreros del banano en asamblea general del 12 de Julio mantuvieron la posición firme de mantener la lucha hasta la derogación de la Ley No 30

La lucha continúa

La represión dejo como saldo varios muertos, más de 100 heridos y muchos detenidos, y mucha inestabilidad política en un país que hasta hace pocas semanas aparecía como el más estable de América Latina

La Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo, es un frente de organizaciones y sindicatos, en la que participan el SUNTRACS, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), entre otras, y es la organización que ha estado encabezando la lucha por la derogación de la Ley No 30.

Durante el mes de Julio, se libraron varias huelgas, marchas, y se celebraron varios plenarios de dirigentes sindicales y populares. La movilización es el único camino que puede hacer retroceder al gobierno de Martinelli.