Por Olmedo Beluche

El aumento vertiginoso de todo tipo de delitos en Panamá es un hecho objetivo, no es un problema de percepción, como quieren hacer ver las autoridades para evadir su responsabilidad, cubriendo su incapacidad y fracaso también en este aspecto. El gobierno de Ricardo Martinelli juega en este asunto, como en todo lo demás, con el encubrimiento de las cifras reales, la mentira y la publicidad engañosa para hacernos creer el “vamos bien”. Pero si algo se puede decir a su favor, es que la creciente criminalidad trasciende al gobierno actual y es un mal que crece de manera directamente proporcional a la crisis institucional y la degeneración del estado “democrático”. Podemos consolarnos creyendo que aún no hemos llegado a los límites alarmantes que este hecho social alcanza en países como México, El Salvador o Venezuela, pero hacia allá marchamos inexorablemente.

La expansión epidémica del fenómeno por América Latina y el mundo, constituye otra evidencia de lo que algunos han denominado “crisis civilizatoria”, que en realidad es la crisis del sistema mundo capitalista en su agonía, y que pone al orden del día las palabras de Rosa Luxemburgo: “socialismo o barbarie”. Para el caso de Panamá, los datos evidencian una coincidencia en el tiempo entre el aumento exponencial de los delitos y la consolidación del modelo económico neoliberal impuesto por las agencias financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. Modelo que en nuestro país se consolidó en la llamada “era democrática”, ya que la aplicación del modelo neoliberal estuvo asociada a la génesis de la crisis del régimen militar, obligando a postergar su aplicación para los años noventa en adelante. Hay dos años decisivos en que la criminalidad pega un salto: 1995, con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y sus reformas laborales y privatizaciones; y 2007, con Martín Torrijos, cuando se consolida el esquema económico de país volcado a la especulación inmobiliaria y turística.

Sin embargo, la alta complejidad del fenómeno delincuencial debe alertarnos frente al simplismo de creer en una explicación unívoca, aunque es evidente que el crecimiento de las disparidades sociales promovida por el neoliberalismo, es el factor de mayor incidencia. Nos parece que, sin perder de vista que la mayor parte de este “hecho social” se debe a la creciente marginación y explotación económica, que se ceba principalmente en la juventud con altas tasas de desempleo, subempleo y empleos precarios, también el factor cultural juega un papel en crear una subcultura del delito, con su propio código de valores (o antivalores), lo cual dificulta todavía más su resolución en el largo plazo.

Lo que sí rechazamos de plano es la explicación facilista de las autoridades que culpan a la “familia” y a la “crisis de valores” para escamotear el verdadero origen del problema, la podredumbre del sistema capitalista. La crisis de valores es parte de la crisis del sistema y es general. La corrupción descarada y rampante, la impunidad, el enriquecimiento ilícito de los gobernantes, la venalidad de los jueces, son la escuela donde aprende nuestra juventud, que no es tonta y ve, que si tienes plata y un buen abogado puedes cometer cualquier delito y salir impune. Además del aporte cultural de los medios, como la televisión que, a través de novelas como “El cartel de los sapos”, enseña los códigos de conducta y las posibles lujos que se pueden alcanzar mediante el tráfico de drogas y que ningún trabajo honrado te proporcionará, pues ahí está el sacrificio de sus padres con cada día faena y el salario no alcanza más que para malvivir.

Los propios analistas del Estado establecen una correlación directa entre la alta criminalidad, en particular la juvenil, y la deserción escolar, que supera el 30% de los adolescentes en la educación media. Un gran porcentaje de esos jóvenes, contrario a épocas pretéritas, no abandonan la escuela para ir a trabajar. ¿A qué fábricas van a ir si la “apertura de mercado” ha llevado al borde la extinción a la industria y agroindustria nacionales? Muchísimos de esos jóvenes sobre todo en áreas urbanas, se convierten en carne de cañón para las mafias, ya que ni estudian, ni trabajan, pasando a ser el caldo de cultivo del crimen y masa corpórea de la subcultura delincuencial. O, como decían las abuelas, “de la ociosidad nace el vicio”.

Basamos los datos que aquí aportamos en dos documentos: 1. El último estudio que se conozca realizado por el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), que data de 2009; 2. En el reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre el Sistema Penitenciario, publicado en abril de 2011. Aparte de eso no hay información fehaciente disponible en Internet, ni siquiera del SIEC, ni de ninguna instancia oficial. Lo único son los anuncios de prensa periódicos realizados por la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad, respecto a cuyos datos entendemos que ha habido una polémica con el director del diario El Siglo, Jean Marcel Chery, quien sostiene que los informes oficiales no coinciden con los datos recabados por ese medio. Entendemos que el último encuentro de la APEDE, CADE 2011, trató el tema pero no se conocen las ponencias.

Si tomamos como primera referencia los homicidios, el más cruel de los delitos, tenemos que en 1990 se registraron 278, manteniéndose su tasa de crecimiento inferior al 5% anual hasta llegar a 1995, cuando sube a 377, para un incremento proporcional del 14.5%, y vuelve a saltar en 2008 cuando se cometieron 654 homicidios, para un incremento de 135% respecto a 1990. Según datos aparecidos en algunos medios de comunicación, en 2009, la cifra de asesinatos siguió escalando hasta 797 (un incremento del 187 % respecta 1990!!!) con un promedio 2.2 homicidios por día. Carecemos de datos confiables para el año 2010 y lo que va de 2011, pero consignamos que las autoridades afirman que han logrado una disminución.

La suma de los homicidios cometidos en los 20 años de régimen “democrático” totalizan 6,076, sin sumar los últimos dos años, una verdadera sangría. Podemos afirmar que la cifra de asesinatos por año se duplicó partir de 2007-2008, respecto a 1990, y no ha vuelto a bajar. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes alcanzó 19.3 en 2008, según el SIEC. Ahora debe ser más y acercándonos al promedio de la región, que es de 36 x 100 mil habitantes, según el Observatorio de Violencia de Centroamérica (OCAVI), citado por la Defensoría del Pueblo. El 70 % de este tipo de delitos se comete en el área metropolitana de la ciudad de Panamá y el 19% en Colón.

En 2008, el 91% de las víctima de homicidio fueron hombres y el 9% mujeres. En cuanto a rango de edad de las víctimas, tenemos que el 18% estuvo comprendido entre 20 y 24 años; el 12% entre 25 y 29 años; el 11.8% entre 30 y 34 años, el 9,2% entre 35 y 39 años, el 7.2% entre 18 y 19 años; y 6.4% entre 15 y 17 años. Si sumamos los rangos inferiores a 25 años de edad éstas totalizan un 32% de los casos, lo que pone de relieve que la juventud panameña es la principal víctima de esta sangría.

Respecto a hurtos, el estudio en mención sólo aporta datos a partir del año 2000, cuando se registraron 10,657 casos, para una tasa promedio en toda la década de 12,616.8 casos por año, alcanzando en 2008 los 16,608, es decir, un aumento del 55.8% respecto al inicio de la década. También es en la ciudad de Panamá donde se produce el 70% de los robos denunciados. Específicamente en los casos de robo a mano armada, en 2008, se registraron 4,512 asaltos. Para un incremento del 16.3% respecto al año anterior. Carecemos de datos para los últimos tres años.

Una forma de delito que ha crecido de manera exponencial, que evidencia la perversión prevaleciente entre la delincuencia, siendo de los más traumáticos para las víctimas que quedan afectadas para toda su vida, es el de los llamados “delitos contra la libertad sexual”, afectando mayoritariamente al sexo femenino. De 1990 a 2008 se registraron en total 17,419 atentados contra la libertad sexual, pero esta cifra fue creciendo exponencialmente de 255 en 1990 a 1,358 casos en 2008, es decir, un incremento del 532.5% en 20 años!!!

El desglose en la categoría de “delitos contra la libertad sexual” se da de la siguiente manera:

Violaciones 9,399 entre 1990 y 2008, partiendo de 185 en el primer año y llegando a 713 el último año (2008), para un incremento del 385.4%, en otras palabras, se multiplicó por cuatro;

Intentos de violación, 2,102 en esos 20 años, comenzando con 45 en 1990 y culminando 2008 con 121 casos, para un incremento 269%;

Actos libidinosos, total en 20 años 2,670, con 16 casos en 1990 y 201 en 2008, para un incremento del 1,256.2%!!;

Acoso sexual 169 registrados en esas dos décadas, pero 5 en 1990 y 38 en 2008, para un incremento de 760%;

Estupro 2,024 casos en 20 años, partiendo de 4 casos en 1990 y alcanzando 105 casos en 2008, con un incremento del 2,625%;

Corrupción de menores 1,053 casos registrados, empezando con cero casos en el 90 y llegando a 180 en 2008, es decir un aumento de 18,000 %!!

Otro problema conexo es que el sistema penitenciario panameño está colapsado y ha perdido por completo la función “correccional” que debía tener según aspiraban los positivistas del siglo pasado que lo diseñaron. Es de aceptación general que nuestras cárceles se han convertido en “Universidades del Crimen”, donde nadie se rehabilita, sino que sale peor de lo que entró. El infierno carcelario refuerza la subcultura del delito con sus largos castigos sin procesos judiciales, con el hacinamiento insoportable, la inmundicia generalizada, la mezcla de delincuentes de diverso nivel, la asignación de pabellones por pandillas, etc. Esta situación no es casual, en el esquema mental de la burguesía y sus políticos de la “era democrática” está presente lo que en sociología se llama “teoría del etiquetamiento”, por la cual los delincuentes son irremediables “outsiders” al sistema, por ende, lo que cabe es echarlos a un tinaco, llamado “cárcel”, para que se pudran.

Según el mencionado informe de la Defensoría del Pueblo, al 31 de enero de 2011 había en Panamá 12,508 reclusos en un sistema penitenciario con capacidad para sólo 7,395 reos, lo que implica un hacinamiento superior al 40%, con más de 5, 000 prisioneros que no caben. El 61% de ellos no ha sido condenado formalmente por un proceso judicial. Todos atendidos y vigilados por 374 custodios, mal formados y peor pagados, para un déficit de este personal especializado de 1,626 funcionarios.

Un dato dramático: mientras la tasa de crecimiento poblacional de Panamá en 2010 anda por el 1.55%, la tasa de crecimiento de la población penitenciaria alcanzó el 11%!!

La mayoría de los presos, 51% son menores de 30 años de edad, 29% de los cuales tienen menos de 25 años. De los más de 12 mil reos: 34% está detenido por delitos relacionados con drogas; 32 % por delitos contra la propiedad; 18 % por delitos contra la vida y la integridad personal y 8% por delitos contra la libertad sexual.

Por las cifras expuestas es evidente que la política neoliberal en este tema, conocida bajo el lema de la “guerra a la delincuencia”, ha fracasado y sólo sirve de excusa para el abuso de poder y la represión a las protestas sociales. El problema no se resolverá, ni se ha resuelto en ningún lado, simplemente con represión, con aumento de las penas, ni bajando la imputabilidad, ni recogiendo a los sospechosos con el “pelepolice” para depositarlos en el basurero llamado cárcel.

Admitir el fracaso de esta política no implica caer en la ingenuidad, tan criticada por la derecha mediática, de algunos defensores de derechos humanos que pretenden un modelo ideal que tampoco existe o no puede existir por el momento. El ciudadano común se siente inerme y aplastado por esta situación, por ello apoya a cualquiera que le prometa resolver el problema, no importa por qué medios. Esa es la fuerza de ciertas propuestas de la derecha. Para que el pueblo apoye la defensa de los derechos humanos para todos, incluidos los delincuentes, ésta debe estar asociada a la certeza del castigo y el final de la impunidad.

Una política integral (y no nos referimos al slogan del gobierno de Martín Torrijos) debe partir por lo primero: romper el modelo económico que está matando el desarrollo económico nacional y sumiendo a las mayorías en la miseria, y a nuestros jóvenes en la desesperanza. Esto implica repartir más equilibradamente la riqueza social que, para los de abajo significa en concreto: más empleos dignos y mejores salarios. Lo que a su vez requiere una industria y agricultura prósperas en la que se generen trabajos bien remunerados y permanentes.   En cinco palabras: acabar con el esquema neoliberal.

¿Quieren proteger a la familia? Que los padres y las madres tengan empleos estables y salarios justos. ¿No quieren que los niños crezcan en las calles? Se requieren más guarderías y escuelas estatales. ¿Quieren que la gente se eduque en valores? Saquemos los malos ejemplos de la vida pública, que empiecen por castigar a los corruptos barriendo todas las instituciones del Estado. ¿Acabar con la impunidad? Empecemos por lavar el sistema judicial y sancionar los delitos de cuello blanco. ¿Desean que los jóvenes se ocupen sus energías en actividades positivas? Fomentemos el deporte, las artes, las escuelas granjas y hasta el servicio militar obligatorio (que fue una forma de socialización muy eficiente en generaciones pasadas, en otros países, y no tiene que asociarse a “militarismo”). ¿Acabar con las maras o pandillas? Hay que darle en la cabeza a los reclutadores, los jefes de las mafias, que son quienes en verdad se enriquecen con el narcotráfico y que no viven en las “zonas rojas”. ¿Se quiere acabar con la ola de robos que ha atacado a todos los barrios de la capital? Que la Policía haga bien su trabajo, que cuide a los ciudadanos y no se escondan mientras los ladrones hacen sus fechorías. ¿Se desea que los que delinquen se regeneren? Convirtamos el sistema penitenciario en algo humano, en verdaderos centros de rehabilitación.

Nada de lo cual puede ser hecho por gobiernos y políticos cuyo único interés es la ganancia a costa de los bienes públicos. Hagamos el cambio, pero el de verdad, porque este pueblo no aguanta más.