Por Olmedo Beluche

El 20 de enero de 2014 se cumple el plazo impuesto por el consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC), encabezados por la española Sacyr, para suspender las obras de la ampliación del Canal de Panamá si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no se compromete a pagarles 1.600 millones de dólares de sobrecostos, que equivalen al 50% de lo pactado originalmente. Amenaza que ya ha sido cumplida en gran medida, ya que se informa que las obras se desarrollan a un tercio de su capacidad y que más del 70% de la fuerza laboral ha sido despedida.

El interés nacional de Panamá obliga a la Junta Directiva de la ACP a tomar medidas urgentes, que debieron tomarse desde el 1 de enero cuando se hizo pública la amenaza de GUPC: decretar la expropiación de las empresas en cuestión y nacionalizar las obras de construcción del tercer juego de esclusas. Cualquier dilación o salida intermedia sólo significará mayor daño a la economía panameña y un drenaje de fondos del canal hacia los bolsillos de un grupo empresarial que actúa al filo de la ley.

Jorge Quijano, actual administrador de la ACP, se ha tomado la molestia de explicar en detalle el conflicto con GUPC a los gremios empresariales como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE), pero manteniendo en la oscuridad al resto de la nación panameña, en particular a los gremios y organizaciones de la clase trabajadora. Esta actitud no es de extrañar, pues la Junta Directiva de la ACP está controlada y responde a los intereses de grupos empresariales y partidos políticos de la burguesía, estando los sectores populares carentes de cualquier representación en ella.

Por intermedio del presidente de la Cámara de Comercio se conoce que Quijano informó que el problema de Sacyr es que se encuentra "sin flujo de caja", "sin liquidez", es decir, está descapitalizada. De lo que pareciera colegirse que si la ACP le tira una toalla se resuelve el problema de la liquidez, el problema sería establecer el tamaño de la toalla.

Los panameños que saben sumar y restar se preguntan ¿Cómo es esto posible? Si la ACP le ha adelantado 2.831 millones de dólares de los 3.118 millones pactados en el contrato de 2009 (¿en cuantos negocios te pagan por adelanto?). O sea, GUPC ha recibido a la fecha 76.4% de los fondos comprometidos, pero sólo ha garantizado el 65% de las obras en la nuevas esclusas. Otros cálculos, como el del abogado Sidney Sitton, establecen que ya ha sido pagada por la ACP a GUPC la TOTALIDAD de la obra a punta de adelantos. Aún así, a la fecha, GUPC debe a subcontratistas, al menos, 238 millones de dólares, pero piden 1.600 millones más para terminar. Como decimos en Panamá: ¡Qué huevo!

Lo que está sucediendo es que Sacyr ha utilizado sus ingresos de la ampliación canal para tapar los enormes déficits que han llevado a la empresa al borde la quiebra. Por eso es que está descapitalizada. Déficit de Sacyr que llegaba a los 20.000 millones de dólares en 2008, antes del contrato con ACP y que la Junta Directiva del canal no podía ignorar cuando les concedió el contrato.

Y, digámoslo, porque seguro está relacionado: antes que la empresa panameña Constructora Urbana S.A. (CUSA), de la familia (lejana dice él) del entonces administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, liderara la creación de GUPC.

El presidente de Sacyr hasta 2011, Luis del Rivero, es un típico financista de esos que la crisis de 2007-2008 ha puesto en evidencia: un sinvergüenza involucrado en toda clase de jugarretas financieras, todas fallidas, pero costosas, no para él, sino para la empresa y sus accionistas: intentos por copar la directiva de BBVA, de adueñarse de la francesa Eiffage y de Repsol ("Así, así, así gana Sacyr", Javier G. Cuesta, El Mundo, 2/1/2013).

En 2011, Luis del Rivero fue sacado de la directiva de Sacyr al ser imputado por pagar 200 mil euros en sobornos al financista del Partido Popular (partido de Mariano Rajoy, primer ministro actual), Luis Bárcenas (preso actualmente) para obtener un contrato para una filial en Toledo. ¿Algo tendrá que ver esto en el interés de la ministra de Fomento española para apersonarse hasta Panamá para defender los intereses de Sacyr?

En fin, que se está tratando con una pandilla de sinvergüenzas, el que lo dude que mire la cara y los actos de Manuel Manrique, buen amigo de Luis del Rivero y actual director de Sacyr, además aparente amigazo del actual ministro de Turismo panameño a quien atendió en un viaje misterioso a Madrid poco antes de tomar posesión Ricardo Martinelli.

Que empresarios internacionales pretendan "hacer su agosto" a costa del Canal de Panamá no es nada nuevo, y viene sucediendo desde el siglo XIX, cuando empezaron las obras del llamado "Canal Francés", con el robo de fondos de miles de accionistas franceses por los administrativos de la Compañía Universal (que vinieron a "hacer su Panamá") y que derivó en la cárcel para el hijo de Fenand de Lesseps y otros.

Para no mencionar el negociado posterior, dirigido por el abogado neoyorkino William N. Cromwell por el que un poderoso grupo empresarial hizo un buen negocio con la separación de Panamá de Colombia y la imposición del Tratado Hay Bunau Varilla. Ni qué decir de los beneficios obtenidos por EE UU con el canal mientras Panamá recibía una cifra risible.

Por esa razón, desde el Movimiento Popular Unificado (MPU) hemos propuesto los siguiente:

1. No dar ninguna confianza a la Junta Directiva de la ACP ni a su administrador porque no representan los genuinos intereses de nuestro pueblo y porque han actuado de espaldas al país incluso en la aprobación del contrato de marras con GUPC;

2. No pagar un centavo más a GUPC y exigir la nacionalización de las obras y la expropiación de los bienes de Sacyr y sus socios a la vez que el pago de la garantía depositada en una aseguradora europea;

3. Que la ACP continúe las obras con asesoría de ingenieros expertos nacionales e internacionales;

4. Exigir una Comisión Independiente con representación de los sectores populares que estudie lo sucedido, establezca si hubo dolo y defina el curso de acción;

5. Modificar el Título Constitucional que rige a la ACP para que su Junta Directiva esté bajo control obrero y nacional y no responda intereses pecuniarios de la oligarquía panameña.