Una comprensión cabal de la realidad panameña no es posible sin analizar la situación internacional.

Una crisis capitalista que amenaza la vida en el planeta

El mundo capitalista de 2019 está marcado por una crisis crónica que dura décadas y que este año se expresa como estancamiento económico, y una muy probable recesión para 2020. Los años de reactivación moderada de algunas economías imperialistas, luego de la crisis de 2007-08, se han caracterizado por el “crecimiento sin empleo”. Lo cual ha significado un deterioro de la calidad de vida de la mayor parte de la humanidad y una mayor concentración de la riqueza en manos del 1% más rico del planeta.

La voracidad capitalista por mayores ganancias no solo empobrece a la clase trabadora y a la masa de desempleados, sino que está dispuesta a arrasar el militarmente países y regiones por controlar los recursos naturales, como el petróleo del Medio Oriente, quemar la Amazonia para convertirla en campos de soja, o ser indiferente ante el calentamiento global y sus consecuencias catastróficas.

En lo político, podríamos resumir la situación diciendo que hay una feroz ofensiva de la burguesía contra los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora mundial, ofensiva que se estrella contra la resistencia popular y muchas formas de lucha en todos los países. El problema es que, al no haber una dirigencia política creíble que encamine las luchas y resistencias hacia una alternativa anticapitalista, es decir, socialista, se produce un estancamiento en el que todo se deteriora, pero no se avizora una salida. Cundiendo en muchos sectores el escepticismo, que los revolucionarios debemos combatir con el optimismo que da la solidaridad humana.

Ofensiva derechista y crisis del progresismo, la disputa por la renta nacional

Esta situación se ha expresado de manera negativa contra los países dependientes, en particular América Latina, mediante una caída significativa de los precios de las exportaciones de materias primas, una crisis presupuestaria y fiscal generalizada, y una pauperización de los pueblos.

Un derivado político de esto ha sido la crisis de los llamados gobiernos “progresistas” de la región, a partir de 2015, los cuales han perdido buena parte de la renta de las exportaciones de materias primas, como petróleo, lo que ha llevado a la crisis los presupuestos nacionales con los que se financiaban los programas sociales (“Transferencias Condicionadas”). Los buenos precios de las exportaciones permitieron al progresismo sustentar programas sociales sin tocar los intereses de la burguesía nacional.

Hoy las burguesías, aupadas por el imperialismo yanqui se lanzan a una ofensiva derechista por controlar los gobiernos, expulsar a los partidos progresistas por cualquier medio (golpes blandos, judicialización de la política, fraudes electorales) para controlar el presupuesto y la “renta nacional” a su favor.

La crisis latinoamericana y del “progresismo” tiene su punto más álgido en Venezuela. En ese país se combinan: el más burdo intervencionismo  imperialista tratando de forzar un golpe de estado o una invasión extranjera apelando al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con el boicot político de la derecha y el sabotaje económico descarado de  la burguesía; junto con la dramática incapacidad del gobierno para superar la crisis derrotando a la derecha, en parte porque le ata las manos a la llamada “boliburguesía” corrupta, que ha medrado del proceso bolivariano estos años, y porque teme apelar a verdaderas medidas socialistas.

El resultado es una caída catastrófica del nivel de vida de la clase trabajadora venezolana y sus derechos económicos y sociales. En ese país todas las opciones están abiertas, desde una agresión militar hasta una salida negociada, que ya de hecho ha empezado. Pero desde el movimiento popular y obrero hay que bregar por la salida revolucionaria, que recupere los ideales bolivarianos para imponer una salida verdaderamente socialista.

Centroamérica, el final de la etapa de los “acuerdos de paz”

En América Central, donde lo más “progresivo” que hubo fue el gobierno burgués del FSLN- Daniel Ortega, ha terminado el largo periodo de estabilidad marcado por los Acuerdos De Paz de los años 90, que pusieron fin a las guerras civiles y convirtió los grupos guerrilleros en partidos electorales, pero sin resolver las profundas causas sociales de la guerra.

La crisis ha escalado al punto de que, por un lado, los gobiernos solo logran funcionar a cambio de un endeudamiento continuo; por otro, un deterioro social enorme, cuya expresión más visible han sido las decenas de miles de migrantes que componían las enormes caravanas que marchaban a inicios de año hasta la frontera con Estados Unidos.  Además, la violencia política, sin dejar de existir, ha catapultado la violencia social de las maras y las mafias, estrechamente relacionadas con los estamentos políticos y militares.

El deterioro económico y social ha tenido su correlato en una creciente crisis política y movilización social. Las dos caras opuestas y complementarias de esa crisis son Honduras y Nicaragua.

Desde 2009, luego del golpe de estado contra Manuel Zelaya dirigido por EE UU, Honduras se ha convertido en la vanguardia de la lucha popular. Lucha que ha tenido un nuevo salto de calidad contra el fraude electoral por el cual se impuso a Juan Orlando Hernández en la presidencia (2017); lucha que ha costado la vida a decenas de activistas, la más conocida, la compañera Berta Cáceres.

La otra cara de la moneda lo es Nicaragua, donde la juventud universitaria y popular se sublevó, en 2018, contra las medidas neoliberales contra las jubilaciones del gobierno FSLN-Ortega-Murillo. La lucha popular alcanzó ribetes que no se veían desde la Revolución Sandinista de 1979. La forma que tuvo el gobierno de aplastar la revuelta fue una dura represión con una matanza de entre 300 y 500 jóvenes, con centenares de presos políticos y miles de refugiados en el extranjero.

Guatemala, El Salvador y Costa Rica, aunque en menor media, también han visto un despertar de las luchas populares. En Guatemala, la movilización encabezada por los estudiantes de la Universidad de San Carlos ha tenido como eje la denuncia de la corrupción, que ha llevado a la cárcel a las autoridades del anterior gobierno. En El Salvador, diez años de gobierno del FMLN no produjeron ningún cambio favorable para el pueblo, ni siquiera en los derechos de las mujeres salvadoreñas, lo cual condujo a repudio electoral contra ese partido y en el nacimiento de la figura presidencial de Nayib Bukele, un “bolsonaro”, salido de las propias filas del FMLN.

En Costa Rica, la que llamaban la “Suiza de Centroamérica”, la vieja prosperidad se ha ido al traste, lanzando en este último año el gobierno “progresista” del PAC un duro ataque contra los derechos a la organización, la huelga y los salarios de los trabajadores del sector público, que ha tenido como respuesta huelgas de funcionarios, docentes y estudiantes de secundaria.

Panamá, ajuste fiscal contra los pobres

Panamá no escapa ni a la realidad mundial, ni a la centroamericana. Aunque hubo 15 años de extraordinario crecimiento económico, basado en el aprovechamiento capitalista de cada rincón de la zona de tránsito y del canal, las disparidades sociales no se redujeron, sino todo lo contrario: Panamá es uno de los 10 países más desiguales del mundo.

Para exprimirnos al máximo, la burguesía añadió al crecimiento un fuerte endeudamiento nacional que ha hipotecado a futuro al propio Canal de Panamá, elevando la deuda externa de poco más de 10 mil a unos 30 mil millones de dólares en la actualidad. De modo que al asumir el gobierno de Laurentino Cortizo alegando una crisis presupuestaria, dice una verdad a medias. Porque para tapar el agujero fiscal hace recortes sociales por más de 1,500 millones (en salud y educación), pero no obliga a pagar impuestos al considerable “club de los exonerados”, constituidos por empresas y capitalistas que controlan los negocios más rentables del llamado “hub logístico”.

De manera que la clase trabajadora panameña no se benefició de los años del boom, pero ahora tiene que pagar la crisis. El ajuste presupuestario es apenas la punta del iceberg respecto al conjunto de medidas antipopulares que se proyectan: reforma a la Caja de Seguro Social, aumento de la edad de jubilación, recortes a los programas sociales, privatizaciones vía Asociación Público Privada, etc.

La ACP y el canal “ampliado” amenazan las tierras de humildes campesinos

El otro ataque que se viene es la expropiación de tierras de humildes familias campesinas en Coclé del Norte, Panamá Oeste y Colón para la creación de embalses, ahora mal llamados “reservorios”, que lleven agua del Río Indio hacia el lago Gatún.  Ahora se demuestran las mentiras de la directiva empresarial de la ACP, y los gobiernos de Torrijos, Martinelli, Varela y Cortizo. Las nuevas esclusas ampliadas se están consumiendo rápidamente el agua del lago Gatún, lo que demuestra que fue una obra mal planificada.

La solución de la oligarquía es la que siempre tuvieron y contra la que se luchó hace más de diez años, y que hipócritamente retiraron para imponerla “ampliación”: arrebatar a los habitantes las tierras de la llamada cuenca occidental del canal, sacarlos y construir grandes lagos. Un proyecto que sigilosamente se ha venido implementando, sin consulta con las comunidades.

Más de 60 comunidades y unos 20,000 habitantes están amenazados de desalojo por la ACP y el gobierno. Ellos se han reorganizado en la Coordinadora Campesina por la Vida, han empezado a luchar y movilizarse. Cuentan con el apoyo de Polo Ciudadano y de todo el pueblo panameño.

Ante las reformas antidemocráticas a la Constitución, Frente Por Asamblea Constituyente originaria

Como sucede en todos lados, también en Panamá crece el descrédito del sistema político, sus partidos y figuras. La gente al ver el deterioro creciente de sus niveles de vida y la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas más elementales (salud, educación, recolección de basura, suministro de agua, etc.) cada vez confía menos de los políticos tradicionales, a los que considera corruptos. El periodo de “luna de miel” al inicio de cada gobierno es cada vez menor. El gobierno del PRD-Cortizo no ha cumplido los tres meses en el cargo y ya la gente dice que “pasamos del tortugón al cangrejo”.

Una de las maniobras adoptadas por el gobierno de Cortizo-PRD para escamotear el deseo popular de un cambio político que barra al régimen corrupto, nacido de la invasión yanqui de hace treinta años, es la imposición de una reforma constitucional antidemocrática. Se ha tomado una propuesta hecha por un organismo nombrado de a dedo, la Concertación, sin legitimidad para reformar la constitución, y se pretende pasar su contenido por la Asamblea Legislativa desprestigiada.

El Polo Ciudadano, junta a diversos sectores gremiales, hemos apoyado la convocatoria de la Central Nacional de Trabajadores (CNTP) para crear un Frente Nacional por la Constituyente originaria. Organismo que debe agrupar a un amplio espectro popular, con criterios inclusivos y democráticos, para luchar por la Constituyente y por las otras demandas del campo popular.

Se requiere un organismo popular unitario que guíe las luchas

La aplicación de las políticas neoliberales también encuentra fuerte resistencia en Panamá, con decenas de luchas semanales descoordinadas y fragmentadas, lamentablemente. Las comunidades luchan por el agua o el arreglo de las calles, los padres de familia y los docentes por las escuelas, los pacientes y personal de salud por la atención en clínicas y hospitales. Los indígenas han luchado contra las hidroeléctricas y mineras, y la clase trabajadora por los salarios.

Lamentablemente el país carece de un organismo asambleario que unifique, coordine y dirija las luchas, lo cual explica que no haya movilizaciones contundentes, como las de 2005 en defensa de la Caja de Seguro Social. Esta debilidad orgánica haya su correlato político en la ausencia de una propuesta política de izquierdas en el país, así como explica en parte los fracasos de 2014 y 2019 del FAD.

El Polo Ciudadano: una voz comprometida en defensa de las demandas populares hacia un proyecto político alternativo popular y socialista

En esta situación, el reto del Polo Ciudadano es ser el movimiento más consecuente en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y por ello de la construcción de una alternativa política que exprese los intereses de los explotados, los oprimidos, los discriminados y los descartados por el capitalismo decadente.

El  Polo Ciudadano se compromete a luchar por la defensa: de los derechos económicos y sociales; de la salud y la educación públicas; de los derechos sexuales y reproductivos; de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; de los derechos nacionales de los pueblos originarios; de la democracia y sus libertades para todos/as, donde se permita a todos y todas expresar libremente su opinión, en particular la voz de la juventud; de la naturaleza como un bien perteneciente a toda la humanidad presente y futura.

Frente a la austeridad antipopular de Nito, exigimos reforma fiscal progresiva, que los ricos paguen impuestos. Defensa de la Caja de Seguro Social, no a su fragmentación. No al aumento de las cuotas y de la edad de jubilación. Solidaridad con la Coordinadora Campesina por la Vida, contra la ACP y sus “reservorios” inconsultos. En este 30 aniversario de la Invasión Norteamericana de 1989, exigimos más que nunca: Ni olvido, ni perdón, exigimos investigación de la verdad y 20 DE DICIMBRE, DUELO NACIONAL!

Lucha que solo podrá ser victoriosa apelando al método de la “unidad en la diversidad” con democracia popular.

POLO CIUDADANO

Acto Conmemorativo del V Aniversario de Fundación

Septiembre de 2019