Por Olmedo Beluche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene afirmando desde diciembre pasado que el Canal de Panamá está en manos de China, y así lo han reiterado diversos funcionarios de ese país. Además de que el canal estaría administrado por el “Partido Comunista chino”, ese país poseería dos bases militares en sus riberas, los puertos de Balboa y Cristóbal, y estaría cobrándose tarifas altas a los buques norteamericanos que pasan por aquí, según Trump. “Algo grande va a pasar”, ha deslizado como amenaza Trump, si Panamá no cambia la situación descrita según él.

Aunque entre la ciudadanía panameña tales afirmaciones han caído entre lo risible para algunos y el estupor para otros, las amenazas del jefe del imperialismo norteamericano han levantado un gran debate en el país respecto a quién controla y quién se beneficia del canal. Un debate que es completamente legítimo y necesario.

Las opiniones están divididas, entre quienes desde una conciencia nacional forjada en la lucha por la soberanía contra lo que fue la Zona del Canal y el Tratado de 1903; y los que afirman que el canal está en manos de una oligarquía parásita que le chupa la riqueza a la vía acuática. Estos últimos llegan a decir, incentivados por “call centers” de extrema derecha, que salgan esos oligarcas a defender el canal frente a Trump y, hasta que prefieren “que lo manejen los gringos”. Unos y otros tienen parte de razón.

Por un lado, 90 años de administración norteamericana del canal no beneficiaron a Panamá, que apenas recibió US$ 1,800 millones de ingresos en ese período; mientras que es evidente que en 25 años de administración panameña ha ingresado al erario más de US$ 28,000 millones. El producto interno bruto del país creció espectacularmente, desde unos 10,000 millones hasta los 83,000 millones de dólares actuales.

Por otro lado, es cierto que la estructura económica del capitalismo panameño fomenta una creciente desigualdad social en la que una oligarquía financiera y sus socios internacionales se quedan con “la parte del león”, mientras al pueblo solo le llegan migajas de esa riqueza.

Los ingresos del canal están siendo utilizados, además de la corrupción y los cuestionables contratos públicos, para subsidiar a la gran burguesía panameña que parasita al país entre las exoneraciones y la evasión fiscales. Todo el sector logístico, relacionado con la explotación de la posición geográfica, está exonerado. La evasión fiscal anual oscila entre los US$ 300 millones, según DGI, hasta sobrepasar los US$ 1,000 millones, según economistas como Juan Jované.

Evidencia del manejo oligárquico del Canal de Panamá, es que el presidente José Raúl Mulino, en medio de la crisis nacional generada por las declaraciones Trump, acaba de nombrar a tres nuevos miembros de la Junta Directiva que son: Domingo Latorraca, ex viceministro de economía y representante de las firmas Elemente y Deloite dedicadas a la especulación financiera; Diego Herrera, de la poderosa firma de abogados Galindo, Arias y López, con negocios similares a la otra firma de los famosos “papeles de Panamá”; y Jorge Vallarino, gerente general de Global Bank y ex presidente en México de Merril Lynch & Co.

¿Cómo es posible que la Junta Directiva del Canal de Panamá no exprese al conjunto de la nación, sino solo al capital financiero? Para esto hay que recordar que la invasión del 20 de Diciembre de 1989 fue realizada por Estados Unidos, no para “traernos la democracia", sino con cuatro objetivos: imponer el modelo económico neoliberal (Acuerdo de Donación de 1990); imponer un régimen político títere a los intereses de Washington con apariencia democrática (alternancia electoral); acuerdos de seguridad que reemplazaran a las bases militares; y el control de la administración del canal por gente confiable para Estados Unidos (título constitucional de 1994).

Gracias al título constitucional del canal, pactado por las facciones burguesas panameñas bajo la tutela norteamericana, las facciones que controlan los gobiernos de turno nombran a sus allegados y quienes les financian las campañas electorales, los cuales representan fracciones del capital financiero panameño. Desde esa junta directiva toman decisiones sobre el presupuesto canalero que no son sometidas a escrutinio público. Por ejemplo, en el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas, a un costo de más de US$ 5,000 millones, participó un consorcio del que hizo parte una empresa de la familia del entonces administrador del canal en un evidente caso de conflicto de intereses.

Sin aceptar los absurdos argumentos de Donald Trump, también es cierto que el contrato entre el estado panameño y la empresa Hutchinson Port, de origen hongkonés, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, es completamente abusivo y un atraco para el país. Por lo cual es correcto que se audite y que se exija su nacionalización. Pero este criterio es extensivo a TODOS los contratos portuarios en el canal y a las concesiones de marinas y resorts otorgadas por la Panamá en las riberas del canal. Incluyendo la otorgada a Louis Sola, agente de Trump en Panamá, en la isla de Flamenco.

A quienes, sobre la base de la realidad descrita, que evidencia la manipulación del canal y sus riquezas por una oligarquía financiera y sus socios internacionales, creen que la intervención de Donald Trump en Panamá será contra los corruptos, hay que recordarles que la intención del presidente yanqui impondrá el saqueo norteamericano, como el ocurrido entre 1903 y 1999. Los corruptos son amigos de los intereses imperialistas desde antes del 3 de Noviembre de 1903, durante todo el siglo XX y hoy gobiernan gracias a la invasión yanqui de 1989. Los corruptos hablan inglés y están dispuestos a entregarle el país a Trump, como ha empezado a hacer Mulino.

Las fuerzas populares de Panamá y su vanguardia política levantamos la defensa consecuente de Panamá y su canal frente a las amenazas imperialistas de Donald Trump, pero eso no implica la defensa de la actual estructura jurídica, política y económica del canal, ni de sus directivos, ni del gobierno de Mulino, ni la oligarquía que le rodea. Ellos son vendepatrias.

Defendemos el canal, pero para construir un nuevo proyecto de país distinto, sin banqueros y abogados corruptos, con un canal al servicio del pueblo, cuyo presupuesto sirva para compensar el enorme déficit social que padecemos, un canal donde se haga realidad la promesa incumplida de que tenga “el uso más colectivo posible”.