La Dirección Nacional del Movimiento Nueva Democracia hace pública su posición referente a la iniciativa del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y la incorporación, por invitación de éste, del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, para buscar solución a la grave crisis, económica, política y social que enfrenta la sociedad hondureña, agravada por el golpe de Estado y que mantiene al régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa imposibilitado de ejercer una normal administración del Estado.

Los hechos, hasta ahora evidenciados, nos muestran un proceso de negociación entre las partes: Porfirio Lobo y el Coordinador y Sub Coordinador Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular, José Manuel Zelaya Rosales y Juan Barahona, respectivamente, y una mediación que ha asumido el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, aceptada solamente, por tres miembros de los cuarenta y uno que actualmente integran la Coordinación Nacional del Frente.

Para la negociación se han hecho públicas cuatro puntos: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el retorno de los exiliados, el reconocimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular como una fuerza beligerante y política para poder participar en elecciones y el respeto a los derechos humanos. Desconocemos cual será el desarrollo y profundización de cada uno de esos puntos al momento de la negociación, pues todo se desarrolla a espaldas del principal actor e implicado, el movimiento nacional de resistencia popular.

Ante estos hechos es obligatorio reflexionar sobre las implicaciones que esta negociación y mediación traerá para el país y para el Frente Nacional de Resistencia Popular.

No desconocemos la participación que los Estados Unidos tuvo en el golpe de Estado, en las acciones encaminadas a lavar el mismo y ahora en los esfuerzos por convencer a la comunidad internacional, sobre todo latinoamericana, del cumplimiento por parte del régimen de facto de Lobo Sosa, de todas las condiciones impuestas por la OEA para lograr la reincorporación de Honduras ante ese organismo. Sin embargo, el imperio sabe el obstáculo que representan para el logro de ese objetivo la posición de algunos países integrantes de UNASUR y el ALBA, por ello hace surgir la iniciativa de uno de sus aliados más cercanos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos quien propone la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez, para llevar a cabo la negociación con posibilidades de éxito.

Pero, las y los hondureños sabemos que el golpe de Estado ha provocado muerte, persecución, tortura, exilio, impunidad y retroceso en la vida institucional, pero también, una clara convicción de la necesidad de transformar las estructuras de poder de una oligarquía que por años nos ha mantenido víctimas de la explotación, el sometimiento y la opresión. Por eso, la solución a nuestra problemática no puede venir desde fuera, solo el pueblo hondureño, organizado en esa nueva estructura que nos ha dejado el golpe, el Frente Nacional de Resistencia Popular, concientizado, armado de creatividad y capacidad de lucha, podrá encontrar el camino que nos conduzca a lo que anhelamos. De ahí que cualquier negociación y mediación solo puede ser posible y efectiva si parte de las aspiraciones y legítimas demandas que abrigamos la inmensa mayoría del pueblo hondureño, de lo contrario estaríamos renunciando al derecho de la libre autodeterminación de nuestro pueblo.

En cuanto a las implicaciones de la negociación para el Frente Nacional de Resistencia Popular, no visualizamos cambios en el régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa que nos lleve a pensar que pueda convencer a la ultraderecha hondureña, enquistada en el gobierno, los órganos de justicia y de represión, a reconocer el golpe de Estado como paso previo para permitir el cumplimiento de los puntos mencionados y las garantías necesarias para transitar hacia las transformaciones que el pueblo hondureño, aglutinado en el FNRP, demanda.

Pensamos además que tal como están esbozados los puntos, implica un peligroso cambio en la línea estratégica del Frente y un irrespeto a decisiones de Asamblea orientadas, hasta ahora, hacia el logro de una constituyente originaria y popular planteada desde la perspectiva de una auto convocatoria con el fin de concientizar y potenciar al pueblo, como el soberano que es, capaz de construir una nueva constitución para transformar la sociedad hondureña. En cambio, solicitar la convocatoria a los poderes constituidos, nos conduciría a una constituyente derivada que desde la perspectiva de la oligarquía, no permitiría más que una reforma constitucional que no modificaría sustancialmente el actual orden institucional.

En cuanto al retorno de las y los exiliados es imposible que el régimen, los órganos represivos y de supuesta justicia, permitan y garanticen el retorno seguro de todas y todos los que se han visto obligadas y obligados a abandonar el país debido a la persecución con amenazas de muerte o por la imputación de delitos con marcado tinte político. Lo más que están dispuestos a ceder, presionados por las circunstancias, sería el retorno del ex presidente Manuel Zelaya Rosales a quien, una vez dentro del país, no sería extraño que intenten nuevamente atentar contra su seguridad jurídica y física para apartarlo del ejercicio político.

El reconocimiento del Frente como fuerza beligerante y política, con capacidad para participar en elecciones, no deja claro si se trata de hacer realidad la intención de convertir el Frente en un “Frente Amplio Político Electoral”, aspiración ya derrotada en la Asamblea del 26 de febrero o permitir su inscripción como Frente para participar como tal, en elecciones. Es previsible la aceptación de ese reconocimiento pues ello representaría un triunfo de la oligarquía golpista, que de hacerlo, no solo lograría la legitimidad que necesita, nacional e internacionalmente, sino que aseguraría su continuidad en el poder, ya que nada garantiza la trasparencia y el triunfo en un proceso electoral con las actuales instituciones y reglas de juego controladas por ella.

El respeto a los derechos humanos, sin desmontar las estructuras del golpe, especialmente del aparto represivo y judicial, es otra demanda imposible de cumplir por parte del régimen de facto y dictatorial de Porfirio Lobo, quien cada vez ha ido permitiendo y fortaleciendo la criminalización de la protesta y el establecimiento de una sociedad militarizada bajo el argumento de la existencia de grupos armados nacionales y extranjeros y de garantizar la seguridad y el orden público.

Ante este difícil panorama, nada favorable para el Frente, es saludable, en lugar de crear falsas expectativas, continuar el desarrollo de la lucha por los objetivos estratégicos y las acciones programadas en torno a la auto convocatoria del proceso constituyente como mecanismo para lograr la consolidación organizativa del movimiento nacional de resistencia, elevar el nivel de conciencia crítica y articular las diferentes acciones, demandas y aspiraciones de nuestro pueblo para exigirlas desde las calles, a nivel local, regional y nacional.

En conclusión, la actuación del actual régimen dictatorial que pide reconciliación, olvido del pasado, no castigo para nadie, diálogo e incumplimiento de acuerdos negociados, es prueba más que evidente que obliga a pensar que no existe voluntad, decisión ni capacidad para reconocer el golpe y adquirir compromisos que conduzcan a una solución real y concreta de la problemática que padece el pueblo hondureño.

Condicionar la reincorporación de Honduras a la OEA, obligando al régimen a cumplir con acciones necesarias y suficientes para el retorno de la institucionalidad, rota por el golpe de Estado y, por tanto, el desmontaje del golpismo y castigo a los culpables, sería la tarea de una negociación y mediación que pretenda ser congruente con la democracia, la paz y la justicia que reclamamos todos y todas para Honduras, Latinoamérica y el mundo.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL MOVIMIENTO NUEVA DEMOCRACIA

ABRIL 2011