NO PUEDE HABER DESARROLLO SIN ENERGÍA

La privatización del servicio de energía eléctrica en Guatemala en la década de los 90, abrió la puerta para una serie de abusos y arbitrariedades en contra de los usuarios en general, siendo los más afectados la población pobre, particularmente la población indígena del país. En la actualidad, cualquier empresa nacional o transnacional con el capital suficiente puede venir a apropiarse de todo lo que conlleva la prestación de este servicio y poner lo precios que considere y los mecanismos de coacción contra la población, los que se reflejan en:

      Los precios altos en el servicio.

      El cobro de multas a los consumidores por parte de la empresa.

      Muchas comunidades indígenas en el interior del país no cuentan con acceso a este servicio.

      Solamente en el periodo de un año (2009-2010) se presentaron aproximadamente 382,000 denuncias de diferente razón por parte de los usuarios.

      La exclusión constante de los pueblos indígenas, puesto que la electricidad es base fundamental para que estos puedan desarrollarse integralmente.

Este escenario empieza a debelar una serie de situaciones que desde el marco regulatorio del sistema de generación, transporte, distribución y comercialización eléctrica afectan directamente a la población.

1.     Guatemala registra las tarifas eléctricas más altas de Centroamérica;

2.     La generación eléctrica depende mayoritariamente de hidrocarburos, provocando altos índices de contaminación;

3.     Se socializan los gastos y se privatizan las utilidades;

4.     El marco jurídico que regula el proceso, desde la generación hasta la comercialización eléctrica, es poco transparente y permite una serie de privilegios que  pagamos los consumidores.

No puede haber desarrollo sin energía; el alto costo de las tarifas afecta particularmente a los pueblos indígenas en cuanto a su derecho al desarrollo libremente determinado, ya que sufren los índices más altos de exclusión y pobreza del país.

 

De tal forma, los pueblos indígenas, o no pueden pagar el servicio de energía eléctrica o habitan en áreas remotas donde el tendido eléctrico aun no llega. Esta situación se vio agravada por la transnacional Unión FENOSA, contratada por el Estado en 1,998 para el servicio de distribución eléctrica en el interior del país en donde vive población mayoritariamente indígena. Esta empresa ha realizado una constante de abusos e ilegalidades contra la población, la cual exige respeto a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Unión Fenosa llega a Guatemala en 1998 ganando con 101 millones de dólares un concurso para la prestación del servicio eléctrico. Para evitar ser acusada de monopolio, creó dos filiales: una que cubría la zona occidental (Deocsa) y otra la oriental (Deorsa), abarcando de esta manera 20 de los 22 departamentos de Guatemala. En mayo de 2011 el fondo británico ACTIS adquirió las acciones de UNION FENOSA (firma Gas Natural) por casi 500 millones de dólares. De esto no se ha querido hacer mayor comentario, y se produce tras una serie de sombríos sucesos que incluyen amenazas e incluso asesinatos de dirigentes comunitarios.

Sordos y ciegos han sido los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE- ante la problemática que afecta a la población en materia de la prestación del servicio eléctrico y en relación con todo lo derivado del actuar de Unión Fenosa. Es evidente la inconformidad en la población en cuanto al alza de los precios y la serie de cobros ilegales. Producto de esta inconformidad se han dado muchas manifestaciones de rechazo a Unión FENOSA, ahora ACTIS. Y nos preguntamos:

      ¿Por qué Unión Fenosa se va impune y con ganancia?

      ¿Qué pasa con todo el robo que a diario cometió Unión Fenosa?

      ¿Qué pasa con todo el daño que Unión Fenosa cometió contra miles de ciudadanos guatemaltecos?

      ¿Qué pasa con todo el mal que Unión Fenosa sembró en perjuicio de cientos de miles de familias en toda Guatemala?

      ¿Quien pagara todas las perdidas que ha sufrido la población al perder sus aparatos electrodomésticos por los constantes apagones?

      ¿A quien se responsabilizara de los asesinatos a dirigentes comunitarios?

Durante el proceso de organización de las comunidades se han dado espacios de análisis e identificando alternativas, entre de otros aspectos ¿como se pueden entablar las acciones legales que permitan encontrar solución a estas situaciones?

En tal sentido, CNP-TIERRA se plantea para este 23 de enero  de 2012 a las 10:00 horas aportar sus esfuerzos encaminados al apoyo de la población, e interponer una Acción de Inconstitucionalidad parcial contra La Ley General de Electricidad por ser lesiva  a los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, especialmente en su artículo 5.

El Artículo 5 se refiere a la integración de la CNEE la cual esta compuesta sin representación del sector consumidor, lo cual facilita y permite una serie de abusos que afectan directamente a la población pobre y principalmente a la indígena en todo el país.

CNP/TIERRA, se suma al llamado a la lucha, a la unidad del pueblo organizado, en contra del aumento, robo, explotación y abuso que cometen autoridades estatales, la Empresa Eléctrica de Guatemala y la empresa extranjera ACTIS, antes  UNION FENOSA (DEORSA y DEOCSA)

Al unirnos y respaldar estas luchas, hacemos público nuestro rechazo a  la privatización y nos unimos a la demanda por la Nacionalización de la Energía Eléctrica, de tal manera que sea el Estado el que centralice la generación, distribución y prestación de los servicios.

POR LA JUSTICIA AGRARIA; EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

CNP-TIERRA, PRESENTE

Enero de 2012