La culpa de la enorme ola de contagios y muertes por COVID-19 es del gobierno y las cúpulas empresariales por privilegiar los negocios sobre la salud pública

Las cifras de expansión del virus de la COVID-19 en Panamá han alcanzado niveles críticos, convirtiéndonos en uno de los países del mundo con peor situación, pese a nuestra relativa escasa población, de 4 millones de habitantes. Hemos llegado a los últimos días de diciembre de 2020, con más de 40,000 casos activos de la infección, lo que implica que el 1% de la población porta el virus activo en este momento.

A inicios de la última semana del año, quienes han padecido la enfermedad superan las 230,000 personas, es decir, casi el 6% de la población la ha padecido a lo largo de 10 meses. La semana de las Navidades el promedio de casos por día se acercó a los 2,700, con 45 hospitalizados diarios y un promedio de muertes de 39 casos por día. Antes de acabar el año habremos superado los 4,000 fallecimientos por COVID-19 desde que empezó la epidemia, es decir, el 0.1% de la población.

Una buena parte, tal vez la mayoría, de estos contagios y muertes se hubieran podido evitar si el gobierno del PRD-Cortizo no hubiera cedido al chantaje de los gremios empresariales, que exigieron desde octubre que no se volviera a medidas de restricción de movilidad, cuarentena y cercos sanitarios. Para las cúpulas empresariales había que poner los negocios por encima de la salud pública y el gobierno les obedeció.

El MINSA, para complacer los negocios, en vez de fortalecer la política preventiva y la atención primaria se la jugó todo a ampliar la cantidad de camas y “catres” en los hospitales, con lo cual asumían como un hecho lo que está pasando: una segunda ola peor que la primera.

Es una vergüenza que un país que se jacta de poseer una de las “mejores economías” del continente tenga estas cifras tan altas de infección, lo que prueba: la alta desigualdad social, la concentración de la riqueza en pocas manos, el sacrificio de la salud pública en beneficio de los grandes capitalistas y banqueros. 

Ante la enorme crisis de salud que tenemos en este momento, el MINSA ha tenido que asumir las dos únicas medidas razonables que caben: la vuelta a la cuarentena y la solicitud de auxilio de los médicos cubanos. Pese a la gravedad de la crisis de salud pública, hay sectores de derecha y empresariales que se siguen oponiendo a esas medidas mínimamente razonables. 

El Polo Ciudadano saluda la llegada de los médicos cubanos y agradece el apoyo que dan a nuestro pueblo en este difícil momento, a la vez que señala que la cuarentena y las restricciones de movilidad son medidas coherentes para frenar los contagios hasta que lleguen las vacunas.

Pero el Polo Ciudadano también advierte al gobierno que no se puede decretar la cuarentena y el cierre de la economía sin destinar los recursos para la manutención de las familias, especialmente de las infectadas y de quienes se han quedado sin ingresos; que ya basta de que el gobierno destine miles de millones al pago de la deuda pública, para beneficio de los banqueros, mientras el país carece de los recursos para combatir la pandemia, los hospitales están sin insumos y no se le paga a tiempo al personal de salud.

Para el Polo Ciudadano, restringir la movilización a nivel nacional por la cuarentena total decretada, y no hacer efectiva esas mismas restricciones en el Aeropuerto Tocumen, es lo mismo que nada, ya que por esa vía el virus del COVID-19 sigue entrando al país. Como de hecho ocurrió durante la primera gran ola de contagios.

Frente a la situación actual, Polo Ciudadano exige: moratoria de la deuda pública mientras dure la pandemia; todos los recursos necesarios a la salud pública; un bono solidario de B/. 500.00 que alcance para la canasta básica; un plan gubernamental de emergencia que cree directamente empleos; basta de poner y despilfarrar plata en manos de empresarios que la acumulan sin crear fuentes de trabajo.

 POLO CIUDADANO (PO)

Panamá, 29 de diciembre de 2020.