Este mítin de protesta se realizó frente a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Honduras

 

En enero del presente año, el gobierno de Donald Trump inició una verdadera cacería de personas migrantes en todo el territorio estadounidense, con la excusa de que deportaría personas “criminales”. Pero en realidad las cacerías humanas se enfocan contra toda persona que tiene un color de piel mestizo o indígena, con dedicatoria especial contra los Pueblos de la Patria Grande Latinoamericana.

Las víctimas de estas cacerías en su gran mayoría son trabajadoras y trabajadores decentes, que sólo buscan ganar el sustento para sus familias, que no tienen cuentas pendientes con la justicia, incluso muchas tienen en trámite su residencia. Pero nada de eso le ha importado a Trump. Estas personas son arrancadas de sus hogares, trabajos, iglesias o centros de entretenimiento y llevados directamente, sin juicio alguno, a campos de concentración improvisados, donde son humillados, maltratados física y psicológicamente, robadas sus pertenencias, y separadas de sus familias. Una vez ahí, se les niega su derecho a la defensa, se les encierra en celdas masivas en condiciones inhumanas, y luego se les deporta esposadas y esposados como delincuentes.

Quienes tienen suerte son enviados a sus países de origen, pero muchos otros son enviados a campos de concentración que Trump ha dispuesto en su base militar de Guantánamo y a la prisión que servilmente le ha ofrecido el gobierno de Bukele, en El Salvador. Incluso hay denuncia de personas desaparecidas y asesinadas al momento de su captura.

Hasta junio habían sido deportadas y deportados aproximadamente 18 mil hondureños y hondureñas, pero en la mira de las autoridades de migración norteamericanas están cerca de medio millón de compatriotas que serán expulsados, mientras centenares se mantienen encerrados en espera del destino que tendrán. A estos se sumarán más de 54 mil hondureños y hondureñas, que dependen del TPS para seguir trabajando o estudiando en aquel país y cuya renovación debería darse el próximo 5 de julio.

Y todo esto lo ordena Trump, un presidente que es hijo y nieto de inmigrantes y que fue condenado por 34 delitos graves por la Corte Suprema de Estados Unidos, el año pasado. ¡El burro hablando de orejas!

En el fondo el objetivo de esta deportación masiva no es expulsar “criminales”, como dice la versión oficial. Los verdaderos objetivos de Trump y del Partido Republicano gringo, son otros. El primero tiene que ver con la política interna en Estados Unidos. Es hacer una limpieza étnica racista para mantener contento al electorado supremacista blanco que lo eligió, pues en noviembre de este año se realizarán las elecciones legislativas en Estados Unidos. A ese electorado, se le ha lavado el cerebro haciéndole creer que los latinos vamos a quitarles sus trabajos, cuando son trabajos que los gringos ni siquiera quieren hacer.

El segundo objetivo es geopolítico. Es chantajear a los gobiernos latinoamericanos para que hagan lo que Trump les exige, en diversos campos, bajo

la amenaza de que, si no lo hacen, expulsará a un mayor número de migrantes, causando un gran daño a las economías latinoamericanas, que aún dependen de las remesas que nuestras hermanas y hermanos migrantes envían. Por esa razón, después de ordenar las deportaciones masivas, Trump envía sus emisarios o emisarias, para decirle a estos gobiernos cuáles son sus condiciones.

Ese fue el propósito de la visita de la Sra. Kristi Noem, Secretaria de Seguridad de EEUU, el pasado 25 de junio, quien se reunió con la presidenta Xiomara Castro de Honduras. En esa reunión firmó un convenio por el cual Honduras se compromete a recibir al menos 240 deportados de otros países latinoamericanos en calidad de refugiados. Esto es muy similar al acuerdo del “Tercer país más seguro” con el que Trump, en su primera administración, hizo que nuestros países recibieran a todos aquellos migrantes que los gringos rechazaban. Sin embargo, no hay ningún compromiso explícito firmado de que no se continuará deportando compatriotas o de que se prorrogará el TPS.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que fue muy beligerante al inicio de su gestión, anunciando que, si se deportaba masivamente a nuestras y nuestros compatriotas, se revisarían

los tratados militares con Estados Unidos, ahora se ha olvidado de eso y se ha convertido en una “aliada estratégica” de la administración Trump en el tema de migraciones, según las mismas palabras de Marco Rubio, Director del Departamento de Estado gringo, sin haber obtenido hasta ahora ningún logro concreto.

Para las organizaciones abajo firmantes, MIGRAR ES UN DERECHO HUMANO, NO UN DELITO, Y NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL. Por eso, exigimos al gobierno de Estados Unidos que cesen las inhumanas cacerías que tienen aterrorizados a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Que paren las deportaciones masivas, respete los derechos humanos de los detenidos y no se haga ninguna deportación forzosa. Asimismo, que se renueve el TPS y se respeten los convenios internacionales de acogida para aquellos que buscan refugio en territorio estadounidense.

Al gobierno de Honduras exigimos que no ceda nada ante el gobierno de Estados Unidos, si no obtiene compromisos concretos que garanticen la estadía de nuestros compatriotas en aquel país. Caso contrario, cumpla la advertencia que hizo de revisar los convenios que sirven de base a la presencia militar gringa en Honduras.

NO MÁS CACERIAS RACISTAS, NI CAMPOS DE CONCENTRACION, NI GUERRAS EN EL
MUNDO

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 30 días del mes de junio de 2025

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras
Encuentro Popular de Intibucá

Frente Municipal de Resistencia Popular en el Distrito Central
Comité Solidaridad con Palestina

Departamento 19 del FNRP