Por Juan Castel

El “Paro Nacional Agrario y Popular” en Colombia, que iniciase el pasado 19 de agosto, tiene sus causantes históricas en la desigualdad del campo colombiano y en un régimen democrático burgués cimentado económicamente en un puñado de grandes terratenientes y del mismo imperialismo yanqui, los dos motores del estado oligárquico-imperial colombiano. Pero el Paro Agrario y Popular que ha puesto actualmente en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos tiene sus precedentes organizativos y de su accionar de lucha de masas en la historia del pueblo colombiano.

Antecedentes de la lucha

El 14 de Septiembre de 1977 será una fecha que los bogotanos no podrán olvidar, fecha en que los de abajo hicieron templar a la cúspide del poder militarista colombiano. El gobierno central estaba hacía tres años bajo el mando del Partido Liberal Colombiano (PLC) presidido por Alfonso López Michelsen; el alcalde designado por el PLC para gobernar el distrito especial de Bogotá fue el también liberal Bernardo Gaitán Mahecha. Junto con esa renovación del poder central, los bogotanos vieron un cambio en la forma de hacer política, cambio que desterraba al hegemónico Partido Conservador; pero ese cambio nunca llegaría y sería remplazado rápidamente por una crisis económica, el descredito de los partidos políticos y la intensificación de las desigualdades sociales, este contexto llevará en última instancia a la fuerte protesta urbana y social.

En agosto se anuncia la realización de una “huelga general”, que fue pronto criminalizada y tachada por los órganos gubernamentales de tener un carácter “subversivo y político”. Para llevar a cabo el paro se conformó un comité de coordinación que integraron varios sectores convocados por el Consejo Nacional Sindical (CNS), conformado por: Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). La protesta tuvo como plataforma los siguientes puntos: 1) Aumento de los salarios por encima del 50%. 2) Congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de servicios públicos. 3) Suspensión del Estado de Sitio y respeto de las libertades políticas y sindicales. 4) Derogación del Estatuto Docente, reapertura y desmilitarización de las universidades, adjudicación de un presupuesto más adecuado a sus necesidades. 5) Abolición de las normas de Reforma Administrativa para que los trabajadores de servicios del Estado puedan disfrutar del derecho de asociación, contratación colectiva y huelga. 6) Entrega inmediata de tierras a los campesinos de las haciendas afectadas por el INCORA. 7.) Jornada de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte. 8) Suspensión de los decretos de reorganización del ICSS que lesiona los intereses de los usuarios y viola los derechos y conquistas de los trabajadores del mismo instituto.

La jornada del paro tuvo un preámbulo el día 13 a las 11:45 pm cuando “Los voladores, lanzados desde las azoteas de diez edificios y de otras casas particulares, los que notificaron con el grito de júbilo de la pólvora que se aceraba la hora cero señalada por las directivas de las cuatro centrales obreras” (Medófilo Medina: La protesta urbana en Colombia; 1984)

El 14 de septiembre de 1977 estalló el paro cívico más fuerte que quizás se ha realizado en Bogotá, por ende la protesta urbana más importante de la segunda mitad del siglo XX. En Bogotá la población interrumpe el transporte y se enfrenta a las fuerzas gubernamentales. Se produce desorden, interrupción del transporte y saqueos a grandes almacenes, a camiones de la Pepsi-cola, tomas de calzadas y avenidas principales, al tiempo que la población es fuertemente reprimida. Paro que en primera instancia aglutinará a los asalariados urbanos que serían secundados por obreros, empleados independientes, estudiantes, amas de casa y otros. En algunos lugares se produjeron asaltos a cinco empresas industriales medianas. Además se dio el intento de las multitudes de tomarse la Estación Central de Teléfonos de Bogotá y una estación de energía eléctrica en el sur. “Las tomas y los saqueos que se produjeron el 14 de septiembre no constituyen en modo alguno el aspecto más representativo o extendido del paro cívico, visto desde el ángulo de la protesta urbana” (Medina: 1984), ya que la clase dominante, los medios de comunicación y el gobierno se valieron de estos hechos para descalificar el paro, haciendo ver una protesta que fue justa, como un acto violento e ilegal, y por tanto lo reprimieron violentamente.

Los Campesinos del Catatumbo encendieron la chispa

A finales de junio del presente año, se desató una fuerte movilización de campesinos en la región del Catatumbo al noreste del departamento norte de Santander. La movilización fue mantenida férreamente a pesar de las embestidas represivas del ejército colombiano y de las persecuciones, asesinatos y desapariciones a manos de los grupos paramilitares –en clara alianza con el gobierno nacional- contra las poblaciones campesinas y los líderes de la movilización. Las causas primordiales del levantamiento de los campesinos del Catatumbo, tiene su base en la desigualdad en la que estos deben competir contra las grandes industrias agrícolas, agropecuarias, férreas, mineras y cafetaleras; estas últimas respaldas por las facilidades brindadas por “El Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia”, también llamado TLC. Este entró en vigencia el 15 de mayo del 2012 y a sub-arrendado el campo colombiano y sus productos a las importaciones trasnacionales, haciendo de los grandes hacendados y terratenientes colombianos los administradores nacionales del patio trasero yanqui y a la clase política fiel representante de la oligarquía colombiana.

Esto no amilanó a los campesinos, quienes manteniendo una lucha indefinida de más de dos meses, trajeron de nuevo a la palestra colombiana –distraída por los diálogos de paz de la Habana- de manifiesto los problemas de la desigualdad del trabajador empobrecido del campo (en Colombia 14 millones de campesinos viven en la pobreza y cerca de un millón de familias no poseen tierras para subsistir) que muere a la sombre de una competencia protegida por el falso “desarrollo”, por el gasto militar norteamericano en armas para con sus aliado más importante y productor de bienes básicos en América latina (plan Colombia). Fue el Catatumbo el que empujó a las masas a luchar abiertamente contra un gobierno que acusa a cualquier “basta ya” de los pobres, de tener influencia directa de la guerrilla y de los terroristas.

El Paro Agrario de todos, por una Colombia de todos

El paro colombiano convocado por diversas organizaciones sociales, progresistas, democráticas, sindicatos y de un amplio movimiento de izquierdas, estallaría el pasado 19 de agosto. Pero este no era como lo dice el gobierno pro-fascista y militarizado colombiano, un ataque influenciado por la guerrilla o por su nuevo “enemigo público” –dada una posible paz firmada en la Habana- el terrorismo. Este paro fue desde las primeras horas, un paro popular con su gran base campesina movilizada a lo largo y ancho de Colombia. Millones de hombres y mujeres que reclaman una solución estructural a los problemas que aquejan a la mayoría de la población en el país, que se evidencian en la miseria del 73% de los campesinos y campesinas; en 6,6 millones de hectáreas despojadas por las fuerzas estatales, paramilitares y transnacionales; en 5,5 millones de personas desplazadas a sangre y fuego de sus tierras; en el 52% de la propiedad rural concentrada en 1,15% de la población, con un Coeficiente de Gini del 0,85 (donde 1 significa el nivel máximo de desigualdad).

Es por estos motivos que actualmente Colombia entera se ha declarado en “Paro Nacional Agrario y Popular”, exigiéndole al gobierno mediante la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA): 1) La implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria. 2) El acceso a la propiedad de la tierra. 3) El reconocimiento a la territorialidad campesina. 4) La participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 5) Que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural. 6) Inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

El gobierno de Juan Manuel Santos ha intentado inútilmente invisibilizar el Paro y la multitudinaria movilización que lo sostiene, lo que no ha impedido que cada día sean más los sectores que se suman para manifestar su inconformidad con las políticas neoliberales, cuyos efectos se han profundizado con la firma de diferentes Tratados de Libre Comercio, especialmente el pactado con Estados Unidos en 2010. La represión ha estado a la orden del día, con ataques indiscriminados a las comunidades y manifestantes, ametrallamientos, daños a bienes civiles, confinamientos, retenciones arbitrarias en el campo y la ciudad.

La respuesta gubernamental

El gobierno se apresuró a desmentir el hecho de un paro general de los campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Declaración de Juan Manuel Santos: “El tal paro nacional agrario no existe, hay algunos sectores de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones que están pidiendo ayuda del Estado de forma legítima…Decían que van a aislar a Bogotá, no hay tal, son 10 o 15 personas, la situación está bajo control y los problemas se están solucionando” (Caracol Radio, 25 de Agosto). Apelando a que las protestas eran reducidas y estaban infiltradas por los grupos de la izquierda radical y de la ultra derecha. “En su alocución durante la Caminata por la Solidaridad, el jefe de Estado manifestó que son muy pocos los campesinos que están protestando y que las manifestaciones están infiltradas por violentos de la extrema derecha y la extrema izquierda” (Caracol Radio, 25 de Agosto).

Mientras Santos hace estas declaraciones no se detiene la arremetida policiaco-militar en el campo convulsionado por las manifestaciones y barricadas campesinas, tampoco es diferente el tratamiento que reciben los estudiantes y obreros parados en 30 de las 32 principales ciudades del país. La violencia del estado ha sido maximizada por los grupos paraestatales y los de choques gubernamentales, encabezados estos últimos por las despreciables fuerzas del “Escuadrón Móvil Antidisturbios” (ESMAD), a la cual se le atribuyen las muertes de manifestantes durante choques contra la policía. Mientras Juan Manuel Santos, respetando la ruptura con la fracción burguesa representada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sale a desmentir estos ataques y represión indiscriminada diciendo: "Nunca ha habido un Gobierno que le haya dado tanto a los campesinos y que esté tan comprometido con ellos" (http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-302718-santos-se-disculpa-con-campesinos-y-acepta-abrir-mesa-de-dialogo) y culpando de todo este embrollo –claro no tácitamente- a los gobiernos anteriores presidido por Barco, Gaviria, Samper, Pastrana.

Esto le llega a la burguesía colombiana como “un golpe inesperado” durante las negociaciones de paz en La Habana, en la cual pone sus esperanzas de que la guerrilla de las FARC-EP claudique a la democracia burguesa, validando el sistema clientelar y corrupto que mantiene los privilegios de la minoría poseedora de la renta nacional y de los jugosos tratos con el capital trasnacional sobre la miseria de la amplia mayoría campesina y de los obreros y asalariados públicos y privados.

Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano nos solidarizamos con el pueblo colombiano, y animamos a seguir la movilización y la lucha contra el estandarte de la pobreza, la expoliación y la muerte, como siempre lo ha sido el gobierno colombiano, rapaz administrador neoliberal de la oligarquía terrateniente nacional y del interés imperial yanqui. Aquella lucha cívica en Bogotá en septiembre 77 revive hoy, más fuerte, con una lógica de clase más amplia, de muchos colores y de más voz. Aquella huelga general de 1977 fue derrotada por las armas al no poderse propagar por todo el campo. Pero este paro popular ha hecho en más de un mes de lucha lo que la guerrilla de las FARC-EP con su foquismo, no pudo hacer en más de 60 años de lucha. Hacer temblar al otrora inexpugnable poder oligárquico-imperial. Desde la distancia, sin el conocimiento concreto de los hechos, nos atrevemos a aconsejar a los campesinos y trabajadores en paro que empiecen a formar Comités de Autodefensa para enfrentar la represión generalizada que el gobierno ha lanzado sobre ellos; también aconsejamos que los compañeros se organicen en Comités de Abastecimiento y Autoayuda para poder sustentar los gastos del paro y que las familias trabajadoras subsistan. Estos son embriones de poder popular indispensables para que el paro pueda prolongarse exitosamente sin problemas. “Las masas en la movilización nunca serán derrotadas”.