cisión del gobierno de Álvaro Uribe de aceptar la imposición del imperialismo norteamericano de poner a su disposición las bases militares colombianas es un nuevo retroceso político y democrático, que tiene graves consecuencias para los trabajadores y los pobres del país y que, por tanto, tiene que ser rechazada y combatida por todos los explotados y oprimidos.

Las necesidades mezquinas de la burguesía nacional llevaron al gobierno de Uribe a doblar nuevamente la rodilla ante los intereses estratégicos del imperialismo yanqui.

La crisis de la economía norteamericana, su pérdida de mercados y del monopolio de fuentes de materias primas baratas por la agresiva penetración del capital imperialista europeo en el Continente, la proliferación de gobiernos nacionalistas y de frente popular más difíciles de controlar, la persistencia de organizaciones guerrilleras como las FARC, consideradas por el Pentágono como un peligro terrorista, el mantenimiento de altos niveles de producción y tráfico de estupefacientes desde aliados claves como México, Colombia,  y Perú y, finalmente, la crisis ambiental, que convierte a regiones como el Amazonas en zonas geoestratégicas, han obligado al gobierno de Barack Obama a redefinir la política que el imperialismo tuvo en la pasada década hacia América Latina.

Obama está combinando en proporciones diferentes la diplomacia con la intervención directa en los países de su “patio trasero”. Su marcado protagonismo en la pasada Cumbre de las Américas le permitió recuperar el liderazgo político y diplomático, las reuniones bilaterales con los presidentes Lula de Brasil y Felipe Calderón de México le sirvieron  para retomar la iniciativa en el terreno económico y la más reciente con Álvaro Uribe para reafirmar su hegemonía militar y su capacidad de intervención directa. Las cartas de presión económica -el TLC y el Plan Colombia- le garantizaron el permiso colombiano a hacer uso de las bases militares para sus objetivos de hacer presencia estratégica, combatir a las guerrillas y el narcotráfico y amedrentar a los líderes incómodos, como Chávez, Correa y Evo Morales.

En la decisión del presidente Uribe de permitir la presencia y el accionar de tropas norteamericanas desde bases en territorio colombiano pesaron varios factores: la necesidad de reafirmar su posición como socio privilegiado del imperialismo -que se había debilitado con la derrota electoral del Partido Republicano del ex presidente Bush-, la dependencia económica casi absoluta de la inversión y el mercado yanquis, la estrecha relación entre su política bandera de la “seguridad democrática” y los dólares del Plan Colombia, la obtención de la bendición del imperialismo para su régimen bonapartista como líder de la derecha latinoamericana opuesto al bloque de los gobiernos nacionalistas y frentepopulistas y, desde luego, su conocida abyección a la Casa Blanca. Con esas premisas Uribe no resultaba un aliado muy difícil de convencer.

Ese acuerdo de “cooperación militar” es, en realidad, un pacto contrarrevolucionario que sólo favorece al imperialismo y a la burguesía continental más reaccionaria. El imperialismo recupera la capacidad de acción y de intervención que había perdido con el desmantelamiento de sus efectivos de la base de Manta en Ecuador, Uribe fortalece las instituciones más represivas de su régimen -las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas-, y los gobiernos más reaccionarios del área –como el peruano- se reposicionan frente a sus vecinos incómodamente nacionalistas y populistas.

El pacto militar entre Uribe y Obama no tiene ninguna de las virtudes que le endilgan los periodistas a sueldo de los grandes medios de comunicación. No es un acuerdo para defender la democracia colombiana, es un pacto para consolidar el régimen bonapartista de Uribe y profundizar el ataque a las libertades de los trabajadores y el pueblo; no es un acuerdo para adelantar la batalla contra el narcotráfico y el terrorismo, es un pacto para fortalecer la presencia militar del imperialismo en el Continente; no es un acuerdo para combatir únicamente a los enemigos internos de las instituciones burguesas, es un pacto siniestro para hacer retroceder a los gobiernos nacionalistas y frentepopulistas en sus tímidas pretensiones autonomistas y democráticas; y no es un acuerdo para aumentar la capacidad de Colombia para defenderse de los ataques de sus “poderosos enemigos internos y externos”, sino una maniobra política y militar del imperialismo, con la abierta complicidad de Uribe, para revestir de legitimidad sus planes de retomar el pleno control sobre la totalidad de los gobiernos y regímenes de Latinoamérica.

El golpe militar que derrocó a Manuel Zelaya en Honduras y el pacto de utilización de las bases militares colombianas no son dos hechos aislados, son parte de un único proyecto dirigido a golpear las libertades democráticas de los trabajadores y los pobres y a recoger la cuerda a los gobiernos nacionalistas burgueses y frentepopulistas que se han salido de su estricto control. Esos hechos son parte del mismo proyecto imperialista que, envileciendo el triunfo democrático de los trabajadores brasileños, involucró al gobierno de Lula en sus planes intervencionistas poniéndolo al frente de las fuerzas invasoras de la Minustha en Haití, y que ha conseguido el compromiso de Álvaro Uribe de enviar tropas a Afganistán. En época de crisis, de disputa de mercados y zonas de influencia, el imperialismo yanqui no se puede permitir el lujo de ruedas sueltas en su propio patio. Ayudar a Uribe a meter en cintura a las FARC y a legitimar su política represiva, al tiempo que hace alarde de fuerza frente a Chávez y Correa es su gran negocio contrarrevolucionario.

El plan del imperialismo sólo puede ser combatido, con posibilidades de éxito, con la movilización revolucionaria unificada de las masas obreras y populares latinoamericanas. Todas las direcciones políticas revolucionarias, sindicales y populares del Continente tenemos que propiciar una movilización que, desde México hasta la Patagonia, apoye la lucha de los trabajadores hondureños hasta conseguir el derrocamiento del gobierno golpista de Roberto Micheletti, que exija, a una sola voz, el desmantelamiento de las bases militares del imperialismo en nuestro Continente, la salida de sus mercenarios de las bases colombianas y el retiro de las tropas invasoras de Haití. Necesitamos una movilización que, además,  supere las vacilaciones de las direcciones nacionalistas burguesas de Zelaya, Chávez, Correa y Morales que se limitan a vociferar contra “el imperio” y a tildar de “traidor” a Uribe  pero que en los hechos paralizan la movilización independiente de los trabajadores contra las agresiones yanquis.

Los trabajadores latinoamericanos no podemos caer en las trampas imperialistas y nacionalistas que nos dividen y que, de hecho, nos colocan ante el peligro del enfrentamiento armado fratricida propiciado por los intereses privados de las burguesías nacionales; tenemos que unirnos en una sola lucha contra los enemigos comunes: el imperialismo y el capitalismo explotador. No podemos ceder ni a la propaganda perversa del imperialismo ni a la vocinglería nacionalista que nos dividen y nos alejan de los que deben ser los reales objetivos de nuestra lucha: la Revolución Socialista en todos nuestros países y la construcción de la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

¡No al pacto contrarrevolucionario de Obama y Uribe!

¡Fuera los soldados yanquis de las bases militares colombianas!

¡Abajo el gobierno golpista de Roberto Micheletti!

¡Fuera las tropas invasoras de la Minustha de Haití!

¡Desmantelamiento de todas las bases yanquis en América Latina!

¡Rompimiento de todos los pactos militares con el imperialismo!

¡Movilización continental obrera y popular contra los planes imperialistas!

¡Viva la Revolución Socialista!

¡Por gobiernos obreros y populares que construyan la Federación Socialista latinoamericana!

Partido Socialista de los Trabajadores

Bogotá, julio 29 de 2009