Por Niko Schvarz
El tema de las nuevas bases aeronavales estadounidenses en Colombia conmociona a la región y a toda América. Será abordado en la reunión de Unasur y del Consejo Sudamericano de Defensa el 10 de agosto en Quito, coincidiendo con la toma de posesión por Rafael Correa de su segunda presidencia, en la fecha del bicentenario del primer grito de independencia de Quito (10 de agosto de 1809). Allí estarán los presidentes, pero Uribe anunció que no concurrirá, ni tampoco su canciller Jaime Bermúdez. Se niega a discutir el tema con sus pares y quiere colocarlos ante el hecho consumado.
Fuentes militares norteamericanas alegan la necesidad de buscar un reemplazo a la base de Manta, en el Pacífico ecuatoriano, desde la cual efectuaron el último vuelo el 17 de julio y que deben abandonar definitivamente el 15 de setiembre. Además, la nueva Constitución ecuatoriana prohibe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. Pero no se trata de una simple permuta sino, como se ha dicho, de una concepción geoestratégica puesta en marcha con vistas a un control continental, a una “nueva arquitectura” del Comando Sur, al cual se vincula el Plan Colombia y su extensión, así como la reactivación de la IV Flota.
En las actuales bases militares de Tres Esquinas y de Larandia, en el departamento de Caquetá, y de Villavicencio, en el Meta, ya operan aviones y dispositivos de inteligencia técnica del Pentágono, y también personal militar estadounidense que ha estado interviniendo en el conflicto interno colombiano. (Recuérdese que en el operativo de liberación de Ingrid Betancourt también fueron rescatados tres militares yankis capturados en acción que fueron fletados de inmediato a su país). Ya ahora están actuando 800 efectivos norteamericanos en las bases, además de otros 600 disfrazados de “contratados” por compañías de seguridad, o sea vulgares mercenarios.. Su número aumentaría apreciablemente con las nuevas bases, y además ese personal tendría un virtual estatuto de impunidad para toda clase de delitos cometidos en Colombia, como lo denuncia el Polo Democrático Alternativo (véase la nota del día 1º “La amenaza de militarización”).
Las nuevas bases a instalarse son cinco. La de Palanquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca, en el centro, es la mayor y se proyecta a otras regiones del continente. Posee una pista de 3 mil metros, hangares para un centenar de aviones e instalaciones para 2 mil hombres. Un informe del Comando Aéreo para la Movilidad de la Fuerza Aérea de EEUU denominado Estrategia Global en Ruta y revelado por el diario colombiano “Tiempo” a fines de mayo destaca el interés del Comando Sur en esta base y su deseo de convertirla en una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) en los marcos de sus objetivos hasta 2025, a fin de dotarse de corredores aéreos y bases que le permitan mayor alcance en sus operativos. Desde allí un avión C-17 podría recorrer casi la mitad del continente sin reabastecerse, y con el combustible apropiado su totalidad con excepción del Cabo de Hornos, en el extremo sur. En el proyecto de presupuesto ya elevado al Congreso se prevén 46 millones de dólares para acondicionar y modernizar dicha base.
A la misma se uniría la de Apiay, un poco más al sur en los Llanos Orientales, y la de Malambo, en el departamento Atlántico, muy cerca de La Guajira. Dice un estudio a ese respecto: “La ubicación del trío conforma un semicírculo que virtualmente rodea a Venezuela, sin contar la vecindad de Malambo con la caliente península guajira, que ambas naciones comparten, y cuya presencia como municipio dentro del venezolano estado de Zulia explica una de las maneras en que en que el acuerdo puede ser usado por Washington para hostilizar a Venezuela. Con una gobernación en manos opositoras, en el Zulia se ha denunciado la presencia de paramilitares (colombianos) y de proyectos secesionistas”.
Razones tiene Chávez para preocuparse, como lo viene planteando con insistencia. Pero tampoco termina aquí el tema, ya que los mandos militares USA buscan además la concesión de las bases navales de Bahía de Málaga, sobre el Pacífico, a no mucha distancia de Ecuador y de Brasil (que también plantearon su oposición a las bases) y la de Cartagena, en el departamento de ese nombre, sobre el Caribe. Con ellas estaría asegurado el desplazamiento de su marina hacia el Atlántico, el Pacífico y el Caribe.
Colombia ya ha recibido 5 mil millones de dólares de Washington por el Plan Colombia en los últimos años, y el presupuesto para la continuación del plan ya fue concedido. Pero las bases a entregar a EEUU afectan a toda la región. El Polo Democrático Alternativo está llamando a una gran jornada nacional contra la guerra y las bases militares en Colombia, por la soberanía nacional y la paz en la región.
Publicado en La República, 4 de agosto 2009, pág. 42