Por Ernestina Tobar

Al iniciar el mes de marzo se ha dado una nueva escalada en las protestas de las organizaciones populares peruanas contra el gobierno golpista de Dina Boluarte.

Las nuevas movilizaciones

Desde finales de febrero, pobladores de diversas comunidades aymaras de Puno iniciaron el viaje en buses hacia la capital, para una marcha masiva a realizarse el 1 de marzo, denominada la “Segunda Oleada de la Toma de Lima”, en referencia a la primera toma ocurrida en enero; los transportistas de carga pesada anunciaron que pararían sus actividades a partir del 2 de marzo. La región de Puno ha sido la única en que los pobladores mantuvieron los bloqueos de vías de comunicación como acción de protesta contra el gobierno, durante el período de repliegue de las luchas en febrero, y muchos de los muertos producto de la represión policial son originarios de esta región.

En Puno, 16 puntos de las carreteras han sido bloqueados. En cuanto a los transportistas, también están exigiendo la renuncia inmediata de Boluarte, a la que consideran responsable de la actual crisis política en el país y las pérdidas económicas que afectan el sector.

El 2 de marzo miles de campesinos aymaras se desplegaron en Lima en las calles de Cercado de Lima, Santa Anita y La Molina. La policía disparó gases y balas de goma contra la multitud, sin importar que hubiera mujeres con niños cargados en sus espaldas. Desde que iniciaron las marchas hacia la capital, en un recorrido de unos 1,200 kms., las columnas fueron hostigadas por las fuerzas represivas; un contingente de pobladores quechuas de Azángaro fueron detenidos 12 veces en promedio por la policía en su trayecto hacia la capital.

Para el 3 de marzo, miles de manifestantes habían llegado desde diferentes regiones del país para sumarse a las marchas, demandando el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones y la renuncia de Boluarte, entre otras peticiones. En el interior, varios tramos de la Carretera Central fueron bloqueados, pero la Policía Nacional del Perú logró liberarlos, y en varias regiones se dieron manifestaciones;

Al igual que lo han hecho desde el inicio de las protestas en diciembre, las fuerzas represivas atacaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y balas de goma. En la ciudad andina de Juli, en la región de Puno, 16 personas resultaron heridas el sábado 4, como resultado de enfrentamientos entre manifestantes y policías, incluyendo a un menor de 13 años intoxicado por los gases lacrimógenos; entre los heridos hay seis miembros de los cuerpos represivos. Al parecer los manifestantes atacaron y quemaron las instalaciones de la comisaría de la policía en esa localidad. Otro grupo de pobladores intentó atacar una base naval a orillas del lago Titicaca, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos por el personal militar. Desde el inicio de las movilizaciones en diciembre, la represión ha provocado unos 70 manifestantes muertos y cientos de heridos.

En otro incidente, el domingo 5 un soldado murió ahogado y cinco fueron reportados desaparecidos el atravesar un río cuanto intentaban huir de un grupo de manifestantes en Puno.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 90% de los peruanos desaprueba al actual Congreso, y el 77% rechaza a la presidenta Boluarte.

El gobierno de Boluarte con dificultades a nivel internacional

El régimen golpista y represivo de Dina Boluarte no las tiene todas consigo en el ámbito internacional, a pesar de que algunos gobiernos latinoamericanos, como el de Lula en Brasil, no le han dado su desaprobación. El 24 de febrero la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU envió una comunicación al gobierno para que en un plazo de 60 días responda sobre diversas alegaciones sobre el uso abusivo de la fuerza durante las protestas ocurridas desde diciembre después del desalojo del expresidente Pedro Castillo. La carta fue firmada por la jefa de la subdivisión de procedimientos especiales Beatriz Balbín y varios relatores especiales.

En la misiva, la ONU hace referencia a que el uso excesivo de la fuerza ha provocado un número elevado de muertes ilícitas, la utilización abusiva de tipos penales de terrorismo contra manifestantes, detenciones arbitrarias, un caso de desaparición forzada y violación al debido proceso contra los manifestantes; también la violación a los derechos humanos de pobladores indígenas, un incremento en la violencia de las manifestaciones, el allanamiento a la Universidad de San Marcos, intervenciones y detenciones sin presencia de abogados o fiscales, agresión contra periodistas y acusaciones abusivas contra manifestantes. Los relatores resaltan los enfrentamientos en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre del 2022 con 6 fallecidos, en Ayacucho el 15 de diciembre con 10 civiles muertos, y los de Juliaca con 19 muertos el 9 de enero.

Como dijimos, la ONU pide que el gobierno de Boluarte responda en un plazo de 60 días a las alegaciones, y que si han sucedido esos excesos, que se haga lo posible por evitar que se repitan. “A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y la libertad de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas” (Diario El Comercio 01/03/2023).

Crisis diplomática con México y Colombia

Dos gobiernos que abiertamente han respaldado al expresidente Castillo han sido los de López Obrador en México y Gustavo Petro en Colombia.

La presidenta Boluarte decidió retirar de forma definitiva a su embajador en México tras declaraciones de López Obrador defendiendo a Castillo, dejando las relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios. La mandataria peruana expresó que rechaza “enérgicamente las expresiones formuladas por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y sus inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi Gobierno”, acusando a López Obrador de “apoyar el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo” y de injerencia en los asuntos internos de Perú (El País 27/02/2023). Éste replicó afirmando que la destitución de Castillo “fue una farsa porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo”, además catalogó al gobierno peruano de ser “de facto … autoritario y represor”, y señaló al Congreso de Perú de responder a los intereses de los grandes capitales y de empresas extranjeras (Ídem).

En la segunda semana de febrero, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante un discurso pronunciado en la toma de posesión de nuevos embajadores en Colombia, expresó que “en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, después de la difusión de imágenes de miles de policías peruanos marchando en el centro de Lima para reprimir las protestas contra el gobierno.

En respuesta, el Congreso peruano, con 72 votos a favor, aprobó una moción que propone “expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro” que constituyen “una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú”; los congresistas también declararon a Petro persona non grata (CNN español 17/02/2023).

La crisis política afecta el desempeño económico

La situación política y social por la que atraviesa Perú está afectando la economía, que podría afrontar una recesión económica. Varias regiones del país registraron un menor crecimiento económico durante el cuarto trimestre de 2022, con respecto a los otros tres trimestres. Estas regiones son Tacna, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Apurímac, Ica, Piura y Amazonas. La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), señaló que los bloqueos de carreteras y la paralización de algunas actividades económicas han impactado el crecimiento de la economía en el último trimestre del año 2022 e inicios del presente año. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la economía peruana creció un 1.7% en el último trimestre de 2022, un valor menor al de los primeros tres trimestres; el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año fue del 2.7%, con la desaceleración ya señalada en los últimos tres meses del año (Redacción Gestión 28/02/2023).

Algunas de las regiones mencionadas ya presentaban niveles de crecimiento negativos en el tercer trimestre, y la actual crisis hace aún más difícil una recuperación. Esto añade elementos al descontento contra el gobierno que está alimentando las movilizaciones populares. Detrás del reclamo de la renuncia de Boluarte y el Congreso, claramente se encuentra el descontento por una situación social de pobreza y desigualdades que viene desde décadas, y que la expectativa de crecimiento del PIB para 2023 (entre 2.3y 3%) será incapaz de solucionar.  

Si la crisis continúa sin solución durante los próximos meses, el resultado será menor inversión privada, el freno de los proyectos del gobierno, y mayor nivel de inflación.  

Las movilizaciones iniciadas en diciembre han sido las más masivas de los últimos 30 años, y como dijimos, más allá del cuestionamiento del gobierno de Boluarte, en el trasfondo está el cuestionamiento a una situación de precarización, miseria, racismo y predominio de los intereses del capital nacional y extranjero.

Una profundización y radicalización de las protestas, que lleve a la caída del gobierno golpista dependerá de varios factores. En primer lugar, de la participación decidida de la clase trabajadora y sus organizaciones, lo que dependerá de la actitud que tome la burocracia sindical, para pasar de luchas parciales tener un papel dirigente a la par de campesinos, indígenas, estudiantes y jóvenes precarizados; es vital también la construcción de un espacio de coordinación y toma de decisiones que sea a la vez centralizado y democrático, que defina un plan de lucha que incluya a todos los sectores; la extensión del movimiento a la totalidad del país más allá de las regiones del sur; la preparación de una huelga general política que sea organizada de forma democrática a partir de los centros de trabajo y comunidades, que se centre en el reclamo de una Asamblea Constituyente libre y soberana, que no se someta a las instituciones del régimen del 93, y legisle a favor del pueblo trabajador.