Por Nassar Echeverria

Después del controversial resultado de las elecciones del pasado 28 de Julio, Venezuela parece estar al borde de la guerra civil. Lo que ocurra en Venezuela tendrá repercusiones directas  en nuestros países, por eso debemos estudiar los orígenes de esta nueva crisis, las fuerzas políticas que se están enfrentando, y plantearnos posibles soluciones revolucionarias.

Repasando un poco

Después de intensas negociaciones secretas con Estados Unidos, y la firma de los Acuerdos de  Qatar, que posibilitó la liberación de Alex Saab,  y posteriormente la firma del Acuerdo de Barbados en Octubre del 2023, se abrió un proceso de estira y afloja entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolas Maduro. En algún momento parecían normalizarse las relaciones con Estados Unidos y en otros momentos prevaleció la confrontación.

En Febrero del 2024, cuando todavía no estaba claro la participación de la oposición burguesa en las elecciones del 28 de julio del 2024, concluimos que “(…) Por más que quiera normalizar las relaciones con Estados Unidos, el gobierno de Maduro no puede hacer concesiones significativas, porque ello conllevaría a la pérdida del poder. La democracia funciona cuando existen condiciones materiales mínimas para el juego político. Esas condiciones no existen en Venezuela, un país destruido por el bloqueo imperialista y las políticas neoliberales que ha aplicado Maduro, en donde el descontento aumenta junto con el hambre y la miseria.

Sin lugar a dudas, Maduro maniobrará para atraer a un sector de la PUD a las elecciones presidenciales de este año, que se realizaran bajo las condiciones impuestas por la dictadura. Ya convocó a todos los partidos a un Dialogo Nacional para discutir el calendario electoral. Es probable que la PUD termine fraccionándose, y un sector decida participar en las elecciones presidenciales a cualquier costo” (El Socialista No 389).

Combinando presiones y concesiones, y contra todo pronóstico, Maduro logró atraer al proceso electoral al conjunto de la oposición burguesa agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Adelanto de las elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales, como las de diputados, se realizan cada 5 años, pero no siempre han coincidido en la misma fecha.  Como un mecanismo para diferir los resultados de una posible votación adversa, en 2018 el chavismo adelantó las elecciones presidenciales, pero asumió en 2019. En 2020 se realizó la última elección legislativa.

A finales del 2024 o comienzos del 2025 tendrían que coincidir las elecciones presidenciales y las legislativas, un combo realmente explosivo. La posibilidad de que Donald Trump gané las elecciones en noviembre del 2024 en Estados Unidos, fue un factor internacional que incidió en el adelanto de las elecciones.

Por esta razón, por medio de una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo volvió a adelantar las elecciones para el 28 de julio del 2024, aunque el periodo presidencial iniciaría en 2025.

La PUD acepta las duras condiciones electorales

La PUD logró mantenerse unida como coalición electoral, aceptó las duras condiciones impuestas por Maduro, que incluyó la inhibición de Maria Corina Machado (MCM) como candidata. La PUD se metió de lleno al proceso electoral, porque calculó que había llegado el momento de la venganza: olfateó el enorme descontento social contra el gobierno de Maduro. De la nada emergió la insípida candidatura presidencial de Edmundo Gonzalez Urrutia, aunque siempre escoltado y vigilado por MCM. Los cálculos eran que el descontento social se impondría de todas formas en las urnas. Atrás quedaron 12 años de política abstencionista de la oposición burguesa.

Los acontecimientos anteriores y posteriores a la votación del 28 de julio del 2024, confirman nuestro análisis sobre la crisis terminal de la democracia burguesa en Venezuela, la imposibilidad de mantener un juego político bajo una espantosa crisis económica y el permanente asedio del imperialismo norteamericano. El resultado es una fase de mayor endurecimiento del régimen bonapartista impuesto por Nicolas Maduro después de la muerte de Chávez en 2013.

Una campaña electoral relativamente tranquila

Al inicio de la campaña había un moderado optimismo en la cúpula chavista, quienes calculaban que una coyuntural y relativa mejoría económica se reflejaría en los resultados electorales. Pero las masivas concentraciones de la PUD indicaban lo contrario.

Unos días antes de las votaciones, Maduro tensionó la cuerda al declarar que “(..) El destino de Venezuela, en el siglo XXI, depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo” (EFE, 24/07/2024)

Obviamente, Maduro necesitaba asustar a sus bases y también a la oposición burguesa, tratando de incidir en los resultados electorales.

En términos generales, la oposición burguesa de la PUD gozó de todas las garantías. El mismo candidato Edmundo Gonzalez reconoció algunos pequeños incidentes, pero “(…)  yo no he visto en la campaña a los llamados colectivos (fuerzas de choque de escuadrones civiles chavistas) en ninguna parte”. (El País, 26/07/2024).

No hubo ataques físicos contra las movilizaciones opositoras, aunque algunos de sus dirigentes fueron perseguidos o encarcelados, otros tuvieron que asilarse en la embajada de Argentina. La PUD resistió los golpes bajos, porque estaba absolutamente segura que ganarían las elecciones, por eso Edmundo Gonzalez declaró “(…) la magnitud de nuestra victoria va a abrir una realidad política que obligará al Gobierno a negociar”. (El País, 26/07/2024)

Aquí vale la pena detenerse un poco. La PUD estaba muy clara que, independientemente de quien ganara las elecciones, los resultados del proceso electoral servirían para forzar una negociación con el gobierno de Maduro. Esta fue su estrategia central al aceptar las duras condiciones impuestas por Maduro.

Controversiales resultados electorales

El 28 de julio, antes de la medianoche, el CNE, controlado por el chavismo, con el 80% de las actas escrutadas, proclamó como ganador a Nicolás Maduro con un 51.20% de los votos, frente a Edmundo González (44.2%).

Sin dar lugar a reclamos o impugnaciones, en un procedimiento ultraexpress, que denotaba cierta preocupación y nerviosismo del chavismo, argumentando que los resultados marcaban una tendencia, el CNE le otorgó a Maduro las credenciales de candidato ganador. En esta elección, la participación ciudadana se elevó al 60% en relación al 46% del año 2018.

La PUD hizo su propio conteo de votos con base a las actas de sus fiscales o testigos, y los resultados eran al revés: Edmundo González Urrutia habría obtenido el 67% de los votos (7.119.768), frente al 30% (3.225.819) de Nicolás Maduro.

La exigencia mundial de presentación de las actas

La proclamación oficial de Maduro como presidente por tercera ocasión, enardeció los ánimos en Venezuela y en el extranjero. En conferencia de prensa, MCM proclamó a Edmundo Gonzalez como nuevo presidente de Venezuela e insistió en que tienen las actas para probarlo. Al día siguiente se produjeron manifestaciones masivas de protesta, encabezadas por MCM y Edmundo Gonzalez. La calma se transformó en tempestad.

John Kirby, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, declaró en tomo amenazante que: “Tenemos serias preocupaciones de que este resultado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano (…) es absolutamente fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de forma inmediata la información con la oposición y los observadores independientes, y que las autoridades electorales publiquen las actas completas y detalladas de los votos. Aguantaremos nuestro pronunciamiento hasta que eso ocurra. Nosotros y el resto de la comunidad internacional estamos observando y responderemos en consecuencia” (EFE 29/07/2024)

Esta no fue una declaración oficial del gobierno de Estados Unidos, sino de uno de sus funcionarios, pero encerraba una clara amenaza.

El Centro Carter, que participó como observador internacional, retiró apresuradamente a sus 17 funcionarios de Venezuela, y ya en el extranjero declararon que “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática.

El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales.

El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”. (30/07/2024)

El G-7, que agrupa a las potencias imperialistas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Japón emitió un comunicado en el que llamaban “(…) a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados con total transparencia y le pedimos a los encargados (del proceso) electoral que compartan de forma inmediata toda la información con la oposición y los observadores independientes". (X, 31/07/2024)

Es interesante observar que todas las exigencias de Estados Unidos y sus aliados se centran en la necesidad de presentar las actas de votación, y no denuncian un “fraude electoral”.

La impotencia de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA), ese ministerio de colonias de Estados Unidos, pasó a la carga. A pesar que Venezuela no pertenece a la OEA, el Consejo Permanente de la OEA se reunió de emergencia el pasado 31 de julio, pero no logró los 18 votos necesarios para emitir una condena contra el gobierno de Maduro. Un total de 17 miembros votaron a favor de una resolución de condena, 11 se abstuvieron y cinco estuvieron ausentes. Entre las abstenciones, hubo tres países claves: México, Colombia y Brasil.

Como Luis Almagro, secretario general de la OEA, no logró los votos necesarios para una condena, volvió al ataque planteando que la OEA solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI), de la cual Venezuela forma parte, una orden de aprehensión contra Nicolas Maduro. Según Almagro, “(…) Maduro prometió un baño de sangre, y ahora lo está haciendo. (…) Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Es hora de la justicia. Nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos”. (X, 31/07/2024)

Maduro denuncia un nuevo intento de golpe de Estado

Mientras el ambiente político al interior de Venezuela se pone al rojo vivo, y la policía reprime las manifestaciones de la oposición burguesa, MCM y Edmundo Gonzalez pasaron a la clandestinidad, para no ser capturados y procesados.

Maduro denunció un nuevo intento de golpe de Estado: “(…) ellos deberían presentarse ante la Fiscalía y dar la cara en vez de huir y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales … esa gente tiene que estar detrás de las rejas. Y tiene que haber justicia en Venezuela. No puede haber un nuevo Leopoldo López, un nuevo Guaidó” (El Mundo, 01/08/2024)

La represión contra los lideres de la oposición burguesa, el allanamiento de los locales partidarios, la persecución contra los activistas, ha provocado una disminución temporal de las movilizaciones de protestas contra la reelección de Maduro. Pero el ambiente político sigue siendo explosivo.

La propuesta conciliadora de Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia, al inicio de la crisis desatada por la proclamación de Maduro como ganador, declaró: "Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional (…) Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones.  (…) Le solicito al gobierno de los EEUU, suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos ". (X, 31/07/2024)

Esta propuesta de publicar los resultados, repite las exigencias de Estados Unidos y sus aliados, pero encierra otra propuesta clave: iniciar un dialogo o negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición burguesa.

Al día siguiente, Petro volvió a insistir: “No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos”. (Los Ángeles Times, 01/08/2024)

Propuesta de México, Colombia y Brasil

En un escueto comunicado conjunto, los tres países claves de América Latina, que se abstuvieron en la OEA y se negaron a condenar al gobierno de Maduro, declararon que “(..) las controversias relativas al proceso electoral deben resolverse por medios institucionales. El principio fundamental de la soberanía popular debe respetarse mediante una verificación imparcial de los resultados (…) Reiteramos nuestra disposición a apoyar los esfuerzos de diálogo y la búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano” (La Jornada, 01/08/2024)

Este comunicado superó la propuesta conciliadora de Petro se establecer un dialogo o negociación política. En pocas palabras, los tres gobiernos dijeron que son las instituciones del Estado de Venezuela, es decir, el poder electoral del CNE y el poder judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los que deben resolver la crisis. El problema es que estas instituciones están controladas absolutamente por el chavismo.

El reconocimiento a Edmundo Gonzalez

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado, con fecha 1 de agosto, con un lenguaje muy cuidadoso, reconoció el triunfo de Edmundo Gonzalez, pero sin reconocerlo todavía como gobierno paralelo al de Maduro.

“Considerando las evidencias abrumadoras, resulta claro para Estados Unidos y, por sobre todo, para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela. (…) Ahora es momento de que las partes venezolanas comiencen a dialogar sobre una transición pacífica y respetuosa en consonancia con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”.

Casi al mismo tiempo, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá han reconocido el triunfo electoral de Edmundo Gonzalez. Perú fue el primero en hacerlo, y esto produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Perú.

Con ello crecen las posibilidades de creación de una segunda aventura, como la de Juan Guaidó en 2019, la reedición de un fenómeno cuyo fracaso es conocido, pero en un contexto diferente.

La maniobra “institucional” de Maduro

Maduro, para justificar la represión, no se cansa de denunciar que las protestas forman parte de “(…) un golpe de Estado dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica y la internacional fascista, la derecha fascista con Elon Musk, [Javier] Milei y todo ese pelambre de extremistas del fascismo y el extremismo salvaje del mundo (…) Pretenden montar a Venezuela una versión depauperada de Guaidó, una película en su segunda parte, Guaidó, parte dos (…), han utilizado la campaña electoral para tratar de armar una nueva fuerza", (Sputnik, 02/08/2024)

Pero, ni tonto ni perezoso, Maduro ha retomado el consejo de México, Colombia y Brasil, de que la crisis electoral sea resuelta por la vía institucional, como ocurre en casi todos los países. Cuando, por ejemplo, se produjo un empate entre Al Gore y George W Bush, en las elecciones presidenciales del año 2000 en Estados Unidos, correspondió a la Corte Suprema de Justicia decidir quién era el ganador.

Maduro presentó un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que resolviera el problema de la presentación de las actas. Y con aires triunfalistas, Maduro declaró: “(…) que el TSJ se encargue de establecer la verdad, que llame y cite a todos los candidatos, que llame y cite a todos los partidos. Que le pida a todos las actas. Nosotros tenemos todas las actas. Y que le pida al CNE, como poder electoral, el informe definitivo del proceso electoral y sea la Sala Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como máxima instancia republicana de la justicia, quien determine todo. Me sometí a la justicia y le pido a la justicia que establezca la verdad para que en Venezuela haya paz para el país" (El País, 02/08/2024)

Inmediatamente, la Sala Electoral del TSJ ordenó a todos los candidatos presidenciales presentarse el día viernes 2 de agosto, para resolver el caso.

Gerardo Blyde, jefe negociador de la PUD, está claro cuál es la intención del recurso de amparo de Maduro: "Sin cumplirse la fase de totalización en el CNE, el acta de proclamación carece de su requisito fundamental de validez y la hace nula. Se violó el proceso de formación de ese acto por parte del CNE (…) es claro que se pretende que sea el TSJ el que supla la fase no culminada de totalización de actas, sin ninguna competencia constitucional o legal que se lo permita (…) ¿Qué impugnó Maduro? ¿Su propia acta de proclamación? El TSJ no tiene ninguna competencia para suplir la obligación que tenía el CNE de cumplir con la totalización antes de proclamar. ¿Cuál es la controversia que conoce el TSJ y por la que citan a los candidatos? Maduro no tiene legitimidad activa a menos que haya impugnado su propia proclamación" (Infobae, 01/08/2024)

Mientras los tribunales se preparan, todas las presiones internacionales pretenden obligar a Maduro a iniciar una negociación con la oposición burguesa.

Presiones y contrapresiones para negociar

No hay duda que en esta batalla política, los diferentes campos elevan las presiones, para mejorar su posición de fuerzas, es un anhelado y posible diálogo o negociación. Estados Unidos ha llamado a una negociación, lo mismo han hecho, aunque muy discretamente, los representantes de la oposición burguesa.

Mientras se producen marchas y contramarchas, y crece la agitación política, el peligro para ambos bandos es que las masas populares pierdan la paciencia y tomen el control de la situación, por fuera de las cupulas partidarias del chavismo y de la PUD.

Sanciones económicas y exigencias democráticas

La estrategia de Estados Unidos para derrotar al chavismo, ha pasado por diferentes etapas, desde la efímera coexistencia pacífica hasta organizar paros nacionales empresariales y fallido golpe de Estado en 2002. En los últimos años, la estrategia imperialista ha sido asfixiar económicamente a Venezuela por medio de sanciones económicas y bloqueo financiero, provocando el colapso de la industria petrolera, la principal fuente de ingresos. El resultado era previsible: con escasos recursos, se reduciría la base social electoral del chavismo.

Al mismo tiempo que Estados Unidos y sus aliados imponen severas sanciones a Venezuela, que ha provocado que mas de 5 millones de venezolanos salgan del país en busca de la supervivencia económica, enarbolan y agitan la bandera de la democracia.

En condiciones de ruina económica y bajo el acoso imperialista, el régimen bonapartista de Nicolas Maduro ha evolucionado, en determinadas coyunturas, a formas abiertamente dictatoriales, única forma de sostenerse en el poder. Es un círculo vicioso infernal que se cierra paulatinamente.

Es la misma estrategia que impone a Cuba, tras 60 años de bloqueo criminal que tiene arruinada la economía y que somete a la población a incontables sufrimientos. La misma estrategia que Estados Unidos aplicó durante la revolución en Nicaragua (1979-1990), iniciando la guerra civil para después exigir la convocatoria a elecciones en 1990. La única gran diferencia es que en Cuba y en Venezuela no hay guerra civil, pero de continuar las presiones imperialistas sobre Venezuela puede estallar en cualquier momento.

Detrás del aparente interés de Estados Unidos por el “restablecimiento” de la democracia en Venezuela, se esconde el frio interés de volver a controlar el petróleo de Venezuela, el país con las mas grandes reservas de petróleo en el mundo. Por eso han negociado con Maduro, a pesar que le acusan de “narcotraficante”.

El dilema del chavismo

El chavismo fue un fenómeno político que nació y reflejó el descontento de la oficialidad de las fuerzas armadas, por la entrega de los recursos petroleros de Venezuela por parte de los diferentes gobiernos. Posteriormente, Chávez logró crear un gran movimiento de masas en alianza con fuerzas progresistas y de izquierda, hasta ganar las elecciones en 1999, y después crear al Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

El chavismo ha tenido dos fases en su evolución: un periodo de ascenso (1999-2013) que termina con la muerte prematura de Hugo Chávez, y otro periodo de crisis y declive bajo los gobiernos de Nicolas Maduro (2013-2024). En este último periodo, ante la reducción de la base social electoral, cada vez más, el soporte del régimen bonapartista y del gobierno de Maduro, son las fuerzas armadas, verdaderas columnas del poder.

Esta oficialidad nacionalista dentro de las fuerzas armadas defiende, a su manera, los valiosos recursos del petróleo venezolano, pero cada vez tiene menos margen de maniobra, por la destrucción de la base económica del país.

Hasta el momento, el gobierno de Maduro ha sido un fiel representante de los intereses la alta oficialidad nacionalista de las Fuerzas Armadas, pero las continuas crisis electorales degastan a Maduro, sin posibilidades de un recambio que permita la continuidad del chavismo en el poder. No obstante, si continua el deterioro de la base social del chavismo, existe la posibilidad que Maduro sea sustituido en aras de mantener el difícil e inestable statu quo.

¿Un callejón sin salida?

Lo más trágico ha sido que, bajo la agresión imperialista, el gobierno de Maduro, lejos de apoyarse en la movilización de masas como lo hacía Hugo Chávez, ha actuado en sentido contrario: mientras le otorgaba jugosas concesiones a la “boliburguesia” ha impuesto planes de ajuste neoliberales, perseguido y reprimido a los sindicalistas, ha restringido los derechos sindicales y ha pulverizado las conquistas laborales, obligando a estos sectores sociales desencantados, a encontrar un falso alivio en las promesas de la derecha agrupada en la PUD.

La única manera de romper el circulo vicioso y la caída libre del chavismo, es que se produzca un reagrupamiento de las fuerzas de izquierda, que se postule como una nueva alternativa, que defienda a Venezuela contra la agresión imperialista, que defienda los recursos naturales en beneficio de la población, y que combata políticamente a los agentes del imperialismo norteamericano agrupados en la PUD.