Por Orson Mojica

La crisis política en Venezuela sigue al rojo vivo. Tal como había sido anunciado, el pasado 16 de julio la oposición venezolana, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), desde su control sobre la Asamblea Nacional, convoca a una consulta popular, no vinculante, que contenía tres preguntas.

Las preguntas de la consulta

La primera era si desconocían la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, realizada por el gobierno de Nicolás Maduro. La segunda pregunta era si demandaban a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a defender la Constitución de 1999 y las decisiones de la Asamblea Nacional. La tercera pregunta era si estaban de acuerdo con la renovación de los poderes públicos a través de elecciones libres y trasparentes para constituir un gobierno de Unidad Nacional.

Estas tres preguntas sintetizan el programa político inmediato de la oposición burguesa en Venezuela: respeto a la Constitución de 1999, restauración de la institucionalidad, respeto a la FAN y creación de un gobierno de Unidad Nacional que sustituya al gobierno de Maduro.

Los resultados

La consulta fue realizada de manera informa, debido a que el Consejo Nacional de Elecciones (CNE), controlado por el gobierno de Maduro, no autorizó la consulta, y más bien intentó boicotearla organizando un simulacro de votación para la Constituyente ese mismo día.

Los rectores de cinco universidades venezolanas actuaron como una junta del organismo ad hoc encargado de organizar la consulta popular. Los datos arrojan que participación unos 7.186.170 venezolanos, quienes en una mayoría del 98% de los votos, respondieron si a las tres preguntas. Es difícil confirmar si estos datos proporcionados por la MUD, son fidedignos. Pero, aun así, no hay duda que la derecha venezolana mantiene cohesionada a su base social.

El padrón electoral para el año 2015 era de 19.260.775 electores, lo que indica que solamente participó el 37% del total del padrón electoral. Entonces, a pesar de las exclamaciones de éxito y de auto complacencia de la MUD, este 37% refleja el voto duro de siempre de la derecha venezolana.

Lo anterior no significa que el restante 63% apoye al gobierno de Maduro. Para nada. Ese 63% está conformado por los independientes, atraídos por el chavismo crítico, y por el voto duro del chavismo.

El paro cívico nacional: la hora cero

Animada por los resultados relativos de la consulta popular, y con necesidad de tensionar las fuerzas ante la dureza del gobierno de Maduro, la oposición burguesa convocó a un paro cívico nacional de 24 horas. No es la primera que la derecha venezolana intenta paralizar el país, los últimos paros los convocaron en vida de Hugo Chávez, y no lograron sus objetivos.

Esta vez la meta fue más moderada: para nacional de 24 horas para presionar al gobierno de Maduro a abandonar la Constituyente. La convocatoria fue apoyada por las cámaras empresariales, cámaras de comercio y algunos sindicatos, pero no se logró paralizar el país, como se pretendía. Fue un paro parcial en algunos sectores y en algunas áreas de la economía, como el sector servicios. Los sindicatos industriales, controlados por el chavismo, no participaron. Entonces, fue mezcla de lock out empresarial con apoyo de algunos sectores laborales y populares.

Un factor que influyó en la poca presencia de trabajadores en el paro nacional es el desempleo. Según FEDECAMARAS el 70% de la industria venezolana ha cerrado operaciones en la última década, y el 30% restante funciona en condiciones muy críticas.

Reacciones a las declaraciones de Mogherini y Trump

La oposición burguesa venezolana tensiona sus fuerzas, para atraer el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y los gobiernos latinoamericanos. SE han pronunciado contra la convocatoria a la Constituyente, los gobiernos de Estados Unidos, México, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Argentina, México, Panamá, Alemania y España.

Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, llamo al gobierno de Maduro a “suspender” la convocatoria a la Asamblea Constituyente, argumentando que “gran parte de la población claramente no parece apoyar la Asamblea Constituyente. Convocar esa Asamblea corre el riesgo de polarizar más el país y de incrementar la confrontación (…) aún hay espacio para retomar negociaciones serias (…) La región es lo suficientemente diversa para ofrecer muchos participantes diferentes a ese grupo y estaríamos más que felices en apoyar tal proceso regional por todos los medios (…) Espero que el tiempo de ahora al 31 de julio pueda utilizarse sabiamente para buscar la unidad del país y evitar cualquier otra escalada” (diversas agencias)

Trump rompió el silencio y declaró que “Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y rápidas acciones económicas (…) Ayer, el pueblo venezolano volvió a dejar claro que defienden la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Sin embargo, sus fuertes y valientes acciones siguen siendo ignoradas por un mal líder que sueña con convertirse en un dictador. Estados Unidos nuevamente pide elecciones libres y justas y se une al pueblo de Venezuela en su búsqueda de restaurar en su país una democracia plena y próspera” (CNN, 17707/2017)

Con estas declaraciones, Trump insinuó que Estados Unidos, principal comprador del petróleo venezolano, dejaría de hacerlo, lo que causaría el colapso de la maltrecha economía venezolana, altamente dependiente de los ingresos petroleros. ¿Cumplirá Trump con sus amenazas? Hasta el momento ha demostrado estar dispuesto a todo, sobre todo porque la crisis en Venezuela tiene un efecto de carambola sobre Cuba, y la política de Trump hacia la isla ha sido de endurecimiento.

Las declaraciones de Mogherini y Trump crisparon al gobierno de Venezuela. El Samuel Moncada respondió que “Por instrucción del presidente Maduro, nosotros haremos una revisión profunda de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque no aceptamos las amenazas de nadie (…) La (ANC) será electa por el voto directo universal y secreto de todas las venezolanas y venezolanos bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Es un acto de la soberanía de la República, nada ni nadie podrá detenerla” (El Nacional, 18/07/2017)

Para contrarrestar el creciente aislamiento diplomático, Maduro anunció que "ya sale una alta comisión encabezada por nuestro canciller y nuestra presidenta del Poder Electoral para desenmascarar estas amenazas insólitas que indignan al pueblo venezolano" (Telesur 18/07/2017)

La reacción más fuerte provino del general Vladimir Padrino López, Jefe de la FAN y ministro de defensa, quien leyó un comunicado de esta institución, que en sus partes medulares declaraba que la FAN "repudia con la mayor firmeza posible las nefastas declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. En un acto de afrenta a la independencia nacional, ha osado amenazar de modo vil y desmesurado al pueblo venezolano con imponer 'rápidas y fuertes acciones económicas si el Gobierno de Venezuela procede con la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio”.

Criticó las declaraciones de Federica Mogherini, a quien acusó de asumir "una actitud sumisa a los intereses financieros y comerciales de una elite extremista que hoy gobierna los Estados Unidos", para concluir que “La institución castrense ratifica su carácter antiimperialista y llama a sus hombres y mujeres a cerrar filas y permanecer firmes en nuestras convicciones patrióticas. Tenemos la certeza de que el país entero evaluará y analizará adecuadamente las intenciones oscuras de estas viles declaraciones".

La elección de nuevos magistrados

Continuando con sus planes, la oposición burguesa desde el control de la Asamblea Nacional pasó a elegir 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), elevando el nivel de confrontación con el gobierno de Maduro, quien en el último periodo se ha apoyado en sentencias que le son favorables, pronunciadas por magistrados chavistas.

Desde el punto de vista de los establecido en la Constitución de 1999, corresponde a la Asamblea Nacional la elección de los magistrados. Pero ya comenzó el forcejeo legal. Manuel Galindo, contralor general de la República, denunció que la Asamblea Nacional no podía designar magistrados para el TSJ porque el período de los actuales magistrados no se ha vencido.

El Consejo Moral Republicano (CMR), órgano rector del Poder Ciudadano de Venezuela, rechazó el nombramiento de los nuevos magistrados. Y así surge un nuevo laberinto legal, en la que uno y otro bando se acusan mutuamente de violentar la Constitución de 1999. Lo que si queda claro es que las instituciones estatales en Venezuela están paralizadas y en conflicto constante entre si.

Atrincherándose para negociar

La crisis política sigue aumentando a niveles nunca visto, pero tendremos un primer desenlace el 30 de julio, el día de las votaciones para la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de las presiones internacionales, el gobierno de Maduro no echara marcha atrás, porque dependiendo de sus resultados, tiene en sus manos una magnifica herramienta de negociación.

Uno de los principales problemas que enfrenta el chavismo es que no desea, en ninguna circunstancia, que las instituciones del régimen bonapartista sean usadas por un posible gobierno de la oposición, para desmantelar el aparato que el chavismo ha construido en las últimas dos décadas. La MUD ha plantado como parte de su programa inmediato, la conformación de un gobierno de unidad nacional, es decir, compartir el poder con sectores del chavismo. Pero la verdad es que una vez que se inicie un cambio de gobierno, nada ni nadie garantiza que la dinámica política no destroce lo que se haya acordado en la mesa de negociaciones. Por eso Maduro, insiste en una Constituyente que le permite hacer los cambios que el chavismo necesita.

La hora cero se acerca. Después del 30 de julio, vendrán más presiones del imperialismo norteamericano y europeo contra Venezuela, es deber de los socialistas centroamericanos estar atentos en la lucha contra el enemigo común.