Por Unidad Socialista de Izquierda (USI)

El gobierno del presidente Chávez acaba de sacar de operaciones a 34 emisoras a nivel nacional, y está pendiente de aplicar sanciones similares a otras 206, bajo el argumento de que sus concesiones han vencido, o existen irregularidades en la titularidad de las mismas. Mientras que las cámaras de empresarios de la comunicación se presentan como supuestos defensores de la libertad de expresión, el gobierno nos vende esta medida como avance hacia la democratización del espectro radioeléctrico. Para la Unidad Socialista de Izquierda ninguna de estas dos posiciones representa los genuinos intereses de los trabajadores y el pueblo explotado.

En primer lugar, para nosotros no hay duda de que los medios de comunicación privados, radiales, impresos y televisivos, son órganos de difusión de los intereses de la burguesía, y a diario reproducen los paradigmas ideológicos que justifican la existencia de la explotación y la desigualdad en el marco del capitalismo. Además, el pueblo venezolano sufrió en carne propia las acciones brutales que estos medios acometieron en su contra en los días del golpe de Estado y el paro-sabotaje patronal y pro-imperialista, ejecutadas en su empeño de liquidar el proceso revolucionario.

En segundo lugar, el gobierno del presidente Chávez es un gobierno burgués que con sus políticas reproduce y profundiza la rapiña capitalista en nuestro país, más allá de las invocaciones socialistas del presidente y demás representantes de su gobierno.

La política comunicacional del gobierno no es democrática

Ya conocemos la experiencia de TVES, televisora estatal que sustituyó a RCTV, a la cual no se le renovó la concesión en el 2007. En aquel momento reivindicamos que la señal debía pasar a manos de las organizaciones populares, culturales y de los trabajadores; debía constituirse en un canal cuya programación fuera elaborada democráticamente por estos sectores en función de elevar el nivel cultural de los usuarios, y que además, estuviera al servicio del debate político amplio y plural, y a disposición de todos los sectores en lucha. Lejos de esto, el gobierno se apropió de la señal e hizo de TVES un brazo comunicacional para la propaganda oficial y el partido de gobierno, en el que no tienen cabida las luchas obreras y populares que se desarrollan en el país. Lo mismo ocurre con VTV, Vive TV, RNV, ANTV, y los demás medios en manos del gobierno. Esta férrea línea editorial de los medios oficiales ha dejado a muchos dirigentes obreros y populares con los medios privados como única alternativa de comunicación con alcance nacional.

Los medios estatales son los primeros en violar el derecho a la información oportuna y veraz, pues no reflejan las luchas populares y obreras. Los canales oficiales han silenciado las luchas de los obreros petroleros por su contrato colectivo y por la realización de elecciones en la Futpv; no dan cabida a los empleados públicos que tienen 5 años sin contrato colectivo; tampoco a los trabajadores tercerizados de Sidor; no reflejan la grave situación que padecen las empresas del aluminio; nada dicen sobre los más de 1500 campesinos sometidos a juicio por combatir el latifundio; no muestran las protestas en Curiepe, cuando su población se alzó ante los atropellos gubernamentales y se enfrentó a la Guardia Nacional; no difunden las luchas de más de 7.000 trabajadores portuarios en Puerto Cabello que luchan por la libertad de 13 compañeros injustamente acusados de narcotráfico, así como en defensa de sus derechos laborales y la soberanía nacional sobre el puerto que se pretende entregar a una empresa mixta con capital extranjero.

La experiencia nos dice que los medios de comunicación en manos de la burocracia gubernamental no son espacios democráticos, al servicio de las luchas populares, sino que al contrario, son medios al servicio de un Estado burgués, de un gobierno inspirado en la conciliación de clases, y de una burocracia cimentada en su alianza con sectores de la burguesía.

¿Democratización del espectro radioeléctrico o mayor control gubernamental?

En este marco debemos entender las acciones administrativas del gobierno contra un grupo de emisoras radiales privadas. Nosotros no le brindamos el más mínimo apoyo a los propietarios de dichos medios de comunicación que ahora se rasgan las vestiduras por la “libertad de expresión”, de la que se pretenden testaferros, así como tampoco confiamos en las acciones que el gobierno está tomando contra las estaciones radiales y televisivas, como un supuesto avance hacia la democratización del espectro radioeléctrico.

Rechazamos estas medidas del gobierno porque no significan un triunfo de la movilización popular, ni un acto de justicia impulsado por los trabajadores y el pueblo, a través de sus organizaciones, que busque resarcir los desmanes cometidos por los propietarios de los medios de comunicación en el contexto del golpe fascista de abril de 2002 y el paro sabotaje de nuestra principal industrial a finales de ese mismo año. Todos recordamos que en un acto de capitulación política tendiente a normalizar las relaciones con la burguesía opositora, el presidente Chávez selló la impunidad de todos estos crímenes con un infame decreto de amnistía. Este decreto, del 31 de diciembre de 2007, dejó sin castigo todos estos crímenes, que cercenaron las vidas de decenas de luchadores obreros y populares víctimas del fascismo, así como multimillonarias pérdidas a la economía venezolana.

Para el gobierno, el objetivo es avanzar en el control del espectro radioeléctrico, para apuntalar sus políticas capitalistas de control sobre el movimiento obrero y popular, así como favorecer a determinados sectores de la nueva burguesía alimentada por la renta petrolera a través del cordón umbilical tendido por la dirigencia burocrático-militar que encabeza Diosdado Cabello. Además de esto, la jugada sirve para presionar a los sectores burgueses con los que mantiene roces para obligarlos a negociar nuevos términos de las concesiones radioeléctricas, y en general encausar un pacto sobre la base de una correlación de fuerzas favorable al gobierno. Un ejemplo del tipo de salida negociada que busca el gobierno lo representan Venevisión y el grupo Cisneros, furibundos golpistas en el 2002 y 2003, y hoy aliados del gobierno, gracias a un acuerdo refrendado por Jimmy Carter.

Contra toda restricción de las libertades democráticas

Las medidas del gobierno para asegurarse una mayor presencia en el espectro radioeléctrico, así como para lograr un mayor control de los contenidos de los medios a través de una Ley contra Delitos Mediáticos, ocurren en el marco de una creciente protesta popular y obrera, que se levanta contra la intención del gobierno y la burguesía de descargar el sofocante peso de la crisis capitalista sobre los hombros de la clase trabajadora, a través del aumento del IVA, los despidos masivos en la administración pública, la voraz inflación y la congelación de salarios por la vía de la no discusión de contratos colectivos.

Antes que terminar con la impunidad de la que han gozado los medios de comunicación privados y castigar sus conductas antidemocráticas y antipopulares, el gobierno lo que busca es contar con herramientas legales para presionar y negociar ventajosamente con la burguesía, y avanzar en su arremetida económica y política contra la clase trabajadora.

Además de esto, busca introducir elementos de control de la actividad periodística y del funcionamiento de los medios de comunicación que nos retrotraerían a los oscuros tiempos del bipartidismo adeco-copeyano, en los que la censura y la persecución contra los periodistas era moneda común, con el objetivo último de silenciar, ocultar y acallar la protesta obrera y popular que sigue creciendo.

Desde esta perspectiva en la Unidad Socialista de Izquierda (USI) rechazamos cualquier intento de restringir las libertades democráticas, ya que en el contexto del capitalismo, las acciones que tome cualquier gobierno burgués contra estas libertades, se revertirán tarde o temprano contra los trabajadores y el pueblo. Aunque se presenten propagandísticamente por parte del gobierno como acciones contra la “oligarquía” o el “latifundio mediático”, este es sólo el manto ideológico que busca encubrir el verdadero propósito de la burocracia y la boliburguesía.

Una Ley contra Delitos Mediáticos, por ejemplo, que obligue a los periodistas a revelar sus fuentes, sería un instrumento perverso al servicio de cualquier gobierno burgués para limitar el ejercicio periodístico. Si bien hoy tenemos un gobierno que habla de socialismo, y que en sus primeros años se apoyó en la movilización popular, mañana esta herramienta podría estar en manos de un gobierno reaccionario de la burguesía que puede utilizar esta y cualquier otra restricción en contra de los medios de comunicación para liquidar la expresión autónoma de los trabajadores y el pueblo, censurar y proscribir sus periódicos, radios comunitarias y medios alternativos, así como sus organizaciones.

Si nosotros luchamos por un socialismo con democracia obrera, en el que estén garantizados todos los derechos sociales y políticos para el pueblo y los trabajadores, con igual convicción nos oponemos a cualquier restricción de los derechos y libertades en el marco del actual régimen burgués y capitalista, pues estas son las garantías necesarias para nuestra actividad política.

Por el 100% del espectro en manos de los trabajadores y el pueblo organizado

No es con medidas restrictivas o leyes que institucionalicen la censura, aplicadas por un gobierno burgués como el que prevalece en el país, como se combatirá a la burguesía y al imperialismo.

La única forma de luchar contra la burguesía, sus medios y las ideas reaccionarias que estos difunden para perpetuar la desigualdad y la explotación capitalista es liberando a los medios del yugo del capital y la propiedad privada. Por ello, reivindicamos la verdadera democratización de las comunicaciones reclamando que el 100% del espectro pase a manos del pueblo y sus organizaciones: sindicatos, consejos comunales, frentes campesinos, estudiantiles, y demás organizaciones populares.

Sólo la movilización y la lucha autónoma del pueblo pueden colocar los medios de comunicación, así como todos los medios de producción, en manos de los trabajadores y el pueblo. Esto es algo que ni el gobierno ni la oposición derechista y proimperialista se proponen; sin embargo es el único camino para nuestra auténtica liberación, es el camino del socialismo revolucionario con democracia obrera.

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