Por Eduardo Lucita

Integrante de EDI – Economistas de Izquierda

La caída del ALCA y el estancamiento de las negociaciones en la OMC llevaron a EEUU a imponer acuerdos bilaterales con varios países de América latina y, con el aval de la UE, a reflotar el proyecto transatlántico, mientras que en paralelo negocia un Acuerdo Transpacífico (TTP por sus siglas en inglés).

A mediados del año pasado los estados miembros de la UE instruyeron a la CE para que retomara las negociaciones; desde entonces, el dinamismo fue creciente. En el segundo semestre del 2013 hubo tres reuniones, con la característica -que también tuvieron las fallidas negociaciones por el ALCA- que son casi secretas, no hay mayor información pública ni transparencia en la negociaciones, tampoco participación de los partidos ni de las organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, ecologistas, defensa de los consumidores…)

Dimensiones y contenidos.

De concretarse el ATCI será el mayor acuerdo comercial de la historia. Abarcará a 800 millones de personas, explicará cerca de la mitad del PBI mundial y más del 30 por ciento del comercio internacional.

El lema del ALCA era “igualdad de trato y de acceso a los mercados” mientras que para el ATCI es lograr “…el más alto nivel de liberalización”. Sus contenidos no nos son ajenos: rebaja de aranceles hasta su eliminación; apertura de los mercados de servicios e inversión; libre acceso a las contrataciones públicas; desregulación de mercados laborales ambientales y sanitarios.

No obstante el punto determinante del acuerdo es el establecimiento de derechos jurídicos favorables a las corporaciones. Derechos que aún no lograron imponer en la OMC. Se trata del capítulo sobre “protección de inversiones”, que replica el capítulo 11 del TLCAN, o el 15 en los frustrados borradores del ALCA.

Por esta nueva estructura jurídica todo inversor de un país miembro podrá entablar juicio a los estados de los países suscriptores del acuerdo por la sanción de leyes protectoras o reguladoras que afecten los costos de producción y las condiciones de prestación de sus servicios. Por lo tanto de sus tasas de ganancias.

Se trata de una nueva relación Estado/inversionistas que tiene consecuencias políticas no menores. Se fortalece el poder de las corporaciones y se vulnera la soberanía de los Estados, mientras que al poner el interés de los inversionistas por sobre el de los ciudadanos se vulnera la soberanía popular, la de las instituciones y la del propio régimen democrático.

La dimensión geopolítica

Pero el acuerdo no solo tiene implicancias ideológicas, políticas y económicas, tiene también una dimensión geopolítica. Se trata de trazar una raya al avance y consolidación de China en el escenario internacional, que va camino a ser primera potencia económica, ya desplazó a EEUU del podio de primera potencia comercial del mundo (es el primer exportador y el segundo importador) y avanza con sus inversiones en África y América latina.

En este contexto es que también debe analizarse en nuestra región la creación de la Alianza del Pacífico integrada por países (México, Colombia, Perú, Chile) que tienen firmados Tratados de Libre Comercio (TLC) con EEUU, que comparten la lógica económica del neoliberalismo y que tienen las llaves de futuras salidas exportadoras por el Pacífico.

Imperialistas apurados

Se sabe que la administración del presidente Barak Obama aspira a firmar este tratado antes de que venza su mandato, mientras que en su reciente visita a los EEUU el presidente francés, François Hollande, fue por demás explícito: “Ir rápido va a ser lo mejor”. ¿Porque tanto apuro? El propio Hollande lo aclaró “Si no, sabemos que se van a acumular los miedos, las tensiones, las amenazas, las crispaciones”. (No es ocioso recodar aquí que en los años ‘30 del siglo pasado el socialista León Blum, por ese entonces primer ministro del Frente Popular aclaró sin ambigüedades “…los socialistas somos el médico de cabecera del capitalismo".

Sin tiempo que perder

Los ciudadanos europeos debieran considerar que lo que está en discusión es la equiparación de las condiciones de concurrencia entre EEUU y la UE. Por lo tanto están en juego las relaciones capital/trabajo (salarios, condiciones laborales, nivel de empleo); los restos del Estado del Bienestar (recortes sociales); las normativas para la comercialización de bienes y servicios (regulaciones ambientales y fitosanitarias) y hasta ciertos aspectos de la propiedad intelectual.

Tanto los contenidos explicitados más arriba como estos riesgos estaban incluidos en el proyecto ALCA. Llama la atención que en los numerosos trabajos críticos que circulan por Europa –o al menos en los que este articulista tuvo acceso-, no se tomaran en cuenta los resultados del TLCAN para México (pérdida de la soberanía alimentaria, despoblamiento del campo, incremento de los niveles de contaminación, juicios contra los Estados miembros), ni se mencione la experiencia latinoamericana en la derrota del ALCA (una amplia confluencia de los movimientos sociales del continente que culminó en el Movimiento No al ALCA, que sostuvo la resistencia durante varios años, combinada con la acción los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela en la hoy histórica reunión de Mar del Plata).

Visto desde el sur de la América latina, la ciudadanía europea, los sindicatos las organizaciones sociales no tienen tiempo que perder.