Por Ursula Coj

El presidente estadounidense Donald Trump, junto al fiscal general Jeff Sessions cancelaron la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés), como un ataque más para la población migrante.

El Daca beneficia a 800 mil jóvenes -en su mayoría estudiando una carrera universitaria- quienes habían llegado procedentes de nuestros países, de los cuales el 75% son mexicanos, siguiéndole descendentemente, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Esta medida promulgada por el gobierno de Obama permitía que las y los jóvenes pudieran estudiar, conducir, laborar y tener derecho a seguridad social, con el requisito de residan permanentemente y haber ingresado antes de los 16 años; sin embargo, para nada era un permiso de residencia legal, ni menos de ciudadanía

El problema es también de orden cultural, porque muchos de estos son prácticamente estadounidenses y no conocen la realidad del país de origen de sus padres, por tanto esta medida es un rechazo por su color y su origen,  a una buena cantidad de jóvenes estadounidenses

Recordemos que muchos de los padres emigraron en la década de los 80s del siglo pasado como producto de las guerras internas y civiles que se vivieron en Centroamérica y la aplicación de las políticas neoliberales en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, provocando la desindustrialización y la articulación en forma de maquilas y ensambladoras en estos países. Es hasta cierto punto el producto del retroceso político y económico que sufrió la clase trabajadora en estas cuatro naciones.

Al conocerse la noticia se realizaron manifestaciones en varias ciudades estadounidenses y en distintos campus universitarios, y se espera que se recrudezcan. Pero recordemos que, en el gobierno de Obama, con Clinton y Kerry como secretarios de Estado fueron deportados más de 5.5 millones de indocumentados y 2.7 millones de “salidas voluntarias”, así como inició la persecución -ahora con más crudeza- a la población indocumentada, llevando a tribunales de inmigración y a centros de detención, considerando a la población trabajadora que viaja hacia el norte, como delincuentes.

Fue en el gobierno de Obama donde se empezó a implementar el e-verify cuya finalidad es fortalecer los controles migratorios con instrumentos electrónicos en la frontera sur de Estados Unidos y los aeropuertos. Trump ahora lanza la papa caliente al Congreso, donde el Partido Republicano tiene mayoría y donde demócratas y algunos republicanos planean discutir una ley federal denominada Dremeract donde se permitiría a éstos y a otros jóvenes acogerse sin un tiempo definido, pero nuevamente sin esperanzas de conseguir la residencia o la ciudadanía y a la vez seguir entregando fondos para el fortalecimiento del e-verify que es de hecho un muro electrónico

Trump por su parte, no puede detener el flujo de inmigrantes que la economía de ese país necesita como fuerza laboral, y que los empresarios usan para bajar el costo laboral, la indocumentada es el 17% de la mano de obra total. Existen estudios que consideran que el aporte de los dreamers y los hijos de inmigrantes ilegales en general que accedan a estudios superiores es altísimo para la economía.

En el capitalismo, la burguesía de los países centrales necesita del ingreso de mano de obra inmigrante, con lo cual puede abaratar el costo de la fuerza laboral de toda la clase trabajadora afectando con más intensidad a estos trabajadores sin o con pocos derechos. Pero a la vez es un dispositivo racista para debilitar la unidad de la clase trabajadora tanto la extranjera, como la residente y autóctona, con el pretexto falso de que los y las latinas quitan puestos de trabajo.

Por otro lado, las reacciones de los gobiernos fueron tímidas; el caso más patético fue del nuevo equipo de la cancillería guatemalteca que simplemente mostró su preocupación, apelando al sentido humanitario. Mientras los cancilleres de El Salvador y México demagógicamente mencionaron que esperan una ley permanente y una solución de esta índole.

No se debe confiar en el Partido Demócrata, que tiene influencia en organizaciones hispanas, es necesario arreciar las movilizaciones para exigir al Congreso de ese país no solamente que se renueva y se extienda la cobertura del Daca, sino lograr la residencia legal y ciudadanía para las y los jóvenes y sus padres, si lo desean. Así como combatir por medio de la movilización la represión a la clase trabajadora latinoamericana, la construcción del muro, el cese de las deportaciones y los controles militares en la frontera con México. A la cual se le debe sumar la movilización al sur del Rio Bravo contra la militarización de la frontera sur mexicana y la persecución de migrantes de todos los orígenes en Centroamérica.