El fracaso de la Cumbre sobre la legalización de las drogas
La cumbre de presidentes centroamericanos, convocada por el gobierno de Otto Pérez Molina, a realizarse el 24 de Marzo en la ciudad de Antigua, Guatemala, con el objetivo de discutir políticas conjuntas para el combate contra el narcotráfico, mostró la existencia de dos bloques de gobiernos en la región.
Por un lado, tenemos a los gobiernos de Guatemala, Costa Rica y Panamá, cuyos presidentes fueron los únicos que asistieron a la Cumbre, y por el otro lado tenemos a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuyos presidentes no asistieron pero si participaron con delegaciones de bajo nivel.
En las últimas semanas el presidente Pérez Molina ha variado su posición en torno a la despenalización de las drogas, aceptando que sin consenso regional no se puede aplicar. No puede considerarse este punto como el origen del fracaso de la Cumbre en Antigua. Tampoco puede considerarse el tema de la despenalización de las drogas, como un punto de agenda común entre Guatemala, Costa Rica, y Panamá, ya que estos dos últimos gobiernos, aceptan nada mas debatir el tema.
A estas alturas, ya no cabe la menor duda que el planteamiento de Pérez Molina, sobre la despenalización de las drogas, es una valiosa carta de negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Todos los gobiernos centroamericanos coinciden en solicitar mayores fondos para combatir al narcotráfico, pero difieren en como solicitarlo y bajo que condiciones al amo imperial.
Ante la creciente ruina financiera de los artificiales Estados nacionales en Centroamérica, que son acosados y a veces hasta rebasados por el poderío financiero de los carteles del narcotráfico, que manejan miles de millones de dólares en sus cajas chicas, Pérez Molina ha lanzado una nueva propuesta de cobrar por cada kilo de droga incautado. Para disfrazar esa apremiante necesidad de fondos, Pérez Molina declaró: “Por cada kilo de cocaína que se incaute, queremos que sea compensado el 50 por ciento. El 25 % serviría para Educación y la otra mitad para Salud”. (Prensa Libre 25/03/2012)
En pocas palabras, para obtener fondos para los gastos del Estado, el gobierno de Guatemala cobraría comisiones o porcentajes sobre el monto de la droga capturada. Incluso, Pérez Molina hasta sacó cuentas afirmando que un kilogramo de cocaína en Colombia tiene un precio de entre $1 mil y $2 mil, cuando ya está en Guatemala alcanza los $10 mil, pero al llegar a Estados Unidos vale $70 mil, y cuando llega más al norte de ese país sube a $150 mil.
Evidentemente, este giro nacionalista no es del agrado de Estados Unidos. Ya no se trata de confiscarle todos los bienes del narcotráfico, sino cobrarle a Estados Unidos por la droga incautada. El narcotráfico es un negocio multimillonario en el que participan clandestinamente sectores que tienen influencia dentro del propio gobierno de Estados Unidos. No se puede explicar semejante crecimiento y poderío de los carteles del narcotráfico, sin sectores que desde el gobierno de Estados Unidos protegen y fomentan este negocio criminal.
En el fondo, la propuesta de Pérez Molina es crear un impuesto al narcotráfico, que a la larga permitiría llegar a acuerdos con los carteles, sobre las cantidades de drogas que pueden arribar a su destino final.
La prudencia mostrada por los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, se debe al inminente arribo de William Brownfield, el zar antidroga de Estados Unidos, a Tegucigalpa. Estos gobiernos se desmarcan de la peligrosa propuesta de Pérez Molina, y prefieren seguir siendo considerados “buenos chicos” en la lucha que dirige Estados Unidos.
Nuevamente insistimos desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), que el tema de la lucha contra el narcotráfico y la legalización del consumo de drogas, son temas vitales de la política centroamericana, y que la izquierda debe levantar una política independiente, de los intereses y protagonismos de los diferentes gobiernos.