Es la primera vez que un ex gobernante en Centroamérica es sometido a juicio por genocidio. Las víctimas de espantosos crímenes durante los años 70 y 80 lograron justicia después de 30 años. Pero nuestra alegría no duraría mucho tiempo. Diez días después, el 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió anular la sentencia y retroceder el juicio al 19 de abril, invalidando lo actuado por el Tribunal A de Mayor Riesgo.

La sentencia de la CC confirma que el sistema judicial en el Estado burgués está organizado para favorecer a quienes detentan el poder. La corrupta justicia burguesa metió malintencionadamente el juicio de Ríos Montt en un laberinto legal, con la clara intención de favorecer al general genocida, para que muera por anciano y no pague sus crimines en una cárcel.

Pero hay más. El viernes 24 de Mayo, sorpresivamente, el ex presidente Alfonso Portillo, que guardaba prisión por delitos de corrupción, fue finalmente extraditado a los Estados Unidos para responder por acusaciones de lavado de dinero. La intempestiva extradición de Portillo coincide con la anulación del juicio contra Ríos Montt. Es evidente que el gobierno de Otto Pérez Molina, con la complicidad del Ministerio Público, está maniobrando para legitimar a los tribunales de justicia ante el escándalo de la anulación ilegal del juicio a Ríos Montt, levantando la cabeza del corrupto expresidente Portillo ante la opinión pública guatemalteca y centroamericana, pero como chivo expiatorio, como una maniobra compensatoria para calmar el descontento popular. De esta manera, la extradición de un expresidente compensa la anulación del juicio del otro ex gobernante.

Hay una enorme diferencia en el trato que la justicia burguesa dio a ambos ex mandatarios, a pesar de que pertenecieron al mismo partido político. Portillo se destacó por tomar medidas contra los grandes consorcios de la oligarquía, atacando los monopolios, permitiendo la importación de productos para bajar los precios, favoreciendo por ende a sectores burgueses emergentes no sólo con sus decisiones en materia económica sino con conocidos actos de corrupción. Esto no se lo perdonó nunca la oligarquía guatemalteca. Por ello, el sistema judicial burgués se ensañó contra Portillo. En cambio, a pesar de sus crímenes, Ríos Montt no solo cuenta con el respaldo de la cúpula del ejército, sino que es defendido por todas las organizaciones empresariales. La razón: jamás atentó contra los intereses económicos de la oligarquía, y aplastó a sangre y fuego la potencial base social de la guerrilla durante el conflicto armado interno.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza la actuación de la justicia burguesa en ambos casos. Consideramos que los gobernantes que han cometido delitos de corrupción y crímenes contra el pueblo deben ser juzgados por los corruptos y parcializados tribunales de justicia del Estado burgués, sea en Guatemala o en Estados Unidos, sino por tribunales formados por las organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas. A Portillo teníamos que haberlo juzgado nosotros. A Ríos Montt también. Quienes han robado del erario público y quienes han asesinado al pueblo deben responder ante Tribunales Populares, que representen a quienes tienen todo el derecho de exigir cuentas, las clases explotadas y oprimidas. Ellos son los que deben castigar o absolver a estos criminales.