En estos últimos 25 años, con altos y bajos, hemos asistido a constantes luchas de los trabajadores del sector público, en defensa de estos dos vitales servicios públicos. La crisis fiscal y el endeudamiento de todos los Estados de la nación centroamericana, ha acrecentado esta nueva oleada privatizadora. El pretexto es que no hay dinero.

En Guatemala, la lucha por más presupuesto para la Universidad San Carlos (USAC) es parte de la lucha contra la privatización, ya que al no contar con el presupuesto necesario, comienzan los cobros. Lo mismo ocurre con la nueva Ley de Educación Superior en Honduras que reduce el rol de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH). Algo similar ocurre con la Universidad de El Salvador (UES) que sufre una embestida privatizadora por parte del gobierno de Funes y del FMLN. En Nicaragua y Costa Rica la proliferación de universidades privadas dejo reducidas las universidades estatales a un mínimo vital.

Pero esta ofensiva neoliberal también ataca a la educación media o secundaria. En todos nuestros países se disminuyen los presupuestos a la educación secundaria, so pretexto de priorizar la educación primaria. En resumen, los gobiernos cipayos quieren un sistema educativo que prepare mano de obra para las maquilas, que sepa cobrar las facturas del sector turismo y establecer una educación superior elitista y excluyente.

En este contexto, los maestros de Panamá iniciaron el 30 de julio una dura huelga contra el Decreto No 920 que creaba el Sistema de Gestión de Centros Educativos de Formación Integral, que es una privatización parcial de la educación pública a nivel secundario.

Al comienzo de la lucha hubo desconcierto y hasta división en los gremios magisteriales. El gobierno de Martinelli, a través de la ministra de educación, Lucy Molinar, en momentos de conflicto utiliza la táctica distractora de las “mesas de diálogo”, para evitar que la mayoría de maestros se sumen a la huelga

Pero la realidad es más fuerte que las maniobras del gobierno. La huelga fue creciendo conforme pasaron los días, arrastrando a los padres de familia de las provincias más pobres. El 7 de Agosto, la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) anunció la extensión de la huelga por 48 horas más. La Coordinadora de Unidad Magisterial (CUM), aunque está de acuerdo en la derogación del decreto No 920, mantiene una posición conciliadora con el Ministerio de Educación (MEDUCA). El conflicto se ha tornado tan intenso, que la Defensoría del Pueblo se ha ofrecido como mediadora.

En un acto desesperado, la ministra Molinar ordenó, mediante edicto, la destitución o despido del profesor Andrés Rodríguez, dirigente de ASOPROF, lo que provocó que esta organización y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE), prolongaran el paro y realizaran una consulta con las bases, sobre los mecanismos para enfrentar la contraofensiva del gobierno de Martinelli.

La presión de la huelga magisterial, a pesar de la labor divisionista del gobierno, dio resultados: el 9 de agosto la ministra Molinar anunció por la radio la derogación del Decreto No 920, pero todavía no ha salido publicado en La Gaceta. A pesar del retroceso del gobierno, los gremios magisteriales se mantienen todavía en pie de lucha hasta que se oficialice esta nueva victoria del magisterio panameño, exigiendo el reintegro de los dirigentes despedidos.

Los trabajadores centroamericanos debemos sacar conclusiones y asimilar la experiencia de lucha de nuestros hermanos y hermanas de Panamá, un pedazo indisoluble de la nación centroamericana.