Todos los intentos reformistas de modernizar el capitalismo se han topado con la férrea oposición de las élites oligárquicas, que han optado por mantener las características de subordinación a los centros imperialistas y con ello mantener las lógicas de apropiación más brutales de plusvalía y la continuación de modelos de reprimarización de la economía, pese algunos intentos reformistas como la sustitución de importaciones. En ese sentido, los ejércitos de la región han sido instrumentos de los intereses oligárquicos e imperiales y a lo sumo han sido parte del proyecto de los segundos de impulsar junto a la represión en los 80s, los procesos de apertura democrática

Así después de la convulsa década de los 80s, a partir de la lógica de los Acuerdos de Contadora, Esquipulas y el Informe Kissinger, se pretendió, de parte del imperialismo y algunos factores de poder como los ejércitos, atajar la constante pérdida de legitimidad Estatal que había desembocado en guerras civiles y que se pretendía reconstruir en función de mantener la dominación burguesa

Pero el gran ausente de la apertura democrática fueron los temas económicos y sociales, pese a que en los Acuerdos de Paz de Guatemala se hacía referencia a la concentración de la tierra y la necesidad de modificación de las relaciones en el agro. Así, Centroamérica combinó la democratización con políticas neoliberales, desregulando las relaciones económicas y generando un caldo de cultivo para la delincuencia y el crimen organizado, fenómenos que se alimentan de la impunidad propia del legado autoritario del modus operandi de las clases dominantes, así como de la poca estatalidad; esta es de igual forma, manifestación del carácter patrimonial que estas clases han dado a Estado.

Los síntomas de crisis y de agotamiento de los regímenes políticos se manifiestan nuevamente. Sorpresivamente en Guatemala, donde la parsimonia parecía que no iba afectar a las casta politiquera del país. Tras los casos de corrupción y manejo ilegal de fondos en la SAT y recientemente el Igss, se ha despertado al indignación de importantes sectores medios y campesinos, y en menor medida otros sectores populares, manifestando su rechazo a los políticos y empresarios corruptos. Y pese a que no hay un desbordamiento social, hay temor en los factores de poderes a que se empiece a generar condiciones para movilizaciones masivas.

Y en Honduras, donde tras el golpe de Estado contra Zelaya se generó importantes movilizaciones insurreccionales desviadas electoralmente legitimando el régimen político, la crisis que lentamente hace mella, se vuelve manifestar ahora con los intentos reeleccionistas de José Orlando Hernández, a partir de la modificación espuria que la Sala de lo Constitucional de la CSJ de ese país realizó. Nuevamente aparecen indicios de movilización aunque sin el importante instrumento que fue el FNRP, desmovilizado por la fracción liberal zelayista.

Por otro lado, El Salvador manifiesta un consolidado bipartidismo, no exento de disputas entre las élites expresadas en partidos como Arena y el Fmln, donde la sociedad civil demuestra por ahora poca autonomía con respecto a estas élites.

Las crisis en curso representan brechas en el sistema político por donde las clases oprimidas y explotadas pueden colarse y adelantar sus propias demandas democráticas y sociales. Los socialistas revolucionarios centroamericanos debemos estar prestos a incidir en ellas para impulsar opciones de clase que fortalezcan al movimiento campesino, trabajador y popular.