En Panamá existe un juicio penal contra el expresidente Ricardo Martinelli y varios de sus ministros ya están encarcelados. En Honduras se vive un clima de agitación política con las “marchas de las antorchas”, el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) maniobra asestando golpes a carteles locales y amenazando con la cárcel a ex funcionarios de gobiernos liberales. Y en Guatemala, el caso más emblemático, la denuncia de la CICIG desató movilizaciones populares que obligaron a renunciar a la vicepresidente Roxana Baldetti, y tiene con un antejuicio en el Congreso Nacional al presidente Otto Pérez Molina.

En nuestros países la corrupción es un mal estructural, enraizado en la sociedad, que se agrava con el funcionamiento de un atrasado sistema capitalista semicolonial. En todos estos procesos de lucha contra la corrupción, además de los hipócritas discursos altisonantes y el desgarramiento de las vestiduras en público, siempre observamos detrás, agazapada, a un sector de la burguesía peleando contra otro, luchando por el control del presupuesto y del aparato del Estado. Esta es la manzana de la discordia, el origen de todos los pleitos: el uso de los fondos del presupuesto y de los contratos del Estado para iniciar o consolidar la acumulación capitalista.

En el último periodo de ofensiva neoliberal, iniciado después de la derrota de la revolución centroamericana, quienes han impulsado la lucha contra la corrupción y por la llamada “transparencia” son nada menos que los imperialismos norteamericano y europeo, quienes condicionan los préstamos en aras de aplicar programas que combatan la corrupción. Todos los préstamos de la AID y de la Unión Europea (UE), por ejemplo, siempre llevan esa condicionante. Incluso, la lucha contra el crimen organizado, también está condicionada.

Y esto, como siempre, tiene una explicación material: las empresas transnacionales tienen superioridad financiera y tecnológica, pero en el proceso de copar los mercados de los países atrasados, encuentran resistencia en las camarillas de la burguesía emergente, quienes desde el control del gobierno y del Estado pelean con las uñas un espacio dentro de la economía. Por eso los imperialismos quieren transparencia y exigen respeto al llamado Estado de Derecho.

Evidentemente, no defendemos a las corruptas mafias o camarillas enquistadas en los aparatos del Estado de los países de Centroamérica, solamente nos limitamos a describir lo que ocurre tras bastidores.

Ahora bien, las masas populares y la clase media, perciben el problema de otra manera. Se indignan justamente contra el latrocinio permanente de los escasos recursos del Estado que son utilizados por los gobernantes de turno, y los sectores de la burguesía que estos representan, para iniciar o consolidar escandalosos procesos de acumulación originaria de capital, mientras aumenta la miseria de los más pobres y se cierran las anteriores abismales diferencias entre la clase media y la clase trabajadora.

Saludamos las movilizaciones populares contra los gobiernos de turno, pero alertamos sobre quiénes se encuentran detrás. Son los mismos lobos vestidos con piel de cordero blanco.

La única forma de acabar contra la corrupción es implementando el control de los trabajadores y sectores populares, sobre el presupuesto, los gastos en los ministerios e instituciones del Estado, vigilando también a las empresas privadas que son las que firman los contratos fantasmas para saquear las instituciones públicas.