Ante el estallido de indignación popular y la oleada de movilización popular que generaron las denuncias, el gobierno de los Estados Unidos, a través del embajador Todd Robinson, como la cúpula empresarial del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), intervinieron rápidamente para evitar un desbordamiento de las masas. Prefirieron sacrificar a la vicepresidenta Baldetti, abandonándola a su suerte, a cambio que el presidente Pérez Molina colaborase en una transición ordenada, tomando en consideración que este era prácticamente el último año de su gobierno. El acuerdo tácito era que Pérez Molina no sería enjuiciado si colaboraba con la reforma democrática.

El plan del imperialismo norteamericano y de los empresarios del CACIF era maquiavélicamente simple: las denuncias de la CICIG abrían el campo para realizar un conjunto de reformas políticas e institucionales que permitiesen desmantelar las redes de corrupción que sangran las finanzas del Estado, y encauzando el descontento de la clase media hacia una salida electoral, para realizar un pacífico recambio de gobierno.

Por ello fue que los grupos de poder crearon un falso ambiente de cambio (denuncias, arrestos, procesos judiciales, propuestas legislativas, etc.) que ayudó a disipar temporalmente la cólera popular, provocando la disminución de las movilizaciones hasta llegar casi a cero en los meses posteriores a la crisis de Mayo.

Pero los intereses económicos de las mafias enquistadas en el aparato del Estado son poderosos. La organización llamada “la Línea” no es nueva, tiene varias décadas: se originó en los gobiernos militares, sobrevivió a los Acuerdos de Paz de 1996. Es una estructura criminal de larga data, siendo Pérez Molina uno de sus últimos administradores.

Las tímidas propuestas de reforma electoral de la Universidad de San Carlos (USAC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron bloqueadas por el statu quo que domina el Congreso de Guatemala. Los partidos políticos, entre los que podemos mencionar al gobernante Partido Patriota (PP), a Libertad Democrática Renovada (LIDER) y algunos otros partidos satélites, dejaron a un lado sus diferencias y cerraron filas en la defensa del statu quo y del corrupto presidente Molina, bloqueando el paquete de reformas electorales e institucionales.

Las tensiones entre las fracciones de la burguesía guatemalteca están al rojo vivo. Los planes de reacción democrática están paralizados por la resistencia camuflada de Pérez Molina. Al grado que el embajador Todd Robinson intervino abiertamente presionando a los partidos del Congreso, para que aprueben el plan de reformas, llamando a los manifestantes a hacer lo mismo: “Los manifestantes tienen que enfocarse en el Congreso, porque ellos tienen que hacer su trabajo“. En su cuenta de Twitter, Robinson escribió. “Espero que el Congreso aprueba todas las reformas institucionales importante antes de las elecciones. Es lo menos que puede hacer para responder a las exigencias de la sociedad guatemalteca. NO debe ser rehén de juegos políticos habituales que hemos visto en el pasado”.

Pero las presiones del embajador Robinson no dieron el resultado esperado. Las elecciones serán el próximo 6 de septiembre, y todo sigue igual, menos una cosa: existe una indignación generalizada entre la población, y ya nada volverá a ser igual.

Guatemala vive, sin lugar a dudas, una situación prerrevolucionaria, caracterizada por una radicalización de la clase media, que protesta en las principales ciudades, contra el corrupto gobierno de Pérez Molina. La burguesía está dividida y enfrentada entre sí. Un gobierno que se cae a pedazos, ya casi no hay ministros en el gabinete fantasmal de Pérez Molina. La Iglesia Católica, el CACIF y muchas otras fuerzas han pedido su renuncia inmediata. Todo indica que Pérez Molina tiene las horas contadas. Todos se reagrupan contra Pérez Molina para evitar un estallido revolucionario.

La renuencia de Pérez Molina a renunciar, ha generado una oleada de movilizaciones, que no dudamos seguirán produciendo, aun después de las inciertas elecciones del 6 de septiembre. Por ello, ahora más que nunca, llamamos a los sindicatos, centrales obreras y campesinas, organizaciones indígenas, de mujeres y jóvenes, a cerrar filas y convocar a un gran paro nacional para echar a Pérez Molina del gobierno.