La privatización del sistema de pensiones fue una gran maniobra para apoderarse de los ahorros generados por la clase trabajadora. Las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) son las instituciones que más beneficios financieros han obtenido son, destacándose entre ellas AFP-CRECER (fusión de fusión de AFP: Máxima, Previsión y Porvenir) y AFP-CONFÍA. Desde 1998 hasta 2014, estas AFP han obtenido en promedio de utilidades anuales más de $7 millones, especulando con el dinero de los trabajadores.

Bajo el gobierno de Tony Saca, al no poder continuar pagando las pensiones de los jubilados del antiguo sistema bajo control del Estado, se creó la figura de los Certificados de Inversión Provisional (CIP), los cuales permitieron al gobierno disponer o apropiarse del 30% de los ahorros de los trabajadores que se encontraban en manos de las AFP.

Bajo el primer gobierno del FMLN, bajo la presidencia de Mauricio Funes, ese porcentaje paso del 30% al 45 %, pagando los intereses a una tasa del 1.5 %. Esta baja rentabilidad de los fondos de los trabajadores viene desde los gobiernos anteriores. Ha sido una constante que los gobiernos de turno utilizan los fondos de las pensiones para financiar sus gastos y el déficit fiscal. En una maniobra política, los magistrados de la Sala de lo Constitucional –que han dictado varias sentencias contra los dos gobiernos del FMLN—ordenó a la Asamblea Legislativa “revisar la manera en que es fijado el interés que se paga por usar los ahorros de los trabajadores y además establecer una modalidad que permita que ese dinero gane un interés mayor…”.

Bajo el gobierno de Sanchez Cerén, la insostenibilidad del sistema de pensiones se agudizó, porque es la otra cara del déficit fiscal, que asfixia al gobierno. Por ello el gobierno del FMLN impulsa una reforma al sistema de pensiones, generando reacciones tanto de los empresarios, como de los principales perjudicados, los trabajadores.

La propuesta presentada por el gobierno del FMLN consiste en la conformación de un sistema mixto de pensiones, según el cual aquellos trabajadores que ganen dos salarios mínimos o menos pasen a un sistema público. Y quienes ganen más de esto cotizarían el equivalente a dos salarios mínimos en el sistema de pensiones público,   y el resto, en el sistema privado de cuentas individuales. Desde la óptica del gobierno con estas reformas que han propuesto se busca asegurar que el Estado tenga los recursos para garantizar el pago de las pensiones de los trabajadores que se jubilen.

Las propuestas del gobierno del FMLN han despertado la voracidad de Los empresarios de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Las AFP quieren ahora mejorar la rentabilidad de los fondos que manejan y que suman la cantidad de $ 8, 637.02 millones de dólares. La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) propone el aumento de cotización a los 30 años, y subir la edad de jubilación a los 65 años para hombres y mujeres. La caja de pandora abierta nos muestra una ofensiva de las AFP para máxima sus ganancias, por el rol de especulares financieros con los fondos de los trabajadores

Desde el Partido Socialista centroamericano (PSOCA) consideramos que la privatización del sistema de pensiones ha sido una carga para el Estado y un robo para la clase trabajadora. Los únicos beneficiarios han sido los dueños de las AFP. Llamamos a los sindicatos y centrales obreras a luchar unidos con una consigna central como es la renacionalización del sistema de pensiones, cuyos fondos deben ser administrados y controlados por los sindicatos.

El gobierno de turno no puede utilizar los fondos de los trabajadores como caja de financiamiento del Estado. Debe mejorarse al máximo la rentabilidad de los fondos de pensiones, para garantizar pensiones dignas, pero esto solo se podrá lograr con el ojo vigilante de las organizaciones obreras, las únicas que pueden garantizar que el dinero no es esfume en una acción de especulación financiera.

Rechazamos las propuestas de elevar la edad de jubilación a 65 años y aumentar a 30 años de cotización. Los socialistas centroamericanos consideramos que es una obligación del Estado garantizar pensiones dignas, y apoyo especial para aquellos que no lograron reunir los requisitos para una jubilación digna.