En 1954, en el marco de la bonanza capitalista de postguerra, fue aprobado el Decreto No 1263, conocido como Ley de Seguridad Social que creó el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS) e instauró el sistema de seguridad basado en los aportes de tres sectores: Estado, patrones y trabajadores. Este era el clásico sistema tripartito de la Seguridad Social a nivel mundial. El sistema de seguridad social era integral y contemplaba no solo las jubilaciones sino también la atención médica y hospitalaria de los asegurados y sus familias.

Pero en 1996, bajo la administración de Armando Calderón Sol, dentro de la ofensiva neoliberal en Centroamérica, se aprobó Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), iniciándose la privatización del sistema de pensiones, debilitando con ello las finanzas del ISSS.

Se vertieron todo tipo de argumentos para justificar la privatización de los fondos de pensiones, el principal era que el Estado era mal administrador. Con la SAP, los fondos del ISSS fueron administrados por grupos privados que de un solo golpe llegaron a tener miles de millones de dólares para sus operaciones de especulación financiera.

Con el nuevo sistema de pensiones privatizadas, los empleadores y trabajadores continuaron cotizando, pero el Estado, el gran empleador, dejó de aportar a ese sistema (aunque la SAP toma al Estado como empleador). El objetivo central era eliminar la responsabilidad del Estado en la seguridad social, disminuir las aportaciones de los empleadores y convertir las pensiones en cuentas de ahorro. Con el sistema tripartito, las aportaciones variaban según el tipo de cobertura, con la SAP ahora los empleadores aportan de manera fija el 4.05% y el trabajador aporta el 6.25% del ingreso base de cotización. El único compromiso de las AFP es obtener una “rentabilidad mínima” del dinero de las cuentas de ahorro, pero al no quedar estipulado en la ley, se convierte en papel mojado y en un gran negocio jinetear el dinero de los trabajadores.

Ahora que el sistema de pensiones privatizadas está a punto de colapsar, el gobierno del FMLN quiere poner un parche con su propuesta de crear un sistema mixto: quienes tengan salarios equivalentes a dos salarios mínimos (en total US$ 500 dólares) cotizaran al sistema estatal, el resto continuara cotizando a las actuales Administradoras de Fondos de pensiones (AFP), que son instituciones privadas.

En el fondo, se mantendría el mismo sistema de pensiones privatizado, pero el gobierno dispondría de unos $5,500 millones en efectivo, dinero líquido, pertenecientes a las cuentas de ahorro de los trabajadores. Lo que no dice el gobierno del FMLN como va a garantizar el pago de las futuras pensiones de quienes migren al sistema mixto.

Esta maniobra financiera ha sido criticada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) por que le quita fondos a las AFP, pero no porque defiendan a los trabajadores.

Uno de los aspectos más negativos de la privatización de 1996 fue que la SAP no contempla atención médica hospitalaria para los jubilados, quienes deben cotizar al ISSS si quieren gozar de ese beneficio.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a las centrales obreras, sindicatos del sector público y privado, a cerrar filas contra la propuesta de creación del sistema mixto, porque mantiene la privatización del sistema de pensiones. Es hora de regresar al sistema tripartito de seguridad social, pero esta vez bajo control de los trabajadores, para garantizar pensiones justas y atención médica y hospitalaria a los jubilados y sus familias. Es hora de derogar la SAP, fortalecer el ISSS, y acabar con la privatización de 1996. El Estado y la patronal deben subir sus aportaciones al sistema de seguridad social.