Sospechosa privatización de servicios en las universidades púbicas de Centroamérica
La Universidad de San Carlos (USAC) de Guatemala es el centro de estudios superiores más grande, con más de 210 mil estudiantes en 2018, y el más longevo de la patria centroamericana. La semana pasada se percibieron cambios importantes encaminados a parecer como simples mudanzas cosméticas. La actual administración encabezada por el mafioso rector Murphy Olympo Paiz, flanqueada por los integrantes oportunistas del Consejo Superior Universitario (CSU), está tratando por medio de obra gris, implementar un mágico plan de seguridad diseñado por el Ministerio de Gobernación. En realidad, el rector no pretende luchar contra la delincuencia sino acosar sistemáticamente a vendedores formales e informales para remplazarlos por cadenas de comida rápida, que aportarían las respectivas coimas, al mismo tiempo que terceriza el trabajo de los que hasta ahora están encargados de la vigilancia y la seguridad en la USAC.
La maniobra de los neoliberales agentes que han sido colocados al frente de la administración de la USAC, la única universidad pública de Guatemala, no es otra que terminar el proceso de privatización de importantes servicios iniciado en las dos administraciones anteriores: el ex-rector Estuardo Gálvez y el que fue a su vez su secretario, el también ex rector a posteriori Carlos Alvarado Cerezo. Cerezo. Murphy es solo la última ficha neoliberal que busca trastornar el ya demacrado derecho a la educación de las clases populares, volviéndolo un privilegio elitista, solo asequible a los sectores acomodados que puedan pagárselo.
Pero no seriamos coherentes, sino viéramos detrás de esta última ola privatizadora de la USAC, la catástrofe crónica de los pequeños Estados nacionales de Centroamérica. El mismo síntoma se vive en otro centro educativo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde empresas privadas de vigilancia comienzan a controlar el acceso de estudiantes y personas. Con la misma excusa utilizada en la USAC, plantean combatir la supuesta ineficiencia de la misma burocracia pública. Estos sectores se rasgan las vestiduras y denuncian demagógicamente la existencia de una burocracia bien pagada que ha robado y mal administrado el dinero de la ciudadanía, para después promover la venta de vitales servicios dentro de las universidades públicas, de la cual ellos sacaran jugosos beneficios personales.
En el mes de marzo del año en curso, en la Universidad de El Salvador (UES) también se puso en marcha un plan de control del ingreso de estudiantes, mediante la presentación del Documento Único Estudiantil (DUE). Se ha montado un plan de videovigilancia que es controlado y organizado por empresas privadas, que actúan siempre bajo la cobertura ilegal de la tercerización.
En Nicaragua, después de la brutal masacre estudiantil del 2018, empresas privadas controlan los accesos de ingreso de estudiantes y personas, por medio de empresas privadas de vigilancia cuyos dueños son allegados a la dictadura.
En el caso de la USAC, la comunidad sancarlista no ha percibido claramente los objetivos de esta privatización que hemos denunciando, sino hasta cuando esta se ha hecho tangible y concreta en la realidad; la implementación de un sistema de seguridad carcelario que, al igual que en la UNAH, tiene como eje la implementación de molinetes de acceso para controlar el paso de quienes pueden entrar a la USAC, contraviniendo el mandato constitucional de esta casa de estudios, como un lugar establecido para el libre desenvolvimiento cultural, deportivo y académico, no solo de los estudiantes matriculados, sino de la población en general.
En ambos casos, en la USAC y la UNAH, los molinetes de acceso se describen como la solución mágica a la inseguridad que las mismas administraciones han promovido, financiando y tolerando a grupos de choque a su servicio, para reprimir los movimientos estudiantiles independientes, alejados de los intereses de la educación pública. Se usa el fantasma de esa inseguridad, financiada y sostenida por ellos, para calar en la mentalidad de los estudiantes de clase media que asisten a las a universidades, promoviendo un sentir elitista de la educación, alejándola finalmente de su razón de ser, que no es otra que la de instruir a los grandes sectores de la sociedad, a los hijos e hijas de las masas populares.
El caso de la USAC es paradigmático, mientras se usa la carta demagógica del plan de seguridad, no se dice nada de los llamados chupaderos que ilegalmente son un foco de violencia a las puertas de dicha universidad, donde los criminales agreden a estudiantes, acosan a las compañeras y controlan el crimen organizado dentro de la USAC.
Nadie puede estar en contra de efectivos planes de seguridad en las universidades públicas, pero estos deben ser integrales, diseñados y pensados desde el gobierno tripartito (docentes, decanos y estudiantes), así como de los sindicatos de trabajadores de la USAC, UNAH, UES y UNAN. Esta puede ser una solución general al problema del crimen organizado que se esconden en todas las universidades públicas de Centroamérica.