En los últimos años hemos podido presenciar luchas denodadas de los trabajadores costarricenses, especialmente del sector público, con alto nivel de organización sindical y ricas tradiciones de lucha, peleando como gato panza arriba, para defender sus cada vez más precarios niveles de vida y de consumo.

Uno de los sectores más explotados y afectados por la crisis económica, son los trabajadores del sector privado, a quienes se las ha negado en los hechos la posibilidad de organizarse en sindicatos. La patronal costarricense, que no tiene nada de democrática, mantiene una brutal dictadura dentro de sus empresas.

La precariedad de los empleos y salarios en Costa Rica ya es una constante. En la última década, la agenda política en Costa Rica ha girado en torno a la abultada deuda externa e interna y a la irresoluta crisis fiscal que carcome al Estado. La crisis del bipartidismo en Costa Rica fue una consecuencia directa de esta crisis económica y fiscal.

La mayoría del pueblo costarricense rechazó con su voto a los gobiernos del Partido Liberación Nacional (PLN) o del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y terminó buscando la salvación en el emergente Partido Acción Ciudadana (PAC), pero la medicina parece haber salido peor que la enfermedad. Las dos últimas administraciones, en manos del PAC, han continuado reproduciendo una brutal campaña de desprestigio y de ataques contra los sindicatos del sector público, especialmente en salud y educación.

Esta campaña, encabezada por la maquinaria ideológica reaccionaria del diario La Nación, y por los patrones de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) tiene un eje de ataque: echarles la culpa a los trabajadores del sector público porque supuestamente la mayor parte de los gastos se va en salarios y pluses. En cierta medida, tienen razón, pero solo en una pequeña parte. Obviamente, el nivel de vida tiene que ver con los ingresos salariales. Hasta ahí le damos la razón. Por lo demás, no la tienen, porque el origen de la crisis fiscal, no son los necesarios gastos sociales, sino el hecho que los empresarios de UCCAEP no pagan los impuestos conforme sus ganancias.

Y la campaña contra los sindicatos tiene nombre y apellidos: atacar el derecho a huelga, y a la negociación colectiva. El año pasado, el gobierno de Carlos Alvarado tuvo que soportar una gloriosa huelga de más de dos meses de trabajadores del sector público, que luchaba contra el Combo Fiscal. Al final, después de tanta lucha, los planes del gobierno se impusieron parcialmente, no por falta de lucha de los trabajadores, sino porque a las dirigencias sindicales les tembló el pulso para extender la lucha a nivel nacional, es decir, incorporar a nuevos sectores sociales, como son los trabajadores del sector privado, organizando y convocando a una huelga general.

En junio de este año, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se unió a sectores populares, y con métodos de lucha que implicaron bloqueos de carreteras, obligó al gobierno de Alvarado a sentarse a negociar. Imaginemos lo que se hubiera logrado durante la huelga general del sector público, si las dirigencias sindicales hubiesen tenido otra actitud.

Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el proyecto de Ley No 21,049 que pretende reformar varios los artículos del Código del Trabajo referidos al derecho de huelga a los trabajadores del sector público, introduciendo una serie de regulaciones que liquidarían la única herramienta que los trabajadores tienen para pelear sus derechos y defender sus conquistas. Esta es una pela crucial, si se impone la propuesta es el inicio de disolución de los sindicatos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la mas amplia unidad sindical para defender el derecho a huelga, convocando, si es preciso, a una gran huelga general de todos los trabajadores y sectores populares.