La migración es un fenómeno de la economía mundial: las relativamente boyantes economías imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), atraen a millones de personas que abandonan sus terruños, países y zonas geográficas que, como Centroamérica, han caído en la barbarie producto de la super explotación capitalista e imperialista.

Trump niega que Estados Unidos es una nación de migrantes, un verdadero mosaico de nacionalidades. A nivel interno en Estados Unidos, Trump libra una batalla legal contra jueces federales que, fieles a dos siglos de democracia burguesa, han paralizado sus intentos de restringir el derecho de asilo, uno de las conquistas de la democracia imperialista norteamericana. Persigue a los migrantes, separa a sus familias, alienta el supremacismo blanco con el objetivo de evitar que los hijos y nietos de migrantes anglosajones se conviertan en minoría, ante el crecimiento demográfico de los migrantes de origen latinoamericano y de otras nacionalidades.

A nivel externo, ha promovido acuerdos bilaterales con algunos países para convertir sus territorios en “tercer país seguro”, como una forma de evitar que los migrantes que pisan suelo norteamericano soliciten el asilo, conforme la legislación norteamericana. Este concepto de “tercer país seguro” deviene de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, del año 1951, que permite negar el derecho de asilo y trasladar a esa persona solicitante a otro país.

La administración Trump firmó con México un acuerdo que incluye, entre otros aspectos, que México será un tercer país seguro, pero ante la resistencia de Andrés Manuel López Obrador, Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos, y con ello Estados Unidos obtuvo una victoria casi total. Aunque Trump no ha podido construir el prometido muro en la frontera con México, logró que el gobierno de México instalara un muro militar con la recién creada Guardia Nacional (GN) en la frontera con Guatemala, reduciendo en pocas semanas el flujo migratorio a la mitad.

Después las presiones se trasladaron a Guatemala, donde el gobierno cipayo de Jimmy Morales, firmó un acuerdo de tercer país seguro, en relación a la migración proveniente de El Salvador y Honduras.

Recientemente, Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió con el presidente Bukele para lograr que El Salvador se convirtiera en otro “tercer país seguro”. Al final, no hubo necesidad porque Bukele se comprometió a frenar la migración salvadoreña, y detener a los migrantes de otras nacionalidades bajo la figura legal del combate a la “trata de personas”.

Las presiones de Trump han continuado sobre el gobierno de Honduras, aquejado y debilitado por los escándalos de corrupción y narcotráfico. A pesar que los medios de comunicación han informado que el gobierno de Juan Orlando Hernandez (JOH) firmó un acuerdo de tercer país seguro con la administración Trump, el canciller Lisandro Rosales ha desmentido la información, pero “cuando el rio suena, piedras trae”. El gobierno de Honduras, igual que el de El Salvador, se han comprometido a frenar la migración en sus propios países, y es casi seguro que ya aceptaron convertirse en tercer país seguro para los migrantes de otras nacionalidades.

Las presiones de Trump también tocaron al gobierno de Costa Rica, aunque este negó la necesidad de suscribir un acuerdo similar al de México o Guatemala. El único país que Trump no ha presionado, es a la dictadura Ortega-Murillo porque esta fue la primera en crear una muralla fronteriza contra la migración ilegal, hace más de tres años.

Trump ha utilizado la renovación del TPS como un mecanismo de presión contra los gobiernos cipayos de Centroamérica. La diplomacia de Trump está convirtiendo a todos los Estados de Centroamérica en verdugos de su propia población migrante y en carceleros de los migrantes de otras nacionalidades. Con ello, igual que el aprendiz de brujo, Trump está desatando fuerzas infernales que después no podrá controlar.