Esta “patrulla fronteriza” es una copia al carbón del modelo utilizado en Estados Unidos y que también ha aplicado el gobierno de México, con la recién creada Guardia Nacional (GN) que patrulla la frontera sur con Guatemala, y que logrado recudir el flujo migratorio en un 50%.

Inconforme con los magros resultados obtenidos, la administración Trump redobló las presiones sobre el gobierno cipayo de Bukele. Los resultados fueron casi instantáneos. El pasado 20 de septiembre, la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y Kevin McAleenan, secretario de Seguridad de los Estados Unidos, firmaron en Washington, Estados Unidos, otro acuerdo migratorio, mucho más profundo, por medio del cual el primero se compromete a recibir a los migrantes de otros países que soliciten asilo en Estados Unidos, y que la administración Trump enviaría a El Salvador, a la espera de una decisión que probablemente nunca llegará, o si llega es para negar el asilo.

En relación al tema, Mauricio Claver-Carone, asesor especial del presidente Donald Trump y director principal de división de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, dijo que “(…) Estos son Acuerdos de Cooperación de Asilo, son diferentes a los acuerdos de Tercer País Seguro, y son más limitados, con otros mecanismos, hay unas similitudes, pero son mucho más limitados que lo que se conocen como los Acuerdos de Tercer País Seguro” (Diario de Hoy 22/09/2019)

El concepto de “tercer país seguro” es utilizado por la administración Trump para enviar al limbo jurídico a millones de migrantes que logren vencer los obstáculos, pisar suelo de Estados Unidos y solicitar asilo, los que serían devueltos a “terceros países seguros”

Algo similar ocurrió a finales de agosto con el arrastrado gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) de Honduras, al firmar con Estados Unidos un Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo, cuyo principal objetivo es recibir a los nacionales de Cuba y Nicaragua que soliciten asilo en Estados Unidos.

La ofensiva de Trump contra la migración no tiene límites. De hecho, ya logró arrodillar a México y a los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Trump no necesita firmar convenio con la dictadura Ortega-Murillo, porque desde hace tres años de manera oficiosa detiene a los migrantes en la frontera con Costa Rica. Quizá a esto se debe la tolerancia critica de Trump hacia Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A cada uno de estos gobiernos, Trump les asignó roles en relación a la nacionalidad de los migrantes. A estos gobiernos les corresponde contener su propia migración y servir como antesala al limbo, a quienes tengan que esperar una resolución de las cortes de migración norteamericanas. Trump está trabajando otros acuerdos migratorios de naturaleza parecida con países como Panamá, Colombia y Ecuador.

De la misma manera que Trump intenta desmantelar las tradiciones democráticas al interior de Estados Unidos, queriendo imponer el poder del presidente por encima del Congreso, como si fuese el emperador supremo, también está demoliendo el derecho de asilo, con la colaboración abyecta de todos los gobiernos de Centroamérica, unos por acciones otros por omisiones, en momentos en que la crisis económica mundial golpeará de manera inmisericorde a los países atrasados, especialmente a Centroamérica, cuyas débiles economías depende en alto grado de las remesas.

La migración es producto de las necesidades económicas. Centroamérica, al igual que otras zonas del mundo, está sumida en la decadencia y la barbarie, producto de la expoliación imperialista. Mientras los gobiernos de Centroamérica no garanticen un empleo con salario digno, defenderemos el derecho a migrar. Por lo tanto, debemos luchar contra los muros que Trump está construyendo en Centroamérica, y que implican una enorme restricción a nuestros derechos y conquistas democráticas.