CENTROAMÉRICA.- Reducidos paquetes de asistencia social y flexibilización laboral en medio de la pandemia
El anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la existencia de una pandemia por el coronavirus, ha activado un alerta mundial y regional sobre la posibilidad real del contagio, y de sus mortíferos efectos sobre las personas de la tercera y cuarta edad.
En los países desarrollados, como Italia, España, Inglaterra y Estados Unidos, solo para citar los ejemplos más relevantes, las extraordinarias medidas de cuarentena se han combinado con multimillonarios paquetes financieros para hacer frente a la peste, mitigar los efectos del cierre de puestos de trabajo, etc.
En Centroamérica, la situación es mucho más dramática. Nuestra región es asolada por la pobreza, la violencia y la decadencia generalizada. Después de décadas de aplicación de políticas neoliberales, los sistemas de salud pública y seguridad han sido parcialmente privatizados, y ninguno de los Estados tienen capacidad para hacer frente a la pandemia.
No obstante, los gobiernos de turno, con el pretexto de combatir al coronavirus, han aprovechado la situación para aplicar medidas económicas que perjudican a los trabajadores y las masas populares.
En Guatemala, mediante el Decreto Acuerdo Gubernativo No 5-2020., el presidente Giammattei declaró el Estado de Calamidad, estableciendo restricciones la libre movilidad, y cierta regulación de precios, el Congreso de la Republica, mediante el Decreto No 12-2020, entre otros aspectos, decretó una moratoria de tres meses para los créditos vencidos, pero también estableció que las dependencias del gobierno no atenderán incrementos salarias ni ningún beneficio laboral, al mismo tiempo que guardo silencio sobre el inminente cierre de empresas y pérdidas de empleo.
En El Salvador, el presidente Bukele dictó el estado de Emergencia Nacional, mediante el Decreto No 12-2020, el cual fue avalado por la Asamblea Legislativa, mediante el Decreto Legislativo No 593-2020, estableciendo agresivas medidas de cuarentena a nivel nacional, al mismo tiempo que ordenó un paquete de medidas para amortiguar los efectos de la parálisis económica: algunos sectores recibirán un bono de US$300 mientras dura la crisis, suspensión por tres meses del cobro de servicios públicos de electricidad, agua, teléfono, cable e internet, suspensión de cobro de alquileres y de créditos hipotecarios, de consumo, tarjetas o crédito de vehículo para personas o empresas afectadas por la pandemia. Sin embargo, el artículo 5 del Decreto Legislativo No 593-2020 estableció que las cuarentenas serán tratadas como incapacidades laborales, es decir, serán asumidas proporcionalmente por patrones y trabajadores. Pero también fue aprobada la Ley de Fomento y Regulación del Teletrabajo que legaliza la tercerización laboral, y debilita a las organizaciones sindicales.
En Honduras, la dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH) mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM-021-2020, estableció un Estado de Emergencia Sanitaria, una cuarentena parcial con toque de queda, pero el paquete de medidas económicas en realidad son los mismos programas de asistencia social, como la “Bolsa Solidaria” o paquetes de comida para los sectores más pobres. Anunció algunas prorrogas en los créditos vencidos, pero nada en concreto.
En Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo no ha adoptado ninguna medida significativa en relación al coronavirus, para no perjudicar su conflictiva relación con los empresarios.
En Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado decretó también una cuarentena nacional, una moratoria de tres meses al pago de impuestos de valor agregado (IVA), y algunas reducciones de interés bancario. La Asamblea Legislativa aprobó el expediente 21854, Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, que permite la flexibilización laboral, es decir, reducir, por tres meses prorrogables, hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo, con la correspondiente reducción salarial.
En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo decretó también el Estado de Emergencia y cuarentena parcial, flexibilización del pago de impuestos, tasas y gravámenes. Pero aprovechando las primeras noticias sobre el coronavirus, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley No 75 que legaliza el teletrabajo, es decir, que permite la tercerización de las relaciones laborales.
En pocas palabras, todos los gobiernos de la región han aprobado planes de asistencia social con endeudamiento que resultaran insuficientes para atender la salud de los más pobres, y el masivo desempleo que se avecina, pero han aprovechado el momento para aprobar leyes de flexibilización laboral, que benefician a los empresarios, cuando lo primordial es garantizar la salud y el empleo.