Hasta el momento, la estrategia que están aplicando los diferentes gobiernos, con la excepción de la dictadura Ortega-Murillo, es el “distanciamiento social”, obligando a decenas de miles de personas a esconderse en sus hogares, mientras el virus asesino merodea por el vecindario. Esta estrategia no está acompañada del soporte económico que las familias necesitan para atrincherarse en sus hogares,

¿Y cómo van a sostener sus familias, quienes no acudan a sus puestos de trabajo? Lo más lógico y sensato es que mientras las personas estén recluidas en sus hogares, tengan los recursos necesarios para comprar comida y pagar los servicios básicos de agua, energía, comunicaciones e internet.

Todos los gobiernos de la región, sin excepción, han adoptado planes que no contemplan el subsidio económico para los trabajadores, o la renta básica para quienes trabajan en la informalidad, y más bien han adoptado medidas legales para que la patronal pueda despedir trabajadores, sin mayores responsabilidades. Todos hablan de defender el empleo, pero en realidad están autorizando despidos y brutales recortes salariales para quienes quedan temporalmente trabajando

En Guatemala, utilizando el parapeto legal del “Estado de Calamidad Pública” decretado por el gobierno, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) publicó oficialmente el Acuerdo Ministerial 140-2020, que autoriza la suspensión temporal de contratos de trabajo. La recién aprobada Ley de Rescate Económico a las Familias establece un fondo de Q 2 mil millones para la protección del empleo, en las empresas privadas; estos fondos alcanzan para cubrir a unos 300 mil trabajadores, con un máximo de Q 75 diarios, es decir, Q 2,250 mensuales. Los tres salarios mínimos autorizados para este año oscilan entre los Q 2,831 y Q 3,075. Por tanto, el gobierno una vez más favorece a los empresarios, permitiéndoles suspender a sus trabajadores sin pagarles un centavo, mientras que recibirán un subsidio que apenas alcanzará para subsistir unos meses; además solamente cubre a una cuarta parte del total de trabajadores con empleo formal

En Honduras, amparándose en Decreto Ejecutivo Número PCM-021-2020, la patronal está utilizando los artículos 100 y 101 del Código del Trabajo, para iniciar despidos masivos en las maquilas y en otras empresas. El Congreso de Honduras acaba de aprobar el Decreto No 33-2020 que, con el subterfugio de conservar los empleos, otorga incentivos fiscales a las empresas. Este Decreto no obliga a los empresarios a conservar los puestos de trabajo, y pagar el respectivo salario de los trabajadores. En todo caso, los trabajadores que fueron despidos recibirán un “aportación solidaria temporal” de los fondos del Régimen de Aportación Privada (RAP), que es un fondo a favor de los trabajadores donde la patronal aporta el 1,5% del salario, y el trabajador otro 1,5%. En pocas palabras, el Congreso ha decidido usar el fondo de los trabajadores, sin mayores cargas para la patronal. Es importante recalcar que el Congreso ha autorizado a JOH para que adquiera deuda por 2,500 millones de dólares, aparte de los 874 millones de dólares que ya fueron autorizados para combatir la pandemia

En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que ordenaba que el salario de los trabajadores durante la cuarentena seria cargado a la seguridad social. Bukele emitió otro decreto ordenando que lo pagaran los empresarios, abriéndose un laberinto jurídico que deja a los trabajadores a merced de la interpretación de los patrones (¿y el pago de los meses de abril y mayo?), y también deja indefensos a los trabajadores ante los inminentes despidos por efectos de una larga cuarentena de tres meses

En Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo, a pesar que no ha decretado ninguna cuarentena, ha permitido que la patronal de zonas francas envié a la mitad de los trabajadores a sus casas, a “cuenta de vacaciones”. Siempre se le recarga al trabajador el peso de la crisis. El desempleo masivo es inminente.

En Costa Rica, la asamblea Legislativa aprobó una ley que permite reducir la jornada de trabajo, y con el salario. Pero los despidos han continuado: más de 100,000 trabajadores del sector servicios han perdido sus empleos.

La pandemia del coronavirus ya tiene sus primeras víctimas: los trabajadores y sus familias. Esta ola de despidos debilita aún más a los sindicatos y centrales obreras tradicionales. Nuevas formas de autoorganización obrera y popular deben surgir para defender la salud y la vida, el empleo y los salarios, y con ello garantizar la supervivencia de nuestras familias.