Bukele representa políticamente a sectores marginales de la burguesía emergente, que tiene fuertes contradicciones económicas con la oligarquía de las 14 familias que tradicionalmente han mantenido el poder y el control de la economía. En el fondo, es una lucha económica, con ribetes políticos, por los negocios entre los sectores emergentes y los sectores tradicionales.

El Salvador es el único país de Centroamérica en que las elecciones presidenciales no coinciden con las legislativas, PARLACEN y municipales. Bukele conquistó la presidencia, pero ha tenido que gobernar con la oposición de una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa que representan la antigua correlación de fuerzas antes de las elecciones del 2019.

Para gobernar Bukele ha impulsado un proyecto autoritario, de naturaleza bonapartista, es decir, un gobierno basado en la autoridad superior del presidente de la república, chocando constantemente con las instituciones que el bipartidismo creo en las décadas anteriores. Bukele ha atacado y acosado a la prensa independiente, provocando la protesta de Estados Unidos.

Pero Bukele no solo ha chocado con las sentencias de la Sala Constitucional, sino también con la resistencia los diputados de la Asamblea Legislativa que quieren mantenerlo a mecate corto, más la hostilidad de los grupos económicos agrupados en la poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La manzana de la discordia ha sido, no solo la defensa de la democracia contra el autoritarismo presidencial, sino el manejo discrecional de miles de millones de dólares, producto del endeudamiento, para combatir la pandemia. El grupo de Bukele ha querido fortalecer a sus empresas, mientras los otros grupos forcejean por tener acceso al gasto de esos fondos.

Para consolidar su proyecto bonapartista, Bukele necesita urgentemente controlar la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa. Y esta oportunidad se abre con las elecciones legislativas, de PARLACEN y municipales de febrero del 2021. El futuro del proyecto bonapartista de Bukele depende de estas próximas elecciones.

Desde septiembre, Bukele ha sacado a relucir una nueva e inesperada arma política: la reforma constitucional. Conan Castro, secretario jurídico de Bukele, ha declarado que con la propuesta de reforma constitucional pretenden hacer “cambios estructurales”. Bukele, que no tiene iniciativa para reformar la Constitución, ha creado una comisión con diputados de diversas bancadas para elaborar dicha propuesta de reforma constitucional.

La Constitución de 1983, aprobada en plena guerra civil, puede ser reformada por una mayoría simple de diputados (mitad más uno) pero la reforma debe ser ratificada por la siguiente legislatura por una votación de dos tercios. Una tarea nada fácil.

En el documento titulado “Jornada de reflexión constitucional” la reforma constitucional pretende “revisar el sistema electoral (autoridades electorales, ciclos electorales, plazos de los mandatos, plazos para las campañas electorales, sistemas de representación, cuerpo electoral), las instituciones de la democracia directa: referendo, plebiscito, iniciativas ciudadanas y revocatoria de mandato”. También contempla la creación de un Tribunal Constitucional que asuma las funciones de la actual Sala Constitucional.

Agitando las banderas de la democracia, Bukele pretende romper el viejo orden en crisis, y consolidar un bonapartismo que le permita más adelante la reelección presidencial, para imponer su propia dictadura.

El pueblo salvadoreño anhela cambios desde hace mucho tiempo, por eso confiaron primero en el FMLN, y ahora en Bukele. Sin embargo, nuevamente observamos las maniobras políticas de Bukele al pretender manipular estas aspiraciones democráticas, haciéndole creer al pueblo salvadoreño que necesita ganar las próximas elecciones legislativa y municipales, para desplazar a los corruptos diputados del bipartidismo, para imponer los cambios que se han retardado desde los Acuerdos de Paz en 1992.

No debemos confundirnos. La única manera de implementar efectivos cambios estructurales que beneficien a la mayoría del pueblo, es por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, libre y democrática, que reorganice el Estado en beneficio de los trabajadores y las masas populares.