CENTROAMÉRICA.- Los planes de reconstrucción deben ser controlados por los damnificados
Con un saldo de 250 muertes registradas en Centroamérica y el sur de México y una estela de destrucción paso la tormenta tropical Eta, la cual tomó rumbo hacia Jamaica, Cuba y Estados Unidos, degradándose en el sur de la Florida, alcanzando hasta 240 kilómetros por hora.
El errático fenómeno es considerado como uno de los más potentes en los últimos años y comparado solo con el huracán Mitch que asoló a la región en 1998. Es resultado de los efectos que produce el cambio climático, lo cual debido al calentamiento de las corrientes marinas genera estos fenómenos ciclónicos con una capacidad destructiva. Asistiremos en los últimos 20 años a este tipo de eventos en toda la región del Caribe, Centroamérica y el Golfo de México, que se alimentan de las vulnerabilidades existentes producto de un modelo neo-colonial de desarrollo.
En el caso de Eta en Centroamérica, la peor parte la llevó Guatemala, dejando entre 150 muertos o desaparecidos y el soterramiento de la aldea Quejá en el departamento de Alta Verapaz. Sin embargo, se registraron muertes o desaparecidos, 57 en Honduras, dos en Nicaragua, dos en Costa Rica, uno en El Salvador y 17 en Panamá; por otra parte, Nicaragua registró cinco mil personas afectadas, en Honduras fueron 26 mil 795 residentes y 1, 700 en El Salvador. Ciudades como Bilwi en la Región Autónoma Caribeña en Nicaragua quedó incomunicada y anegada, lo mismo sufrieron ciudades como Tela y San Pedro Sula en Honduras y en menor medida Cobán en Guatemala.
La región más afectada en el territorio centroamericano en su mayoría está habitada por población indígena y afro-descendiente. Por ejemplo, en Guatemala y Nicaragua, con los mayores índices de pobreza y menor acceso a servicios básicos, estos territorios a su vez están concebidos para el aprovechamiento de los recursos naturales de las grandes trasnacionales. Mientras que, en Honduras, si bien la configuración de su desarrollo capitalista, históricamente se ha orientado hacia el Caribe, la desigualdad y exclusión hacia garífunas, indígenas, mestizos y clase trabajadora en general, es evidente.
Los distintos gobiernos de los países y políticos de turno, aprovechando la situación han hecho demagogia y han reaccionado tarde como es usual, llevando ayuda acopiada por la población y organizaciones, como en el caso de Alejandro Giammattei saludando con sombrero ajeno, o aduciendo haber actuado con antelación como el caso de Juan Orlando Hernández o Daniel Ortega. Y también está el caso de Nayib Bukele, quien envió “por iniciativa propia” ayuda a sus vecinos de Guatemala y Honduras, así como más 240 rescatistas. Obviamente, esta ayuda en momentos difíciles es bien recibida por la población damnificada, pero la manipulación política es despreciable, porque son recursos públicos del pueblo salvadoreño, no salieron del bolsillo de Bukele.
En materia de gestión de riesgos, las instituciones relacionadas al tema en el Sistema Integración Centroamericana son deficientes, por un lado; por el otro el Parlamento Centroamericano no tiene la capacidad de fiscalizar su funcionamiento y los programas que se ejecutan se quedan en discusiones, pero no existen proyectos para fortalecer estas capacidades y eso ha sido evidente en el cómo se ha actuado en materia de la pandemia del COVID-19.
Lo cierto es que, con Estados débiles, sin capacidad fiscal de atender las vulnerabilidades sociales y ecológicas, producto de políticas neoliberales de reducción de lo público y más con los efectos del cambio climáticos, estamos en una de las regiones más propensas a ser afectadas, debido a su geología y su ubicación geográfica entre dos océanos; se vuelve entonces un terreno de desastres continuos.
Como otras ocasiones, vendrán los recursos de los donantes, de las potencias imperialistas y nuevamente los gobiernos harán feria con esto. Por eso exigimos que la reconstrucción y el manejo de la ayuda sea controlado por organizaciones populares, comunitarias y locales.